La Justicia provincial inhabilitó en los últimos meses 2.800 plazas carcelarias al Servicio Penitenciario Bonaerense, por causas vinculadas a la superpoblación de reclusos, problemas edilicios y de servicios.
Los fallos corresponden a magistrados de diferentes departamentos judiciales bonaerenses que -en muchos casos de oficio- requirieron al Ejecutivo el cierre de unidades, la reducción de cupos o la prohibición de nuevos ingresos.
Entre los casos más llamativos se destaca el de la Unidad Nº 5 de Mercedes, que debió reducir su capacidad de 1.050 a 350 interno; el de la Nº 1 de Lisandro Olmos (La Plata) de 3.200 a 1.800; la Nº 28 de Magdalena (donde sucedió el incendio que culminó en la muerte de 33 internos) de 1.030 a 600; y la Nº 21 de Campana, de 960 a 750, entre otras.
Si bien estas medidas judiciales dejan al descubierto los problemas del sistema carcelario, agravan aún más la situación de emergencia que hoy viven las cárceles de la Provincia.
A comienzos de año, el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, había reconocido que la superpoblación era el principal problema que debía afrontar el SPB. En rigor se estima que sobre una capacidad real para 18 mil internos, las unidades penales albergarían a más de 24.800 reclusos.
