Buenos Aires (Especial para NA por Martín Hermida) –- La delgada línea que separaba la mesa de negociaciones de la ruptura total terminó estallando y con ella se fueron –por ahora- las últimas esperanzas de una salida concertada en el conflicto que enfrenta a Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa que se están construyendo en la ciudad de Fray Bentos.
Mientras en el Gobierno argentino todavía veían alguna luz de esperanza, la administración de Tabaré Vázquez decidió subir la apuesta, con un final impredecible: anunció que irá al Tribunal Internacional de La Haya para denunciar los nuevos cortes de ruta en Gualeguaychú y pidió una "urgente" convocatoria del Consejo del Mercosur.
Desde la Casa Rosada, en tanto, admitían: "nosotros no cortamos el diálogo, pero la verdad es que hoy por hoy no esperamos que haya soluciones inmediatas".
En esa línea, remarcan una frase: "si en Uruguay no pueden lograr que las empresas paralicen las obras para hacer el estudio ambiental que pedimos, nunca va a haber acuerdo".
Es que desde la Argentina aseguran que ya se hizo todo lo posible y ahora, el único camino para poder salir del atolladero y revertir la situación generada en los últimos días, sería que la finlandesa Botnia –una de las empresas que están construyendo las plantas- diera marcha atrás en su decisión de no paralizar las obras (o hacerlo sólo por 10 días, como plantearon esta semana).
Lo cierto es que, como había sucedido la semana pasada, la vía de la política falló y los intentos de los funcionarios de uno y otro lado por encarrilar las cosas no fueron suficientes para sentar a una misma mesa a los presidentes Néstor Kirchner yVázquez.
Antes había sido por las divergencias en los detalles de cómo funcionaría y qué objetivos tendría la comisión binacional que debería estudiar el posible impacto ambiental de las plantas de celulosa que se están levantando en las orillas del río Uruguay.
Y ahora, por la marcha atrás dada por Botnia, que dicho sea de paso llevó también a los integrantes de la asamblea ambiental de Gualeguaychú a volver a los cortes de ruta.
¿Cómo salir de este corset que parece asfixiar cada vez más a los dos gobiernos? La respuesta no aparece clara. Y mucho menos cercana.
En la Casa Rosada –que desde las últimas semanas desplazó a un segundo plano a la Cancillería en las negociaciones- apuestan a la fórmula que ya habían puesto sobre la mesa el mes pasado: la protesta ante el Tribunal Internacional de La Haya, para que se exprese en contra de la instalación de las fábricas.
Como réplica ante los cortes iniciados nuevamente en Entre Ríos, desde Uruguay también respondieron con esa amenaza, cerrando toda posibilidad de diálogo.
¿La apuesta al Tribunal de La Haya podría solucionar el conflicto? Parecería difícil que así sea. Una decisión de ese cuerpo llevaría por lo menos dos años de deliberaciones, y mientras tanto las plantas avanzarían a paso rápido y los vecinos de las orillas del río Uruguay podrían comenzar a sufrir las consecuencias de lo que advierten como peligro inminente: la contaminación.
El peso de las negociaciones en los últimos días había recaído en dos hombres que comparten apellido y una amistad de varios años: el jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, y el secretario general de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández.
Para no ahondar más los problemas, el Fernández argentino eligió como blanco de la bronca argentina a la empresa finlandesa que con su decisión provocó la caída de la cumbre que iban a protagonizar los presidentes Kirchner y Vázquez.
Pero también en la administración kirchnerista ponen de manifiesto que el gobierno de Tabaré no pudo, no supo o no quiso lograr que la empresa acatara el pedido de suspender sus obras por 90 días –o incluso un período menor, 45 días- para permitir el trabajo de la ansiada comisión de evaluación.
Mientras los dos países se debaten en esta tarea de buscarle una salida al callejón, hay otros aspectos que también inquietan a los hombres del Gobierno que se encargan de seguir de cerca todo lo que ocurre en la región.
Se trata de las elecciones en Perú, que se celebrarán este domingo, con un resultado incierto y con la posibilidad de que se imponga el candidato nacionalista Ollanta Humala, aunque aparentemente sin los porcentajes necesarios para evitar una segunda vuelta.
Humala no niega sus simpatías e incluso vínculos con el venezolano Hugo Chávez –amigo a la vez de Kirchner- y ante cada micrófono que le ponen adelante habla de la necesidad de "romper" con el "sistema" y mandar a pasear a la economía de libre mercado. Enfrente está Lourdes Flores, catalogada por los politólogos como una continuadora del modelo neoliberal que había inaugurado –con más críticas que elogios- Alberto Fujimori.
Las especulaciones previas hablan de la posibilidad de que, aunque pierda en primera vuelta, Flores logre imponerse en el ballotage, ya que recibiría el aval de quienes en primera instancia votarían por Alan García, el mismo que en la década del 80 terminó llevando al país al abismo de una inflación de más del 7000 por ciento anual.
El Gobierno de Kirchner estará especialmente atento a lo que ocurra en Perú, otra pieza más del rompecabezas americano que entre este año y el próximo pasará por la prueba de las urnas.
