Buenos Aires (Especial para NA, por Marisa Alvarez) -- La política y la gestión capturaron sin tregua la atención del gobierno provincial. Las dos variables se han enlazado para dejar a la administración de Felipe Solá con la mira puesta en los pasos que dará el gobierno nacional en un terreno donde parecen emerger de tanto en tanto las rispideces.
El despunte de 2006 decidió al Gobernador finalmente a blanquear en parte su decisión de dar batalla por el liderazgo del peronismo provincial; movida en la que no pocos dirigentes creen ver un fuerte instinto de autopreservación política en Solá, cuyo destino -sin reelección a la vista- está teñido de fuertes interrogantes.
El gobernador no ha dejado de mirar con fastidio en las últimas semanas cómo desde la Casa Rosada se le franquean las puertas y extienden indultos a conspicuos ex duhaldistas a los que combatió con fiereza y dedicación y a los que pretende hacerles pagar, por lo menos en algunos casos, una bien larga penitencia que los ponga fuera del escenario.
Los recientes actos públicos que vieron al presidente Néstor Kirchner abrazado con dirigentes como Alfredo Atanasof, dejaron a Solá un sabor amargo y una fuerte sensación de que el trabajo sucio que encaró en diciembre de 2004 cuando lanzó su corriente en Costa Salguero para darle batalla al otrora poderoso PJ bonaerense y su posterior rédito electoral con el pase a retiro del propio Duhalde, comenzó a colisionar con la estrategia que marca el estilo K: sumar, con pocas excepciones, a quienes quieran incorporarse al proyecto oficial.
Frente a ese diseño abarcativo oficial Solá se decidió a romper el silencio sobre el futuro partidario. Dijo, concretamente, que había que dar la pelea por el justicialismo provincial e incluso lanzó la posibilidad de ir a internas, aunque en rigor en los laboratorios que funcionan en la Gobernación se esté pensando en que la forma más factible de apoderarse del PJ y terminar de una vez con los residuos del duhaldismo es darle vida a un congreso partidario para el que dicen contar con mayoría.
Solá fue incluso un poco más allá. Fue cuando disparó todo tipo de dardos sobre su antecesor, Carlos Ruckauf. Dijo, por caso, que si la condición para que el diputado nacional y ex gobernador se sume al sector oficial es que vote el polémico proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura que impulsa con fuerte decisión la administración Kirchner, esa iniciativa no debería prosperar.
En política, muchas veces el lugar elegido para formular un anuncio tiene una connotación tan fuerte como el propio mensaje. Y este parece ser el caso: el mandatario provincial se despachó sobre este tema durante un acto del Movimiento Evita, un sector liderado por conspicuos dirigentes y legisladores nacionales y provinciales del kirchnerismo. Traducido: eligió un ámbito puramente K para blanquear diferencias frente a los últimos acercamientos entre el kirchnerismo y los ex duhaldistas.
El gobernador, que siempre ha negado su intención de presidir el justicialismo provincial, ahora parece dispuesto a dar ese paso, como coronación de su arremetida. Pero, claro, esa determinación también está empujada por las circunstancias y los mensajes que llegan desde la Nación y en los que cree interpretar que se pueda estar pensando para él un futuro no tan estelar como el aguardado.
Pero la discusión excede los límites del control partidario y, en rigor, es mucho más profunda. hay quienes ya visualizan que esta pulseada es parte de una disputa mucho más jugosa y que tiene que ver con la sucesión del propio Solá. El Gobernador pretendería que el continuador de su gestión fuera un hombre de su sector y su posición, con ese fin, se robustecería si además ostentara la presidencia del partido cuando llegara el momento de la bendición.
Y para esto necesita cerrarles el paso a aquellos ex duhaldistas que por su acercamiento con el Presidente podrían seguir conduciendo los destinos partidarios, conocedor además de que muy difícilmente estos dirigentes vayan a trabajar para posicionar a su candidato y posiblemente elijan la alternativa que pretende enarbolar el ministro del Interior, Aníbal Fernández, un duro opositor al felipismo.
LA TENSION SALARIAL
Las cuestiones políticas se mezclan por estos días con las necesidades de gestión. En el Ejecutivo provincial se sigue con preocupación la evolución de los conflictos que amenazan con desatar docentes y estatales, a los que podrían sumarse los judiciales. La semana que pasó dejó las primeras reuniones con los gremios con resultados calcados: por ahora, la Provincia asegura no contar con los fondos necesarios para atender el aumento salarial que reclaman estos sectores.
La cuestión una vez más remite a la relación con la Nación. El ministro de Economía, Gerardo Otero, les anunció a los trabajadores que la posibilidad de que haya política salarial, esto es, alguna mejora, depende en un altísimo porcentaje de la larga y fatigosa negociación que la administración de Solá no logra cerrar con el gobierno central por la refinanciación de deudas por unos 2.500 millones de pesos.
Se trata de obligaciones que la Provincia debe cancelar durante 2006 con la administración de Kirchner y que la Gobernación pretende patear hacia adelante. De esta forma, podría destinar parte de esos fondos comprometidos a calmar la ansiedad gremial y garantizar un normal inicio de las clases el 6 de marzo además de evitarse trastornos en la administración pública.
Pero la gestión de Solá decidió atacar por otro frente en busca de fondos frescos nacionales. La titular de Educación, Adriana Puigróss, acaba de anunciar que le pedirá a su par de la Nación que se vuelva operativo el aporte de fondos a la Provincia que alguna vez funcionó como compensación por la transferencia de las escuelas nacionales al Estado bonaerense que se concretó a principios de los `90.
Una y otra estrategia tienen su costado de riesgo. El gobierno provincial les está diciendo a los gremios que si la Nación no abre la canilla y se liberan partidas no previstas para salarios en el Presupuesto que a fines del año pasado votó la Legislatura, será muy complicado satisfacer los planteos de aumento de sueldos.
De ahí a sostener que la responsabilidad de una negociación fallida pudiera caberle en un alto porcentaje al Ejecutivo nacional, hay un trecho tan corto como altamente peligroso de transitar.
Mientras la tensión gremial empieza a dominar el escenario, alguna versión hablaba de un cambio en el ministerio de Economía.
Se imaginaba la salida de Otero y su reemplazo por el recaudador Santiago Montoya. Sin embargo, se trataría de una versión sin asidero motorizada, aparentemente, por algún interesado.
LA LUPA SOBRE SEGURIDAD
La otra novela de estos primeros días de febrero tiene como protagonista al ministro de Seguridad, León Arslanián. El robo al Banco Río sacudió su gestión, lo que contribuyó a reflotar las versiones acerca de la posibilidad de que el mes próximo pueda alejarse del gabinete provincial. No sería sin embargo este tema el central de la decisión, sino la posibilidad de que Arslanián desande el camino que lo lleve a postularse como candidato a gobernador en 2007.
En el gabinete provincial algunos creen que los trascendidos que involucran al ministro tienen que ver con su fuerte exposición pública. "Se decía que iba a ser ministro de Justicia, que iba a la Suprema Corte, pero nunca pasó nada", esgrimen los que sostienen esta teoría. Otros estiman, sin embargo, que su permanencia en un ministerio tan caliente es incompatible con la supuesta idea de proyección política.
Lo cierto es que entre rumores, estrategias y tensiones, ha empezado a despuntar un año de fuertes reacomodamientos y roscas políticas, con la mira ya puesta en 2007.
