Buenos Aires (especial de NA por Gabriel Profiti) –- El primer juicio político a un mandatario porteño, promovido a partir de la tragedia no natural más grave de la historia argentina, llega a su tramo decisivo tras haber editado un catálogo de vicios de la dirigencia nacional y de la sociedad en su conjunto.
Desde los primeros días de enero de 2005, el proceso -que luego desembocó en el juicio político propiamente dicho contra Aníbal Ibarra- recorrió un camino varicoso, del que sólo sobresalieron escándalos, incidentes, papelones, cruces y chicanas.
Se sucedieron una interpelación al mandatario, la creación de una comisión legislativa especial, la apertura del proceso de juzgamiento y la habilitación de ese mecanismo institucional, además de varios dictámenes y centenares de testigos.
Sin embargo, poco se pudo establecer sobre si el incendio que provocó 194 muertes fue una consecuencia o no de falencias administrativas y si esas fallas trepan hasta Ibarra. En cambio, resultaron creíbles muchas de las acusaciones que cada uno de los protagonistas hizo sobre el resto.
Este martes, el legislador zamorista Gerardo Romagnoli formalizó su renuncia a la Sala Juzgadora con argumentos que no pudieron correr el velo de sospecha que quedó instalado sobre su controvertida figura.
Romagnoli fue una fiel expresión de una izquierda reaccionaria, reticente y dispersa que suele desconocer responsabilidades institucionales.
Pero no sólo la renuncia del diputado de Autodeterminación y Libertad -no aceptada por sus colegas- representó una fotocopia reducida de la realidad nacional.
De hecho, el juicio político mostró a un grupo de legisladores más preocupado por aprovechar, con discursos para la cámaras o golpes de efecto, los minutos de exposición mediática que les dio la magnitud de Cromañón que por conocer la verdad.
También dejó al descubierto a un acusado que pocas veces apareció cristalino y que, así como impugnó la especulación política, pareció valerse de ese recurso cada vez que pudo.
En la vereda opuesta, el principal dirigente opositor, Mauricio Macri -pese a su discurso edificante- pareció llevar adelante obcecadamente una revancha contra su enemigo político.
Además, hubo un grupo de padres y familiares dispuestos a hacer justicia por mano propia, impulsados por un dolor lacerante que tampoco les dejó respetar límites.
Y un Gobierno nacional que jugó a las escondidas, al doble discurso, pero que no pudo ocultar su participación en algún momento del proceso y por lo tanto no salió ileso.
Ya en el tramo final, la sala de juzgadores fue un reflejo pasmoso de la improvisación, al punto que sesionó sin reglamento y propició, con un montón de desaguisados, la presentación de nulidades por parte de la defensa de Ibarra.
A todo esto contribuyó el juez Julio Maier -presidente del Tribunal Superior de Justicia y con una gran jerarquía como jurista- que no ocultó su incomodidad por el mandato constitucional de dirigir el proceso.
También resultó cuestionable la actuación de los tres fiscales-legisladores; y la Legislatura, en su conjunto, mostró diapositivas del viejo Concejo Deliberante.
Así se llega a la desembocadura de un proceso en el que, como muchas veces en la política argentina, hay sospechas de sobornos, presiones, lobbies y disciplina partidaria.
El proceso, por otra parte, no es más que un espejo de la sociedad en el que el culpable es el otro: del taxista que, con el cinturón desabrochado, se queja por la falta de controles, del inspector corrupto que objeta a los políticos ladrones o de los pibes que insultan a Ibarra y Chabán pero que no decodificaron a tiempo el peligro de llevar bengalas a recitales.
