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» Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 05/ene/2006 de La Auténtica Defensa.

UN FIN DE AÑO SIN ESPACIOS PARA EL DIÁLOGO
Especial por Marisa Alvarez




Buenos Aires (Especial para NA, por Marisa Alvarez) -- El 2005 terminó al ritmo -frenético puertas adentro de la Legislatura y cargado de tensiones e impotencia afuera del Palacio-, que marcó la aprobación de una cantidad innumerable de leyes en la Provincia, algunas de las cuales dejaron en el camino síntomas preocupantes acerca de la predisposición y la capacidad del Ejecutivo y la Legislatura para el diálogo y la atención de inquietudes lícitas de los gobernados.

Las normas aprobadas en las últimas dos semanas fueron tantas y salieron tan a borbotones que resultó una tarea ardua tener noticias de todas y más difícil aún conocer su detallado contenido. Pero de cualquier manera dos alcanzaron a trascender -aún antes de ser sancionadas- como para encender luces de alerta: el desparejo aumento del Inmobiliario Rural, que trajo bajo el brazo una reducción de los fondos para los municipios, y los superpoderes concedidos a Rentas.

Está claro que la política de ingresos de un Estado, y por lo tanto el capítulo impositivo, no es en principio una cuestión plebiscitable. Compatibilizar las pretensiones de los contribuyentes con las necesidades de la Administración pública sería más que imposible. Para éso existe el doble mecanismo institucional, el Ejecutivo propone esa política y las cámaras legislativas la aprueban, con o sin correcciones según su entender (según, al menos, el capítulo de la Constitución referido a la división e incumbencias de los Poderes).

Con todo, dadas las particularidades del aumento del Inmobiliario Rural definido en esta oportunidad por el Ejecutivo -niveles diferenciados por regiones para las subas, en una brecha tan amplia como la que va del cero al 120%, y el cambio en el reparto de la recaudación en detrimento de las comunas-, bien se podría haber habilitado un espacio en el que intendentes y productores pudieran plantear variantes (nadie, seriamente, impulsaba aumento general "cero") que podrían, al menos, haber sido escuchadas.

EL BACHE

De cualquier modo, aunque quede la sensación de que el diálogo no le habría hecho mal a nadie, en un contexto financiero complicado como el que afrontará el Estado bonaerense el año próximo, la dureza del Ejecutivo para imponer la política impositiva por él diseñada aparece como entendible.

Las cuentas que el gobernador Solá hizo para el 2006 no cierran. Con gastos que, para la mayoría de los ministerios y reparticiones no contemplan no sólo aumentos de sueldos sino ni siquiera la gravitación que tendrá la inflación sobre costos de servicios y prestaciones, y recursos que incluyen los polémicos incrementos del Inmobiliario Rural, el cálculo verifica aún un déficit de 2.500 millones de pesos.

Semejante bache sólo podrá superarse si el gobierno de Kirchner le presta ese dinero a la Provincia; situación que genera atendible inquietud en la Gobernación: ese monto supera largamente la asistencia financiera que la Nación puede, en el marco de normas y mecanismos vigentes, darle a la provincia. Dicho de otro modo, sólo una negociación política -con todo lo que implica-, de la que surja un esquema financiero "por afuera" del sistema vigente, le permitirá a la Provincia encontrarse con esos 2.500 millones.

La que sí resulta nítidamente preocupante es la reacción del gobierno frente a los cuestionamientos que generó la sanción de la ley que otorga a Rentas superpoderes para embargar bienes y cuentas y secuestrar autos sin previa intervención judicial, entre otras medidas discrecionales.

EL ARGUMENTO DE LA DESCALIFICACION

Es que no sólo no se escuchó a sectores profesionales y especialistas que advirtieron sobre la probable falla de base que podría tener esa norma: ser inconstitucional. Sumar poderes destinados a evitar la vía judicial que imponen las normas vigentes -como garantía de ecuanimidad para el ciudadano frente a la fuerza del Estado-, es en sí misma una tendencia peligrosa de parte del Estado.

Pero si además a los juristas que levantan voces de advertencia no se les da espacio para explicar sus posiciones a los funcionarios y legisladores, y encima se los descalifica desde el Poder, acusándolos de decir lo que dicen porque están empleados por virtuales delincuentes -los evasores "intencionales"-, se caerá en un agravio innecesario y, peor aún, en un intento de confundir a los que sigan la polémica.

