Buenos Aires (por Pepe Eliaschev, especial para NA) -- Es absolutamente cierto que Néstor Kirchner restableció a niveles inéditos la majestad de la investidura presidencial. Desde la percepción general, al menos, es evidente que la Argentina de hoy es conducida por un hombre que está todo el tiempo en todo y se maneja con gestos y actitudes de asombrosa dureza.
Los diferentes episodios de los últimos días corroboran que el Presidente ya no tiene retorno respecto de este modo de gestionar los destinos del país. Él lo dijo el jueves, cuando bajó a la plaza para recibir los besos y los magullones de ex empleados de la privada Aguas Argentinas, que mutaron ahora en empleados públicos de la estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA).
Al mencionar su crispado choque contra los exportadores de carne vacuna, Kirchner soltó, según las crónicas periodísticas, un ominoso "yo ya estoy jugado".
La heterodoxa estatización de Aguas y la guerra contra los empresarios de la carne que, de acuerdo con el Gobierno, impulsan la inflación al elevar los precios del producto ante la demanda internacional que paga más que el mercado interno, reiteraron el cuadro de rispidez extrema que se ha hecho proverbial en la Argentina.
La fuerte puja por determinar si en un sistema capitalista medianamente abierto el Estado debe y puede regular precios y suministros de un sector privado, apareció superpuesta con el inicio de la discusión para una plena revisión de la legislación laboral de los años Noventa, contencioso fuerte que ya comienza a ser ventilado en el Congreso y será blanqueado cuando el Ejecutivo del puntapié inicial.
Confiesa el diputado y laboralista Héctor Recalde, muy cercano a Hugo Moyano y expresión del kirchnerismo en el Congreso: queremos devolverle al trabajador todo lo que se le quitó en últimos 30 años. Así, todo indica que el Gobierno se apresta a reconstituir, aunque no "de la noche a la mañana" advierte, el contexto laboral previo a marzo de 1976.
Tanto en la cuestión de la carne como en las ideas para aumentar beneficios laborales, el Gobierno se maneja con la explícita y nada censurable idea de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar sustancialmente las condiciones de prestación de su labor. En ambos casos, la fuerte presión gubernamental reposa sobre la noción de que medidas ejecutivas y normas legislativas tendrán la potencia de favorecer los intereses populares, aun cuando ello implique pasar por encima de decisiones empresarias o revertirlas netamente.
Al redoblar la apuesta de cortar las exportaciones, negarse a todo acuerdo y –de paso- desautorizar las negociaciones que venía llevando adelante el subsecretario de Ganadería, Javier de Urquiza, el Presidente jugó muy fuerte. Nadie intenta descalificarlo si se afirma que está poniendo toda la carne al asador. De inmediato, el sector, desdeñado por el Presidente con la etiqueta de "la patria ganadera", replicó organizando una contraofensiva de marchas y manifestaciones. Quien lo puso negro sobre blanco y sin ambigüedades fue el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel S. Campos: "acá no importa si primero empieza a exportar tal o cual; lo que importa es la instrucción del Presidente". Similar postura adoptó el gobernador bonaerense Felipe Solá: "no tomo las medidas y me voy a sujetar a la estrategia del presidente Kirchner".
Ya en un terreno específicamente antropológico, Campos explicó que para el Gobierno la carne "es un bien cultural, que impacta en la inflación y esto es central para el Gobierno".
Una interpretación válida de palabras tan sugestivas podría ser que, según Kirchner y por razones culturales, los argentinos no renunciarán al bife, cueste lo que cueste, y, al hacerlo, acelerarán al aumento del costo de vida.
Por eso, una vez más, de cara a lo que es irremisiblemente popular, el Presidente no confrontará con los deseos de las masas, sino que, por el contrario, los acompañará, y con la mano pesada.
