Buenos Aires (Especial para NA, por Marisa Alvarez) -Ha bastado un mes, en apenas el inicio de un año que nunca prometió ser un lecho de rosas para el gobierno provincial, para consolidar dos círculos conflictivos en los que la administración de Felipe Solá amenaza con quedar atrapada. En los últimos días, en efecto, los pasos dados en torno del aumento salarial que plantean los docentes y de la bronca del campo por la suba del Inmobiliario Rural, parecieron alejar a sus protagonistas de la salida.
La cuestión docente fue abordada esta semana en la mesa de discusión, por primera vez en esta etapa por tres ministros, a saber: los de Educación, Economía y Trabajo. Y fue justamente la participación de esos funcionarios -decisivos para la definición de los temas salariales- la que puso en evidencia y particular crudeza, a juzgar por el resultado del encuentro, el empantanamiento de una negociación que, así, está dejando atrás aceleradamente ese estatus para encaminarse a la categoría de abierto conflicto.
Por estos días, según se reconoce en el gobierno de Solá, "no hay forma de otorgar un aumento salarial a los docentes, como no sea al costo de generar un déficit" presupuestario; un planteo que va a acompañado por la advertencia de que, "no se contempla caer en una situación como la que se define en el segundo término de la proposición".
El reclamo docente se choca frontalmente, en realidad, con la encerrona financiera de la Provincia que ya quedó plasmada en el Presupuesto de este año, y potencia dos temores de la administración pública: la convicción de que un aumento salarial a los maestros ya antes de que comiencen las clases "garantiza" que habrá que conceder otras mejoras al mismo sector en el transcurso del ciclo lectivo; y la seguridad de que, un eventual aumento a los docentes desencadenaría una inmediata y muy dura pulseada con los gremios del resto de los empleados públicos.
PREOCUPACION CENTRAL
Lo cierto es que el tema docente genera en la Gobernación una mezcla de altas dosis de desconcierto, preocupación y temor. Nadie acierta con una solución porque está claro que para los docentes la única es la concesión de un aumento y justamente ésa es la que, según el gobierno, no se puede otorgar.
La preocupación deriva de la consecuencia que tendría la denegación del reclamo: los docentes convocarían a un paro para los primeros días de clase, y si hay un paisaje que Solá no quiere ni imaginar es que no comience en fecha el ciclo lectivo. Y el temor está vinculado con el arrastre mencionado del conflicto salarial docente sobre los restantes sectores laborales.
Pero los observadores más agudos afirman que, de esos tres "sentimientos" mencionados, el más duro es el de la preocupación que suscita en el propio Gobierno la posibilidad de que las clases arranquen con paros. Por éso, aunque se insista en que "no hay forma de dar un aumento a los docentes" por una cuestión de números, nadie en la Gobernación descarta por estos días que finalmente no se llegue a un acuerdo con los maestros que signifique una mejora salarial. Lo que nadie sabe, de cualquier modo, es con qué recursos se pagaría.
LA DISCORDIA CON EL CAMPO
El conflicto con el campo por el aumento del Inmobiliario Rural bonaerense, en tanto, desembocó en la última semana en una convocatoria a paros de ventas de los productores de hacienda, granos y leche, con un complemento impensado hace algunas semanas: la protesta estará orientada también, y centralmente, a apoyar un reclamo de reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias que aplica el gobierno nacional.
La Casa Rosada tiene a esta altura su propio y agudo conflictocon el campo, nacido del aumento de los precios de la carne, la resistencia de las entidades rurales a suscribir acuerdos de congelamiento de los valores y la reinstalación, en ese tironeo, del reclamo de los productores para que se reduzcan las retenciones.
Pero en la Casa Rosada ponen la lupa en que, aún así, la crisis de esa relación no hubiera desembocado en un paro del campo -quizás de escaso impacto práctico pero muy fuerte como gesto de
"resistencia"- si el aumento del Inmobiliario que dispuso el gobierno de Solá no hubiera puesto en marcha una especie de "rebelión" de los productores rurales.
