Buenos Aires (Especial de NA, por Mariano Spezzapria) -- Como si fuera una comprobación de que los años no pasan en vano, el Gobierno de Néstor Kirchner exhibió en los últimos días escasos reflejos para solucionar conflictos que finalmente le generaron un serio dolor de cabeza, como el que paralizó los subterráneos y provocó fastidio a los porteños.
Tampoco la administración kirchnerista reaccionó con rapidez en el diferendo desatado con Uruguay en torno a las papeleras, a tal punto que el Gobierno de Tabaré Vázquez llegó antes que la diplomacia argentina a la Corte Internacional de La Haya.
Se trata, en ambos casos, de ejemplos que reflejan cierta carencia de gestión en el Gobierno nacional, algo que surge más nítidamente cuando se deben atender conflictos que no dependen estrictamente de una resolución presidencial.
A sabiendas de que el conflicto de los subtes genera un profundo mal humor social, el Gobierno tomó hoy la decisión de intervenir por medio de la Policía Federal para desalojar a los huelguistas y exigir luego a la empresa Metrovías que ponga en marcha un programa de emergencia.
Pero pareció una intervención tardía: hace más de una semana que los trabajadores tercerizados venían realizando medidas de fuerza pero ningún funcionario del Ministerio de Trabajo atinó a convocarlos para desactivar el conflicto.
Es cierto que el ministro Carlos Tomada se estaba dedicando casi con exclusividad a las negociaciones salariales más importantes -como las de los camineros, los porteros y los empleados de comercio-, pero: ¿nadie debajo de él pudo "atajar" el conflicto en ciernes en el subterráneo?.
El paro en el subte también reveló los límites de la alianza del Gobierno con el líder de la CGT, Hugo Moyano, puesto que el conflicto está protagonizado por una facción disidente de la UTA que conduce por el socio de Moyano, Juan Manuel Palacios.
Quedó demostrado, entonces, que Moyano no garantiza al Gobierno una "protección total" ante los conflictos gremiales, pese a que el camionero le resultó muy util para fijar en el 20 por ciento el techo de los aumentos salariales para este año.
En el caso de las papeleras, en tanto, también muestra un grado de dificultad inocultable para el Gobierno, que no termina de unificar una posición con los asambleístas de Gualeguaychú y Colón.
De hecho, pocas horas después de que el canciller Taiana pidiera a los vecinos entrerrianos que levantaran los cortes de ruta para facilitar la negociación, en Colón determinaron un nuevo bloqueo que crispó los ánimos en Uruguay.
Ahora todas las fichas del Gobierno están puestas en el presidente Kirchner (¿cuándo no?), quien espera para el 25 de abril la llegada de una funcionaria de Finlandia que estará acompañada por empresarios, entre ellos representantes de Botnia.
A esta altura de las circunstancias, cuando se están por cumplir tres años de la gestión K, habría que preguntarse si es positivo para el Gobierno que todos los caminos desemboquen en el despacho presidencial.