El Gobierno ha intensificado el uso de consideraciones ideológicas muy cargadas para valerse de ellas en el debate sobre los precios de la carne. La semana que termina, a pocos días de la recordación del 24 de marzo, fue aprovechada por el Dr. Kirchner para asegurar que los exportadores de carne apoyaron al golpe de 1976.
Estilo y sustancia parecen ser hoy la misma cosa, un todo traducido en riendas muy cortas, estrategia crudamente vertical y exhaustiva ocupación presidencial de todo el espinel de la agenda política, económica y social.
En el Banco Nación, el despido de Ricardo Lospinnato, el presidente de la entidad nombrado por Felisa Miceli hace cuatro meses, después de haber asumido como ministra de Economía, fue fulminante. Quienes siguen de cerca los trapicheos de influencias en la ahora poderosa banca estatal aseguran que Lospinnato habría caído como resultado del ascenso de la vicepresidente del Banco, Gabriela Ciganotto, cuyas condiciones personales más determinantes para el cargo parecen derivar, según sus detractores, de su condición de santacruceña y amiga personal de la Cristina Kirchner.
Miceli tuvo que decapitar al Banco como resultado de una decisión del Presidente a favor de la funcionaria "cien por cien pingüino", argot con que se define a la gente subordinada de manera integral al Dr. Kirchner y/o su esposa. Ya el 27 de enero, el Presidente le habría ordenado a la ministra que ubicara a Ciganotto como vicepresidente de la entidad, la que tiene la mayor cantidad de depósitos en todo el sistema bancario argentino.
¿Se trata de una colección de menudencias? Estas casi cotidianas demostraciones de aguerrido ejercicio del poder, ¿abonan en definitiva la recuperación de la gobernabilidad del país y no amenazan en nada la necesidad de preservar equilibrios y garantían indispensables? Hay dos bibliotecas, pero una es cada vez más convincente que la otra.
De un lado, nadie duda de donde viene el poder en la Argentina. Paulatinamente los diques y los atajos convencionales se han ido inutilizando y se advierte que la Argentina hoy detenta, en términos funcionales, un régimen de mando aceitado, fehaciente y sin fisuras.
A los efectos de un sistema de gestión del poder, un mecanismo "resolvedor" de cuestiones, la Argentina se muestra hoy como un dispositivo de fenomenal ejecutividad. Órdenes se dan, órdenes son cumplidas.
Desde una mirada menos contemplativa y mucho más angustiada, la Argentina transita hoy unos caminos de notable concentración de las decisiones, alternativa que no puede consumarse sin inexorable "fatiga del material". ¿Y qué es "fatiga de material" en una democracia tan endeble y peculiar como la que funciona en la Argentina? La progresiva y notoria supresión de la división de poderes, en su sentido más profundo y verdadero, de la mano con una igualmente imponente reducción de las atribuciones provinciales y municipales en tributo de un sistemático incremento de las facultades del Poder Ejecutivo nacional.
La asunción de Jorge Telerman como nuevo jefe de Gobierno para completar el mandato del destituido Aníbal Ibarra hasta mediados de 2007 fue, así, un nuevo capítulo en la larga saga de la instalación y perdurabilidad del poder presidencial.
La presencia del ex ministro Roberto Lavagna en el juramento de Guillermo Nielsen como ministro de Hacienda del gobierno porteño y la ostensible ausencia de funcionarios nacionales fueron hechos asumidos por los medios como expresión de desagrado de la Casa Rosada ante la emergencia de un polo político fuera del control minucioso y demandante del Presidente.
Telerman tuvo que transitar micrófonos de radio y cámaras de TV para jurar y re-jurar que con Kirchner todo está bien, en un ejercicio bastante extravagante que patentiza las oquedades institucionales del país.
No parece claro para muchos argentinos si corresponde gozar sin pausas esta novedad actual de la musculosa suma del poder público, o deben empezar a preocuparse en serio por una manera de entender y dirigir al país que conlleva, inevitablemente, a una gestión marcada por un personalismo devastador.
