Buenos Aires (Especial para NA por Pepe Eliaschev) -- Le va bien al Gobierno. Los números revelan fuerza. La dureza de los problemas es inferior al nivel de beligerancia que la Casa Rosada es capaz de adoptar para hacerles frente a su manera.
En estado de virtual embriaguez espiritual por la sensación de invencibilidad, lo que le sobra al Presidente son, por el contrario, sordos choques en su interior.
Néstor Kirchner libra su guerra peculiar contra el alza de los precios. En ese frente, el por ahora imparable poder de Julio de Vido parece haber devaluado hasta un nivel crítico las capacidades de la ministra Felisa Miceli para manejar la economía del país.
El conflicto Miceli-De Vido cobra vida a través de los choques derivados del modo de accionar del zar anti-inflacionario, el inflamable Guillermo Moreno.
Catapultado a secretario de Comercio Interior por el Presidente, Moreno tiene la nada envidiable tarea de conseguir que 2006 termine con una inflación máxima del 9.99 por ciento: si es de dos dígitos, según se sabe, su jefe político lo considerará un fracasado. Moreno, que no proviene de una perfumada corte imperial, se juega la vida. Y no juega con timidez.
El nudo del choque, que si bien ahora podría moderarse un poco, habrá de retornar y radica en que De Vido y Moreno están convencidos de que las empresas ganan mucho dinero y padecen de una sed crónica por aumentar rentabilidad a través de remarcaciones que destrozan los bolsillos del pueblo.
Lo esencial es que, tal como enseña el manual de estilo del Presidente, el secretario Comercio no reporta ni obedece a la ministra Miceli, sino que se maneja con su propia hoja de ruta y con sus particulares rústicos y brutales modales.
Una franja determinante del Gobierno parece ya hecha a la inevitabilidad de manejarse con discrecionalidad temible en sus vínculos ásperos con el mundo de los negocios.
Ese rasgo de unilateralismo tiende a convertir a los agentes económicos en eslabones políticamente "operables" por el Ejecutivo, con lo que se instala un nivel asombroso de imprevisibilidad.
Ya se sabe: cuando un escenario se empapa de falta de futuro largo, lo que desembarca es el corto plazo como filosofía de vida.
Ese tono alto y hasta vociferante con los agentes económicos se tradujo días atrás en el Congreso cuando el Presidente mandó decapitar a la Comisión de Agricultura y Ganadería. La guillotina política, expeditivamente usada por el jefe peronista de la bancada oficial en Diputados, Agustín Rossi, cayó sin atenuantes sobre la santafecina María del Carmen Alarcón, que presidía esa comisión.
Todo parecería suceder como si para la Casa Rosada, el Congreso fuese una dependencia inferior que no puede ni debe expresar matices diferenciales del Ejecutivo. Alarcón discrepaba con la política agropecuaria de Kirchner, criticaba las retenciones y el veto a las exportaciones.
Rossi le dijo a Alarcón que debía entregar el cargo, ya que, en el pensamiento de los diputados y senadores oficialistas, su misión en el Congreso es "sacar" las leyes que les pide la Casa Rosada. La santafecina no se calló la boca: acusó al Gobierno de "un manejo totalitario del poder".
La verdad es que la joya de la corona del trienio kirchnerista es el superávit fiscal y es ahí donde el Presidente sigue exhibiendo un vigor llamativo.
Tan despampanante es el desempeño fiscal del Gobierno que uno de los más irascibles y extravagantes adalides de la era de Menem, el economista Carlos Rodríguez, viceministro de Economía durante la gestión de Roque Fernández y neoliberal ultra, acaba de elogiar públicamente el compromiso de Kirchner con la virtud fiscal. Pero, ¿se podrá mantener esta performance?
Hay ideas discrepantes. En los ámbitos que priorizan la seriedad, se sabe que con una inflación que en 2005 llegó al 12.3 por ciento, para que 2006 exhiba el mágico "un dígito" deseado, es imprescindible que el Gobierno ponga ya mismo el pie en el freno del gasto corriente.
Por ahora, los mecanismos superavitarios funcionan como un excelente reloj: son los que se pusieron en marcha antes de Kirchner, con Roberto Lavagna en Economía y el hoy innombrable Eduardo Duhalde en la presidencia de la Nación.
