Puerto Iguazú, (NA)- La Argentina formalizó ayer una denuncia contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la construcción de dos plantas de celulosa presuntamente contaminantes en Fray Bentos y solicitó «urgentes» medidas cautelares, tendientes a paralizar las obras hasta tanto el Tribunal dicte una resolución o sentencia.
La presentación fue realizada por la consejera Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, el embajador argentino ante los Países Bajos, Santos Goñi, y el tercer representante designado para la gestión, Horacio Basabe, a las 13:00 de la Argentina.
La Argentina llega así a esta instancia prevista en el Estatuto del Río Uruguay, luego de ver frustrado los esfuerzos por alcanzar una solución bilateral a la controversia entre ambos países, según informó la Cancillería argentina.
El anuncio lo realizó ayer el canciller, Jorge Taiana, mientras participaba junto a la comitiva argentina en el encuentro entre presidentes en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones.
En el escrito, la Estado argentino indicó a los jueces cuáles son los derechos que considera afectados y fundamentó en forma detallada los hechos y las normas jurídicas que le permiten pedir al tribunal que disponga que Uruguay «cese sus comportamientos pasibles de ocasionar un perjuicio ambiental transfronterizo».
El Gobierno argentino subrayó que Uruguay tiene la «obligación» de «reparar integralmente los perjuicios ocasionados», partiendo de la base que el funcionamiento de las plantas «causará un perjuicio sensible a la calidad de las aguas del río Uruguay y un perjuicio sensible transfronterizo a la Argentina».
Taiana precisó que la Argentina denunció a Montevideo por «violar» el Estatuto del Río Uruguay -suscrito por ambos países en 1975 y que reglamenta el uso compartido de ese curso fluvial- al autorizar la construcción de las plantas de Ence y Botnia.
Por eso, además de pedir la «apertura de instancia» ante la Corte de La Haya, solicitó una «medida cautelar» para que se paralicen las obras de las plantas hasta tanto exista un pronunciamiento efectivo del alto tribunal.
Fuentes del gobierno de Entre Ríos explicaron que la llamada apertura de instancia, consiste en un reclamo inicial a partir del cual el Tribunal interviene; y luego se abordará de manera más extensa la llamada «memoria», oportunidad donde se podrá explayar sobre la petición.
