El proyecto para aumentar las penas a organizadores, explotadores, comercializadores y apostadores de todas las variantes del juego ilegal que se realizan en la Provincia, fue convertido en ley por la Cámara de diputados bonaerense, en una votación reñida que terminó definiendo el titular de ese cuerpo parlamentario, Ismael Passaglia.
La iniciativa oficial, aprobada el pasado 19 de abril por el Senado, contó con la voto afirmativo de los 42 legisladores que ocuparon esta noche la bancada del Frente para la Victoria, contra igual número de diputados que se sentaron en los bloques del PJ, UCR, ARI, PAUFE y Recrear. El desempate, lo propició desde la presidencia el propio Passaglia.
De esta forma, la normativa que deberá promulgar el Ejecutivo provincial contempla el arresto de un mes a un año para quien organice juegos ilegales y de dos meses a dos años para quien integre una asociación conformada para tal actividad. También estipula de uno a seis meses de cárcel para quien ayude a explotar esta práctica ilegal y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un mes a un año al funcionario público que omitiera denunciar este tipo de delito.
La ley otorga a los jueces la posibilidad de poder redimir las penas con multas, que por casos, se establecen de 50 a 500 salarios mínimos de un agente de la Administración Pública para los organizadores; de 10 a 100 para los que ayuden o cooperen para la explotación del juego ilegal y de 1 a 10 sueldos para los que apuesten de forma clandestina.
Dentro de las penalidades, prevé que para aquellos que cometan infracciones "se valieren, se sirvieren o determinaren directamente la intervención de un menor de 18 años" o de "una persona con capacidad diferente" la pena "se elevará al doble del mínimo y en un tercio el máximo". Este agravante alcanzará también cuando el infractor "fuere un funcionario público" o "una persona física o jurídica autorizada por el Estado para la administración de juegos de azar".
