El Senado bonaerense, sin el apoyo de la UCR, aprobó ayer las reformas al Código Procesal Penal que amplía el régimen de excarcelaciones y revierte las políticas de mano dura impuestas por el ex gobernador Carlos Ruckauf.
La iniciativa, consensuada entre los bloques del Frente para la Victoria (FpV) y el PJ, surgió a raíz de una resolución de la Corte Suprema, que el pasado 3 de mayo exhortó al Ejecutivo provincial y a la Legislatura, a "adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación, y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales".
Sucede que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había denunciado ante el máximo tribunal las condiciones "inhumanas" y de "hacinamiento" en que se encontraban los presos de las cárceles bonaerenses.
La denuncia fue atendida por la Corte y se decidió entonces conformar una "mesa de trabajo"integrada por todos los poderes, encargada de redactar las futuras reformas.
De la suma de ese trabajo, y tras un acuerdo entre los bloques oficialista y duhaldista, se conformó el proyecto que hoy fue aprobado por la Cámara alta.
Durante la sesión, el radicalismo abrió el debate al acusar a los otras dos bancadas de "utilizar la solución más fácil y barata como es cambiar las leyes" sólo para conformar un pedido de la Corte.
"Este no es un proyecto para sacar presos a la calle y no es el hacinamiento de las cárceles el punto principal sino una consecuencia" se defendió a su turno, la senadora del PJ Mónica Litza, una de las autoras de la propuesta.
Su compañero en la redacción del texto legal, el kirchnerista José María Eseverri, avaló el argumento y aseveró que "esta iniciativa le devuelve la autoridad y las facultades a los jueces".
De acuerdo a los datos esgrimidos en el recinto, el 80 por ciento de las personas que se encuentran detenidas en unidades penitenciarias de la Provincia son procesados sin sentencia firme, y de ese grupo, el 25 por ciento es absuelto por falta de pruebas o al demostrarse su inocencia.
La iniciativa sancionada modifica las leyes 12.405 -elaborada por la gestión de Ruckauf y aprobada por unanimidad de los bloques en el año 2000- y las 13.177 y 13.183, promovidas por Blumberg, y aprobadas en la Legislatura el año pasado, con la disidencia del radicalismo.
En su artículo 148º, donde se detalla las circunstancias que deben atenderse para decidir acerca de los llamados peligros procesales (peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación), se propicia que tales extremos sean considerados en el caso concreto y no como reglas de aplicación automática.
En el artículo159º, a su vez, se establece que una vez analizadas las circunstancias favorables para otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva, el juez deberá imponerlas, modificando así -en beneficio de los detenidos- el actual modo potestativo.
También, se incorpora un nuevo artículo que fija la Audiencia Preliminar para resolver cuestiones relativas a la prisión preventiva. De esta manera se introduce el mecanismo oral y público para garantizar el debido proceso y asegurar la inmediatez del Juez de Garantías con las partes.
En su artículo 169 se amplia de 6 a 8 años el máximo de pena del delito excarcelable, y se posibilita que aún superando la pena el criterio objetivo antedicho, pueda concedérsela si se evalúa la posibilidad de que correspondiera una condena de ejecución condicional.
En tanto, en su inciso 11 se faculta al Juez o Tribunal interviniente a considerar el cese de la prisión preventiva en los casos en que considere que supera los plazos legales razonables.
