Buenos Aires, (NA)- El subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, preparó un «protocolo de actuación» para instruir a sus inspectores, que incautarán autos de lujo de contribuyentes que posean deudas impositivas.
En los planes del funcionario está visitar durante los primeros días de febrero las localidades donde estén radicados los vehículos que deben al Fisco, y se los podrán incutar sin previa intervención de la Justicia, según las nuevas normas aprobadas.
Las inspecciones serán «específicas» a la nómina publicada en la página de Internet del Ministerio de Economía, que contiene los datos de 797 coches, camionetas, camiones y furgones con demoras en los pagos, según se informó.
Igualmente, según señalaron desde la Subsecretaría, 130 de los contribuyentes que integraban la lista ya regularizaron su situación impositiva desde que sus nombres ingresaron al sitio. «El otro mecanismo será general. Habrá controles en autopistas, ruta 2, estaciones aeroportuarias e hipódromos.
Cuando pase uno de los vehículos registrados con situación irregular lo secuestraremos», adelantó Montoya con respecto a las inspecciones que comenzarán en breve.
Los controles apuntan a los deudores que se vayan de vacaciones y el propietario que resulte interceptado por los inspectores -que irán acompañados por personal policial- podrán continuar el viaje sólo si regularizan su situación. «Podrán llamar al Centro de Información de Deudores para pagar las patentes por el sistema de Bapro pagos, con tarjeta de crédito», y «si el procedimiento se realiza en una zona urbana, el deudor podrá ir hasta un cajero automático y liquidar la mora con la tarjeta de débito» o también «podrá cancelar dos tercios de las patentes e ingresar en un plan para liquidar el resto en 60 días», sostuvo Montoya.
Los deudores que «no acepten estas alternativas» que brinda el Fisco se «quedarán de a pie», añadió. En cuanto a los vehículos que se confisquen, serán transportados en una grúa hasta una cochera techada, con seguridad y seguro contra todo riesgo, hasta que su dueño pague o bien hasta llegar a un remate judicial. «Es una disposición precisa sobre la manera de realizar los procedimientos porque no nos podemos permitir ningún tipo de error», aseguró Montoya.
