Buenos Aires (Especial para NA, por Marisa Alvarez) -En un fuerte clima de vacaciones que no cede en los ámbitos oficiales, los últimos días han marcado la instalación y consolidación de dos frentes de conflicto en el horizonte más cercano del gobierno bonaerense, impulsado desde el campo uno y desde las aulas el otro. Y en el medio, reaparecieron los "ruidos" en la relación entre la Casa Rosada y la Gobernación.
Lejos de ceder, la reacción del sector agropecuario en contra del aumento del impuesto Inmobiliario Rural bonaerense se ha ido consolidando a lo largo de enero. Las asambleas zonales de productores se intensificaron en la última semana, con climas, catarsis, opiniones y decisiones calcados.
Los ruralistas explicitan que ya vienen "saturados" por la magnitud y la persistencia de las retenciones a las exportaciones que aplica el gobierno nacional. Pero, por éso mismo -sostienen- el incremento del gravamen bonaerense -en particular por su intensidad en algunas regiones, donde llega al 120%- ha venido a desbordar el cuadro impositivo completo del sector.
Admiten, también, como un objetivo casi imposible que la administración provincial modifique su decisión. Pero se dicen resueltos a -al menos- hacer notar su rechazo. Y efectivamente, hasta donde puede verse, las próximas semanas mostrarán al campo protestando en la calle y en los estrados judiciales.
ASOMBRO Y ESTUPOR
El planteo de fondo de los productores refiere a una "falta de coordinación" de políticas entre la Nación y la Provincia. Y, más puntualmente, se inscribe en cierto asombro -y también una dosis de indignación- por la contradicción flagrante que creen encontrar entre las medidas que adopta el gobierno bonaerense y objetivos que se han convertido en capitales para la administración de Néstor Kirchner.
La pregunta que se hacen es: si las retenciones son y seguirán siendo -Felisa Miceli se los dijo hace cinco días- un pilar ineludible para el financiamiento del Estado nacional; y si el congelamiento de precios de los alimentos es ya una cuestión de Estado que maneja personalmente el Presidente, porqué la Provincia introduce un elemento fuertemente perturbador para el difícil equilibrio de ese esquema, como un aumento impositivo.
En rigor, obviamente el gobierno bonaerense no desconoce que la preocupación central del campo son las retenciones. Y a ellas decidió apuntar abiertamente en su pulseada con los productores. Pero la estrategia de "solidarizarse" con los ruralistas por el peso de ese tributo nacional, ponerse de su lado y prometerles "colaboración" en lo que denominó "la lucha" para lograr su eliminación (o al menos su reducción), ha tenido efectos catastróficos en el plano político.
En la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda causó estupor que un funcionario provincial aparezca en las asambleas de los productores hablando en nombre de Solá y prometiendo la "colaboración" del Gobernador para "combatir" las retenciones.
DUDA CRUEL
Y a los productores bonaerenses tampoco los conforma la jugada del gobierno provincial. "La solidaridad por las retenciones no nos sirve para nada; sabemos lo que significan para l administración nacional; y lo que pedimos es que, por lo menos, la Provincia no contribuya con una cuota propia a elevar la presión impositiva sobre nuestro sector", dicen.
En ese marco los dirigentes de las entidades ruralistas todavía se están preguntando para qué los convocó el propio Gobernador a una reunión, en la semana que pasó. No pueden creer que haya sido -como fue- para anunciar que rebajará la magnitud del aumento del Inmobiliario en tres distritos sobre el centenar alcanzado por la medida.
En la antesala, Solá había buscado hasta último momento llevar a la mesa con los ruralistas una propuesta más "generalizada". Pero las cuentas decían que, en ese caso, de la recaudación prevista por ese gravamen se caerían por lo menos 200 millones de pesos en el año.
La oferta fue al final lo que fue, logrando por cierto desconcertar a los productores. Y como "compensación" de las manos vacías con que al final fue a la reunión, el gobierno provincial puso en marcha el controvertido "plan de solidaridad" en contra de las retenciones.