Este vigor de hoy quiere decir que los márgenes de comodidad fiscal siguen siendo muy elevados, pero la foto fija no sirve, hay que ver la película y allí, en movimiento, lo que se advierte es que en el primer trimestre del año los egresos superaron (por poco, es cierto) a los ingresos.
Es el gobierno de Kirchner el que se juega a muerte en una lucha por el control de los precios, pero hasta el menos envenenado de los observadores admite que controlar de modo tan militante los precios conlleva inevitablemente un crecimiento patológico en el control de los mercados.
A Kirchner, además, le fue bien en su pacto con Hugo Moyano. El negocio de la Casa Rosada fue que el acuerdo con la jefatura sindicalista le permitió asegurarse que los aumentos salariales quedaran abulonados en el techo del 19 por ciento. Nadie le hará paros generales a un gobierno cuyo jefe es considerado un compañero por los titulares de los gremios.
Pero hay frentes de conflictividad en otros rincones y aunque ninguno de ellos permite pronosticar borrascas furiosas, sí habrá algunas turbulencias ingratas.
El próximo embajador de los Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, que está a punto de ser confirmado por el Senado norteamericano, reconoció en Washington que Kirchner "es muy popular", pero añadió algunas pinceladas dignas de mención:
(1) "nos gustaría que esa popularidad se tradujera en lazos mas fuertes" entre ambos países y (2) "es importante que Argentina continúe creando un ambiente más favorable a las inversiones". Como si esto no alcanzara, el sucesor del saliente Lino Gutiérrez atribuyó los logros de la Argentina de 2006 a una trinidad que debe haber hecho las delicias del kirchnerismo:
(a) políticas fiscales sólidas, (b) las reformas de Menem y (c) las condiciones internacionales favorables. O sea que de las tres razones que para Washington explican el estado de cosas de la Argentina, solo una es contemporánea a Kirchner.
Pero las condiciones externas siguen siendo, efectivamente, muy propicias. En el mundo se continúa verificando un ciclo muy favorable para las materias primas y la Argentina cabalga a toda velocidad el formidable ciclo de prosperidad del cultivo de soja: contra los 39 millones de toneladas cosechadas en 2005, para este año se anticipan un record de 41 millones.
La tonelada llegó a 528 pesos el miércoles en Rosario, tras un rally alcista del 7 por ciento en apenas un mes.
Contra esos datos promisorios, manchas ominosas emergen. Los casi 200.000 ganaderos argentinos están convencidos de que el Gobierno no solo no tiene un plan serio para recomponer el negocio de la carne sin el remedio tremebundo de prohibir las exportaciones, sino que -además- tampoco cumple sus diferentes medidas en ese mercado.
Por eso seguirán las asambleas regionales de productores, inquietos y desconcertados, porque perciben que las necesidades políticas del Gobierno podrán ser satisfechas con sus decisionescoyunturales, pero conspiran contra la actividad industrial del sector en el mediano y largo plazo.
Algo anda muy mal cuando un Gobierno prohíbe exportar un producto y a la vez les paga los salarios caídos a los empleados de ese sector privado, que están siendo licenciados por falta de actividad.
Además de ser una terapia extravagante, abre las puertas a hechos de corrupción majestuosos, como ya lo reveló la pintoresca estrategia oficial de pagar millones de pesos en sueldos a empleados de una línea aérea que no operaba porque no tenía aviones para volar.
Las acechanzas de una inflación desmadrada y las quejas por ahora soterradas de las empresas por los procedimientos de control de precios no son nubarrones pequeños e inofensivos en un cielo impecable: al finalizar la semana, el Grupo Suez de Francia transparentó su ánimo de reclamo contra la Argentina, país al que lo acusa de haber procedido ilegalmente y por confiscación de
bienes, y al que demandará en busca de indemnización por la estatización de Aguas Argentinas, además de denunciar incumplimiento de contrato.
Estas palabras son, hoy, formulas jurídicas, pero en un futuro nada remoto se traducirán en costos para el país. Todo parecería ir viento en popa. Pero los vientos son casquivanos.