Nadie desconoce en el gobierno provincial que los nuevos superpoderes de Rentas son, en términos jurídicos estrictos, por lo menos discutibles. Pero se optó por rechazar la discusión y transitar en cambio el camino de descalificar a quienes opinaron críticamente. Es posible que algunos de los especialistas que cuestionaron la norma tengan entre sus clientes empresas que adeuden impuestos o, aún, tengan vocación de evasores. Pero otros -magistrados, profesores universitarios, académicos- opinaron desde su leal y sincera comprensión del Derecho y las normas, y fueron sin embargo englobados en la descalificación.

LA LEY DICE LO QUE DICE

Por lo demás, desde la Gobernación y la subsecretaría de Ingresos Públicos que conduce Santiago Montoya se trató de contrarrestar las críticas con una fuerte campaña de instalación de que los superpoderes se utilizarán "sólo para los ricos y poderosos".

Eso no es, sin embargo, lo que dice la ley, cuyos términos nada, absolutamente nada, determinan acerca de que los embargos y demás medidas se aplicarán a algunos contribuyentes -con determinado capital-, y a otros no. No fija la norma ningún tipo de condiciones para la utilización de esas medidas. Y también pareció ser otro el espíritu de los funcionarios que impulsaron la ley: los legisladores subieron de 25.000 a 35.000 pesos el piso de la valuación de los autos que podrán ser secuestrados por Rentas.

Los términos de las leyes no pueden depender de la intención ni la voluntad -para su aplicación- de determinados funcionarios (Montoya en este caso) o gobernantes (Solá en esta ocasión). Las leyes disponen lo que disponen y superan a los instrumentadores coyunturales y sus intencionalidades. ¿Es muy de perogrullo? Si el gobierno bonaerense quiso y consiguió una ley que le otorga amplias facultades a Rentas, sin condicionantes de "riquezas" para aplicarlas, lo menos que puede hacer es asumirlo y reconocerlo.

RECAUDACION, GASTOS Y CALIDAD DE SERVICIOS

Los superpoderes de Rentas despertaron, por lo demás, una ola de interrogantes en los contribuyentes -reflejados sobre todo en los comentarios de oyentes de programas radiales- sobre la cantidad y calidad de los servicios que presta la Provincia costeados por la recaudación de impuestos, es decir, por los contribuyentes.

Puede no ser ajustado el planteo, porque la obligación de los ciudadanos de cumplir con el Fisco no puede estar de ninguna manera condicionada por la posterior utilización, mejor o peor, de los recursos. Es una obligación y punto. Pero la verdad es que las dudas no cayeron en los mejores días para responderlas. Por dos jornadas consecutivas, el viaje Mar del Plata-Constitución con los trenes del servicio ferroviario del

Estado bonaerense se convirtió en una pesadilla. Vagones que descarrilan, locomotoras que dejan de andar y trenes que quedan varados durante horas haciendo que un viaje de 400 kilómetros dure 12 o más horas, no son problemas nuevos, pero parecen haberse agudizado este verano, pese a que el presupuesto de Ferrobaires aumentó de los 41 millones de pesos del año pasado a los 73 millones de este año.

LA CARRERA

El 2005, por otra parte, termina en la Provincia con indicios de que la pelea por la candidatura a gobernador para 2007 puede adelantarse fuertemente en el oficialismo.

La competencia ya abierta por esa postulación entre el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el ministro de Gobierno bonaerense, Florencio Randazzo, ya es indisimulable.

Hay otros dirigentes que, sin haber abierto totalmente el juego, también comenzaron a mirar con atención el proceso y sus eventuales posibilidades. En esa lista se anotan el titular del

Anses, Sergio Massa, y el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián.

Todos ellos saben, sin embargo, que la candidatura de Cristina Kirchner a la gobernación bonaerense ya está anotada como una

posibilidad firme en los proyectos de la Casa Rosada; una variante que no exige, necesariamente, que en ese caso Néstor Kirchner no sea al mismo tiempo candidato a la reelección.

Y todos ellos saben, también, que será el presidente Néstor Kirchner el que decidirá quién será, finalmente, el postulante


 
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