EL FRENTE EDUCATIVO
El fuego que alimenta un eventual conflicto docente, en tanto, recibió una buena cuota de combustible en los últimos días, cuando la segunda reunión de los gremios con la nueva titular de Educación, Adriana Puiggrós, vino a confirmar que los sindicatos no cederán en su pretensión de obtener una mejora salarial, condicionando al logro de ese objetivo un comienzo efectivo de las clases en fecha, es decir, sin paros. Y vino a exponer también que el gobierno de Solá no tiene aún nada para ofrecer frente la demanda.
El muy probable conflicto docente es, en rigor, la preocupación más profunda de la administración bonaerense en este arranque de año. "Es ´el´ tema", repiten en despachos oficiales. Si algo quiere evitar el Gobierno es que el ciclo lectivo empiece con los maestros en paro. Pero si concede un aumento al sector -casi 400 mil docentes-, lo haría sobre dinero que no tiene y -está claro- pondrá en marcha un imparable engranaje de demandas salariales a lo largo y ancho de toda la geografía del aparato público provincial. Y en ese nudo aparece, otra vez, y nuevamente para enturbiarse, la relación con la Casa Rosada.
La ley nacional de financiamiento educativo les impone a las provincias un aumento sustancial del gasto en ese rubro, con una pauta tope -de cumplimiento escalonado- para el 2010, año en que ese gasto deberá representar el 6% del PBI. El incremento obligatorio incluye sueldos docentes e inversiones varias, prevé ya un aumento para este año y menciona una "colaboración" -no determinada en la norma- de la Nación para el alcance de esos objetivos.
Por eso, acorralado como está por el planteo de los maestros, el gobierno de Solá tiene ya los nervios deshechos ante la falta de señales sobre a cuánto ascendería esa "colaboración". Diplomáticos, algunos dicen que ésa es "una negociación pendiente" con la Nación. Otros reclaman que esa definición llegue ahora, para poder buscar un acuerdo con los docentes sobre una base de alguna consistencia.
Lo cierto es que las conversaciones con los docentes aparecen empantanadas, sin soluciones a la vista, como no sea la concesión de un aumento de sueldos sin saber de dónde saldrán los fondos necesarios para financiarlo y las cuentas cierren a fin de año, no ya -claro- las del capítulo educativo solamente, sino de todo el aparato público provincial.
SEÑALES DE MICELI
No fueron auspiciosas tampoco las últimas señales recibidas en la Gobernación para ese "cierre global". Frente a los 2.500 millones de pesos que la administración provincial espera que la Nación le preste, la ministra de Economía habría dejado saber que el techo del financiamiento nacional serían 2.000 millones, y "siempre y cuando lo ordene el Presidente"; gestión ésta aún pendiente en la agenda de Felipe Solá.
Felisa Miceli muestra así que en algunas cuestiones piensa seguir los pasos de su antecesor, y la presunción de que Roberto Lavagna hubiese otorgado un financiamiento aún menor no le sirve de consuelo a nadie en la administración felipista.
CONJETURAS
Pero esos 500 millones no serían el único agujero. Ya se ha dicho aquí que los 2.500 millones de financiamiento formalmente anotados en el Presupuesto están referidos exclusivamente a la cobertura de los vencimientos de deudas de la Provincia con el Estado nacional. Y, como además no cierran las cuentas entre los gastos "concretos" y los ingresos que la administración bonaerense tendrá este año, los últimos cálculos efectuados en La Plata dicen que la necesidad real y total de financiamiento estaría más cerca de los 4 mil millones de pesos que de los 2.500 millones previstos hace apenas un mes.
Los números, en fin, serán la clave -y el punto dramático- de este año en la Provincia. En algunos despachos la preocupación ya está instalada. En otros desestiman la cuestión y duermen tranquilos. Hacen una cuenta que, política como es, resulta más sencilla que los cálculos matemáticos. Sostienen que, como el Presidente "tiene que ganar" las elecciones a gobernador del 2007, no permitirá que un gobierno que, al fin y al cabo, pertenece al oficialismo, pase penurias que pongan en riesgo esos comicios, y aportará los recursos "que hagan falta".
