La Suprema Corte de Justicia bonaerense reclamó al gobernador Felipe Solá que conforme de manera "urgente" una comisión provincial que realice un control y seguimiento de los detenidos en cárceles y comisarías con el fin de evitar el actual hacinamiento en esas dependencias.
Así lo establece el máximo tribunal provincial en la resolución 114, publicada ayer en el Boletín Oficial, por la cual "se le recuerda una vez más al titular del Poder Ejecutivo la necesidad de subsanar" el hacinamiento en penales y seccionales policiales bonaerenses.
Tras ese fallo, el defensor del Tribunal de Casación provincial, Mario Coriolano, propuso en diciembre último la conformación de una comisión pluralista destinada al seguimiento y control de la situación de detenidos.
"Esta comisión interinstitucional tendría que estar integrada por un juez de la Corte, un fiscal y defensor de la Corte, comisiones departamentales judiciales y el colegio de abogados y se invitaría a la Comisión provincial por la Memoria, ONG vinculadas a los derechos humanos, policía y penitenciaría", explicó Coriolano.
El funcionario especificó además que las funciones de esta comisión serían "sentar a los responsables de estas políticas públicas del Ejecutivo, Judicial y Legislativas" y hacer relevamientos de información para impulsar recomendaciones.
En su resolución, el máximo tribunal bonaerense ordenó que el Ejecutivo otorgue "carácter de urgente y preferencial despacho al tratamiento de los relativo a la conformación de una comisión provincial destinada al seguimiento y control de la situación de detenidos en cárceles y comisarías".
También resolvió "recordar una vez más al titular del Poder Ejecutivo provincial la necesidad de subsanar estas graves falencias", en alusión al hacinamiento de personas detenidas en dependencias policiales y la sobrepoblación de internos alojados en unidades carcelarias.
Para Coriolano, esa comisión provincial debería "designar comisiones departamentales, las cuales deberían integrarse por un Juez, un Fiscal, un Defensor Oficial, un representante del Colegio de Abogados departamental, un Legislador y un miembro del Poder Ejecutivo".
La comisión tendría que "realizar visitas regulares, como así también no programadas a los lugares de detención con amplias facultades de control, seguimiento y monitoreo de información relevante que recaben de distintas fuentes, tomando medidas en su ámbito o solicitar que las tome o impulse la comisión provincial", explicó Coriolano.
Ministro sin solución
El hacinamiento que hay en las comisarías de la Provincia y que genera graves incidentes entre presos es un problema que no tiene solución. Por lo menos para el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián.
En efecto, el jueves pasado, el titular de la cartera más sensible reconoció que no puede resolver el problema que se genera en las seccionales con el desborde de presos, y se excusó en la imposibilidad de trasladarlos hasta tanto no se construyan nuevas cárceles.
"El único tema que a mi me preocupa en la Provincia son los presos en las comisarías porque no lo puedo resolver. No estoy en condiciones de poder resolverlo. La Provincia tiene la mejor disposición, pero hasta que las cárceles no estén construidas nosotros seguimos metiendo presos, y para colmo no son presos nuestros sino del Servicio Penitenciario", dijo Arslanián el jueves durante un encuentro que mantuvo con legisladores bonaerenses.
