Buenos Aires (Especial para NA por Mariano Spezzapria) - El Gobierno nacional se debate por estos días en la disyuntiva que le genera su necesidad de desactivar el conflicto de las papeleras y no quedar al mismo tiempo como el que permitió la contaminación del majestuoso Río Uruguay.
Pero no le será fácil, en esta oportunidad, atravesar la encrucijada sin pagar los costos políticos del caso: la reacción oficial parece tardía y recién llega cuando la controversia alcanzó niveles extremos de tensión.
Sabido es que en esta instancia la administración de Néstor Kirchner decidió buscar una "solución política" al conflicto. Eso implica que el tema llegó a los máximos niveles de decisión del Estado y que salió de la órbita exclusivamente técnica en la que se venía manejando hasta el momento.
En ese plano, el técnico, la comisión binacional que se encuentra analizando la controversia va camino a concluir su tarea con dos dictámenes diferentes, es decir, uno argentino y otro uruguayo. Uno dirá que las plantas de celulosa serán contaminantes y el otro lo negará por completo.
Por eso llega ahora el turno de la política: la primera evidencia de este "cambio de clima" se hizo notar con las crispadas declaraciones del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, quien palabras más, palabras menos, amagó con renunciar a su cargo si con eso se lograra allanar una salida a la controversia.
Pero Busti no sólo dijo lo que dijo con vocación de autosacrificio. También lo hizo porque estaba muy molesto con versiones que circularon en la prensa nacional sobre un presunto pedido "desmedido" del Gobierno de Entre Ríos para que las papeleras se instalaran en su momento en la provincia.
El gobernador entrerriano sintió entonces que Kirchner pensaba soltarle la mano. Estaba pasando unos días de vacaciones en Cariló, donde su teléfono celular ardió con llamadas desde y hacia Paraná y Buenos Aires. Incluso el ministro del Interior, Aníbal Fernández, lo llamó para saber si era cierto que estaba dispuesto a renunciar.
Finalmente, llegó la señal esperada: desde la Casa Rosada lo convocaron para reunirse con el presidente Kirchner, el canciller Jorge Taiana y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La "solución política" imaginada por el poder kirchnerista se había puesto en marcha.
Del otro lado del Río de la Plata la política está funcionando desde hace meses, a tal punto que el propio presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, y el canciller Reinaldo Gargano se encuentran involucrados personalmente en el conflicto. No pasa lo mismo aquí con Kirchner y Taiana.
Tabaré Vázquez logró que la causa de las papeleras se convirtiera en una "cuestión de Estado": todos los partidos políticos uruguayos –incluido el oficialista Frente Amplio- respaldaron la postura del Gobierno y ratificaron la decisión de continuar con la instalación de las plantas en Fray Bentos.
El canciller Gargano fue incluso más allá: denunció públicamente la "inacción" de las autoridades argentinas frente a los reiterados cortes de ruta en las inmediaciones de los pasos fronterizos entre Uruguay y Entre Ríos, especialmente en las afueras de la ciudad de Gualeguaychú.
Hasta el momento la orden que tiene la Gendarmería apostada en la zona es evitar que haya encontronazos entre los manifestantes y quienes quieren circular por los caminos bloqueados. En Gualeguaychú saben que si el Gobierno realmente quisiera terminar con los cortes, adoptaría una política similar a la que emplea con los piqueteros.
Mientras tanto, en la Cancillería argentina dicen que ahora la única salida para este conflicto cada vez más intenso es dejar que actúe la imaginación. Y mencionan varias alternativas: - Que los uruguayos accedan a trasladar al menos una de la dos plantas a por lo menos 100 kilómetros de distancia de Fray Bentos;
- Que tanto las empresas Botnia y Ence como el Gobierno de Uruguay garanticen que las papeleras no tendrán efectos contaminantes y que se acuerde un mecanismo de revisión de ese compromiso que podría incluir la posibilidad de desactivar las plantas en caso de que no cumplan lo pactado;
- Que se someta la controversia a un arbitraje internacional (hay antecedentes de esto entre países avanzados como Estados Unidos y Canadá, que tienen ríos y lagos en común). El árbitro no podría ser el Banco Mundial, porque es parte interesada en este asunto;
- Que las empresas no utilicen cloro para blanquear la pasta de celulosa. Esta propuesta la llevó Greenpeace a Busti y el canciller Taiana –por separado-, pero ya fue descalificada (llamativamente al unísono) por las autoridades uruguayas y las empresas en cuestión.
Así las cosas, lo cierto es que esta controversia –más allá de la salida que se encuentre al conflicto- tendrá consecuencias a nivel político y diplomático. No habría que descartar, en este punto, que en los próximos meses haya cambios en la delegación diplomática argentina en Montevideo.
