Buenos Aires (Especial para NA, por Daniel Casal) -- El afán por concentrar poder ha convertido al despacho presidencial en el único y exclusivo lugar en el que se resuelven los problema sensibles del país.
A su alrededor se mueven funcionarios con un umbral cada vez más bajo a la hora de tomar decisiones, a no ser los denominados kirchneristas "puros" que ocupan más y más casilleros en el tablero del Gobierno.
Esta tendencia se profundizará en los tiempos por venir ante la necesidad de sembrar el terreno para el 2007, con vistas al proyecto de reelección que anida entre los hombres del Presidente.
Con ese objetivo en el horizonte, el oficialismo debe contar con garantías para poner en caja la inflación y reducir el nivel de conflictividad social.
Por eso es que en la propia oficina del presidende Néstor Kirchner se acordó el aumento salarial del 19 por ciento para los camioneros, alejado del 28 por ciento pretendido.
Ese incremento sellado con Hugo Moyano, jefe de la CGT y de los camioneros, le puso un claro techo al resto de las negociaciones paritarias.
Es que las planillas que circularon en los ministerios de Economía y Trabajo, y que llegaron a la Rosada dan cuenta que ese nivel de aumento es el único posible si se quiere evitar una mayor presión inflacionaria.
El acuerdo permitió también frenar la medida de fuerza de los camioneros, que amenazaba ya con desabastecer el mercado de combustibles.
A los Moyano, Hugo y Pablo, les ha dado frutos ese doble juego de que el hijo amenace con paros mientras el padre negocia con el Gobierno.
La pata sindical es una en las que se apoya el proyecto político del oficialismo con vistas a las elecciones del año que viene.
No pasa lo mismo con los productores del campo, que jugaron una fuerte pulseada con el Gobierno por la carne y ahora debieron comprometerse a bajar los precios a cambio del levantamiento de la medida que prohibe la exportación.
El Gobierno se tomará un tiempo prudencial para cumplir con su parte y monitoreará la baja de precios antes de dejar sin efecto la medida.
Pero, por lo pronto, ese acuerdo era perentorio para el jefe de Estado, ya que, por ejemplo, debió reprogramar buena parte de los actos previstos en el interior ante el temor de tener que afrontar una marcha de protesta.
Como nunca, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno se sucedieron actos que inicialmente estaba agendados en ciudades diversas.
En este caso, la pelea se dio en la categoría de pesos pesados y ninguna de las partes puede considerarse realmente vencedora de la contienda.
Eso sí, el campo preparaba una escalada de la protesta que incluía paros en todo el país y los sectores más duros querían también cortes de rutas.
Las entidades agropecuarias reclamaron al Gobierno que en las negociaciones no participara el secretario de Agricultura, Miguel Campos, enfrentando con la dirigencia del campo.
Hoy por hoy, nadie sabe bien porque el funcionario continúa en el cargo si se tiene en cuenta que es receptor de las más duras críticas y no goza de simpatías en la Casa Rosada.
Por este motivo, la puntada final de este entendimiento se dio en la Secretaría de Coordinación, con el "pinguino auténtico" Lisandro Salas, acompañado por el subsecretario de Agricultura, Javier de Urquiza, también cercano al Presidente.
¿Y Felisa Miceli? La ministra también apareció, al igual que Campos, para la foto final en la Casa Rosada, pero no hay registros de una activa participación en las negociaciones.
La titular del Palacio de Hacienda tiene un papel bastante deslucido y en sectores empresarios lamentan que se vaya diluyendo todo el prestigio que supo ganar como titular del Banco Nación.
Sobre todo, después de que el Presidente le pidiera la renuncia de su sucesor en la entidad crediticia, Ricardo Lospinatto, alguien que era la mano derecha de Miceli y que designara en el cargo a una contadora santacruceña, Gabriela Ciganotto, sin antecedentes de importancia en la economía.
Esta tendencia de ir cubriendo con tropa propia y de bajo perfil va domimando la escena de la política gubernamental.
Es que dentro de la propia lógica de acumulación de poder no caben los que pueden tener alas amplias para emprender un propio vuelo político.
Es así que en los pasillos oficiales se suceden rumores como que serán fusionados los ministerios de Salud y Desarrollo Social en una gran cartera que comandaría Alicia Kirchner.
De ser así, se alejaría Ginés Gónzález García, mientras que Juan Carlos Nadalich pasaría de ministro a secretario de Desarrollo Social.
También hay rumores de un supuesto alejamiento de los ministros Aníbal Fernández, Carlos Tomada y Alberto Iribarne para que esas carteras las ocupen gente acostumbrada al frío del sur. En Interior, Fernández atribuye estos rumores a "pícaros" justicialistas bonaerenses que le inventan cargos en alguna embajada para sacarlo del medio en la carrera por la gobernación, Sin embargo, tampoco contaría con las simpatías de Cristina Kirchner, quien todavía no decidió si pujará en la contienda electoral para la gobernación.
En pasillos de la politica dicen también que Kirchner necesita renovar áreas de gobierno con el objetivo de frenar potenciales conflictos sociales y al mismo tiempo avanzar hacia la reeleccion. Aunque hay algunos funcionarios que son partidarios que el Presidente no se presente el año próximo para que se aleje con "toda la gloria" para intentar el regreso en otros cuatro años.
Uno de los que veería con cierto agrado esta posibilidad es el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien es denostado por los santacruceños que ya trabajan en el proyecto de reelección.
En especial por los grandes arquitectos del edificio kirchnerista: el ministro de Infraestructura, Julio de Vido, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini.
Para estos, Fernández perdió muchos puntos tras haber apoyado en forma abierta a Aníbal Ibarra en la Capital Federal cuando por otro lado se alentaba la llegada de Jorge Telerman con el fin de cerrar el capítulo político de Cromañón.
El tema que no pudo ser resuelto en el despacho presidencial fue el de las papeleras, porque, precisamente, una solución no dependía del voluntarismo político.
Cuando la empresa finlandesa Botnia aceptó sólo un plazo de diez días para que se arreglaran las cuestiones entre los dos países, en realidad, terminó rompiendo el tablero de las negociaciones.
Escribió así un claro mensaje del poder económico a la política y, acto seguido, Uruguay cortó el diálogo con la Argentina.
Las obras de las papelera continuarán, y es más, en Uruguay se anticipó la instalación de empresas similares en diversos puntos del país vecino en orillas de aguas que desembocan en el Río Uruguay.
Las amenazas de concurrir a la Corte de la Haya o al Consejo del Mercosur no hacen más que dejar pasar el tiempo y vacíar de contenido las protestas que se suceden en los pasos fronterizos.
De este lado continuarán los cortes, pero no sería de extrañar que la verdadera apuesta de uno y otro lado sea que la protesta se vaya desgastando por el propio paso de los días.