CONCLUSIONES
Es que la dirigencia de las distintas entidades del sector -pero en particular Carbap y la Sociedad Rural- reaccionó a la suba del Inmobiliario bonaerense con un proceso de asambleas de asociados a lo largo y ancho de la Provincia, en las que fue consultando y evaluando qué tipo de medidas se proponían para expresar el rechazo generalizado a esa medida.
Los plenarios comenzaron a principios de mes y las entidades lograron en pleno enero que los productores respondieran a la convocatoria, en un reflejo de las broncas acumuladas. Y como en el medio se fue complicando extremadamente la relación del sector con el gobierno nacional, la conclusión del proceso, el jueves pasado, fue la decisión de realizar paros que, ahora, incluyen tanto a las retenciones como al Inmobiliario en sus objetivos.
En la Rosada evalúan por estos días que, metódicos como demostraron ser, los dirigentes rurales no hubieran decretado un paro por las retenciones, si la suba del Inmobiliario no hubiese disparado el mecanismo de "la rebelión"; aumento al que consideran, por lo tanto, "inoportuno".
Creen que, "como mucho, los productores hubieran iniciado recién ahora el proceso de consultas y hubiésemos tenido tiempo de negociar el tema de los precios bajo otras condiciones".
UN FRENTE IMPENSADO
Pero además, mientras estos dos círculos conflictivos se cierran cada vez más, al gobierno bonaerense le surgió otro frente impensado, el derivado de las clausuras que afectan a los estadios de fútbol de Estudiantes y Gimnasia; un tema que en la última semana terminó ocupando personalmente al Gobernador en sendas reuniones con autoridades de los dos clubes platenses.
En el marco de ese asunto espinoso, los dirigentes de Estudiantes hacen esfuerzos por evitar que sus simpatizantes mezclen a Solá en una cuestión que, comprensiblemente de acuerdo a la lógica esencial del futbolero, los enoja como pocas cosas.
No obstante, un conflicto que estuvo limitado durante años exclusivamente a la esfera del gobierno municipal -fue el que prohibió las obras que le hubieran permitido a Estudiantes remodelar su cancha de acuerdo a las exigencias por las que ahora la tiene clausurada- fue "provincializado" por el Comité de Seguridad Deportiva (Coprosede). Y el gobierno de Solá debió dedicarle horas de atención a los estadios de La Plata y la particular atención que atraviesan dos instituciones más que centenarias y que son las más populares de la Región.
La acumulación de errores que cometió el intendente Alak en el "asunto Estudiantes" quedó emparentada, al fin, con la reiteración de los errores garrafales en que, con relación a las canchas de los dos clubes platenses, terminó cayendo Mario Gallina, el titular del Coprosede, un organismo del gobierno provincial. Es que posible que haya sido por esa última circunstancia que Solá ya el año pasado ofreciera sus buenos oficios ante dirigentes de Estudiantes para superar una situación que, sin embargo, ha empeorado.
PRESIONES Y OBJETIVO DE FONDO
Ocurrió que, para lograr que los dos clubes terminen utilizando el Estadio Ciudad de La Plata, Alak y Gallina llegaron a métodos tan indirectos como contundentes de presión sobre las instituciones, aunque tratando de ocultar sus propósito último.
Por lo pronto, en un reflejo de la conflictividad que representa esa "salida" a las clausuras de las canchas propias, Gimnasia, que ya anunció que jugará en el Estadio Unico, tiene que regalar las entradas para lograr la presencia de público, mientras -según se ha dicho- la Provincia se haría cargo de los costos que demanda un encuentro futbolístico.
Pero además, según un rumor que ya circula con fuerza, entre varias dependencias, empresas y entes del Estado bonaerense y de la Municipalidad -que firmarían contratos de promoción en el Estadio Unico-, se le pagaría a Gimnasia una importante suma de dinero.
Estudiantes, mientras tanto, jugará en Quilmes los partidos del torneo de la AFA y aún no sabe dónde podrá jugar los de la Copa Libertadores.
La situación, en fin, aparece como fuertemente negativa para la Provincia, que tiene que poner la cancha (es la "dueña" del Estadio Unico), correr con los gastos de los partidos y, según versiones, aportar para la publicidad que recaude el club que juegue en el Estadio Unico. Pero el problema de fondo -los dos clubes de La Plata con sus canchas inhabilitadas- sigue intocado.
