Buenos Aires, (NA)- El presidente Eduardo Duhalde le dejó a su sucesor, Néstor Kirchner, las sensibles decisiones del aumentos de tarifas de servicios públicos y el veto o no de la prórroga en las ejecuciones hipotecarias que aprobó el Congreso.
De esta forma, Duhalde desistió de su intención inicial de dejar resueltos ambos temas con el fin de evitar un maltrago inicial a la próxima administración del santacruceño.
El encargado de dar esta noticia fue el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, quien precisó que «el Poder Ejecutivo no va a vetar una ley del Parlamento a pocos días de terminar su mandato», en relación a las ejecuciones hipotecarias, que fueron aplazadas por una ley del Congreso por 90 días.
El funcionario dijo también que por ese mismo motivo, el eventual incremento en las tarifas de servicios públicos deberá ser resuelta por el Gobierno que asuma el 25 de mayo. «Las decisiones de mucha importancia como éstas tendrán que ser adoptadas por el gobierno entrante», manifestó Atanasof en su habitual conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada.
Por lo tanto, el santacruceño deberá resolver los dos temas durante los primeros días de su gestión, aunque ambos pueden tener suerte diversa.
Por empezar, se admite en cercanías del presidente electo que el tema tarifas no puede demorarse mucho más, ante la presión de las empresas por el ajuste.
Además, algunas empresas ya comenzaron los pasos legales en tribunales internacionales destinados a forzar al gobierno argentino a disponer el incremento.
En el marco de esta misma presión, las empresas advierten sobre un posible deterioro del servicio en caso de que no se autorice el aumento, trabado desde hace más de un año por sucesivos fallos judiciales.
Como dato positivo, las compañías de servicios públicos pudieron exhibir en los últimos días importantes ganancias en sus balances, aunque por efecto de la apreciación del peso argentino.
Todas se encargaron de aclarar que sus balances en dólares, presentados en sus casas matrices, dieron resultados «poco satisfactorios».
Si bien el aumento de tarifas parece inevitable, otra puede ser la historia de las ejecuciones hipotecarias, ya que el ministro Roberto Lavagna considera que «no hay espacios» para vetar la normativa que prórroga por 90 días la medida.
Se pretende que los deudores de viviendas única, la gran mayoría, queden a salvo de los remates.
Por este motivo, se buscará que el FMI comprenda esta situación y acepte la prórroga ante lo que sería un monto de escasa importancia para la mayoría de los bancos y para la economía en general.
También se le pedirá a los bancos un listado detallado de los deudores hipotecarios para elevar este informe al Fondo Monetario, que presiona por el veto.
A todo esto, el presidente electo aseguró que se buscará una solución «con equidad y justicia».
