La Plata, (Especial para NA, por Marisa Alvarez)- El gobierno bonaerense arrancó la semana eliminando el alto riesgo de un nuevo conflicto -con paros incluidos- con el gremio docente que se había instalado en los días previos.
La resolución fue sencilla, la promulgación de una ley que reduce a 50 años de edad y 25 de aportes los pisos para la jubilación de unos 30 mil preceptores y bibliotecarios de la Provincia, asimilándolos a los maestros al frente de grado. La controversia que había abierto el destino de esa norma -y lo que no se discutió-, sin embargo, generaron una trama compleja que deja huellas.
Como se había señalado en esta columna hace una semana, la ley fue sancionada, "sin previo aviso" y con dictamen negativo de áreas del Ejecutivo, por decisión de los senadores del propio oficialismo y mereció duras críticas públicas de funcionarios, más precisamente de los titulares de Economía, Gerardo Otero, y del IPS, Alejandro Ballester.
Que se trataba de un tema al menos controvertido quedó reflejado, también, en un primer impulso de los senadores del FpV, que frenaron el trámite y no comunicaron la sanción, con la intención de "corregir" su contenido en la propia Legislatura.
Y que además se convirtió en un tema "político" quedó en evidencia cuando una contraorden en el seno del propio bloque legislativo del FpV -apoyada en algún ámbito del Ejecutivo- dispuso que la ley siguiera su curso. En el medio, había otros funcionarios del Ejecutivo que "defendían" la norma y los gremios docentes se pusieron en guardia y amenazaron con medidas de fuerza si no era sancionada.
El gobernador Solá quedó, así, en la obligación de laudar ante esa suerte de explosión de diferencias de criterios y desinteligencias -o al menos de incapacidad para compatibilizar posiciones antes de la consumación de los hechos- en el seno de su propia tropa ejecutiva y/o legislativa. Y a horas de una manifestación de los gremios docentes, anunció que iba a promulgar la ley de la discordia. Dijo que se cumplía, de ese modo, con un compromiso de otorgar ese beneficio que su gobierno había asumido durante las negociaciones salariales de febrero con los maestros. Antes, había llamado a los senadores que manejan el bloque del FpV para decirles que nunca más aprobaran una ley de ese tipo sin consultarlo.
DUDAS CRUELES
No es una ley que le cambie la vida al conjunto de los bonaerenses, ni para bien ni para mal; pero tampoco sería necesariamente inocua. En un universo de trabajadores -unos 400 mil- en el que la regla general para jubilarse (en las más diversas funciones, manuales o intelectuales) exige 60 años de edad y 35 de aportes, conseguir ese beneficio a los 50 y 25 años respectivamente es, en principio, un privilegio.
Sólo "desde ese lugar" se puede dar el segundo paso: resolver si algunas tareas, por su índole, producen un desgaste tal que justifique el privilegio. ¿Se analizó ésto con la suficiente profundidad y seriedad en la Legislatura -y en los sectores del Ejecutivo que la impulsaron- para sancionar la ley de los preceptores y bibliotecarios? Hay despachos en la Gobernación donde jamás se confesará oficialmente pero en la confidencia se admite que no.
Se sabe también que, por otro lado, el planteo del IPS sobre el desequilibrio que produciría en sus cuentas que un grupo de agentes aporten menos años y cobren la jubilación por más tiempo fue desestimado rápidamente en algunos sectores del oficialismo porque no sería ése un problema de corto ni aún de mediano plazo.
Es cierto que difícilmente los 30 mil preceptores vayan a jubilarse en los próximos meses. Pero es bueno que ciertas medidas se tomen pensando en que, si las administraciones pasan, los Estados permanecen. Quizás las cuentas y las proyecciones digan que, al cabo del proceso, la incidencia del nuevo esquema de jubilación de los preceptores no le hace mella al sistema previsional bonaerense.
El tema, sin embargo, es, ¿alguien sacó la cuenta?, y si fue sacada, ¿se la consideró? Esta administración (y los propios empleados actuales del Banco Provincia, que deben hacer aportes enormes) están sufriendo las consecuencias del "agujero negro" abierto en los últimos años por una decisión tomada hace décadas, cuando se estableció que el personal de esa entidad se jubilara a los 49 años y seis meses de edad.
PRIMER PASO DE UNA ESTRATEGIA
"A la gente no le interesa", decían algunos de los propios protagonistas del episodio político bonaerense de la semana. Cierto. Tan cierto como que varios funcionarios y legisladores le dedicaron tantas horas y energía como si a la gente en realidad le interesara.
El viernes la conducción del PJ bonaerense hizo su plenario en Coronel Suárez. Pero no era una reunión más. Desde hacía semanas operadores kirchneristas con base en la Casa Rosada trabajaban para que a ese encuentro fueran los consejeros de esa fuerza que se alinearon para las elecciones del año pasado en el FpV y habían abandonado sus cargos en el PJ. En apoyo de esa estrategia, fueron invitados al plenario además los legisladores nacionales y provinciales, los intendentes y los presidentes partidarios de la Sexta Sección Electoral, fueran PJ o FpV.
Esa estrategia de "confluencia" de los peronistas que, para los comicios últimos, se enfrentaron desde el FpV y desde el PJ está básicamente delineada e impulsada por el titular del PJ, José María Díaz Bancalari, y cuenta con el visto bueno del Presidente, según todas las fuentes seguras de uno y otro sector.
Desde ese objetivo, hace algunas semanas Bancalari le mencionó a Kirchner la posibilidad de hacer el primer plenario "integracionista" en alguna ciudad de la Sexta; elección que hizo que el Presidente designara al secretario de Hacienda, Carlos Mosse -es dirigente de esa región-, para que trabajara en el armado por el kirchnerismo.
DISPAREN SOBRE LOS INTENDENTES
Cuando la movida de Suárez empezó a tomar forma, el gobernador Solá entendió -como lo dijo públicamente hace tres días- que los consejeros del PJ que le responden no debían asistir a ese plenario; una postura que, vale aclararlo, fue asumida por ese grupo -entre ellos el ministro de Gobierno, Florencio Randazzo- no sólo por "disciplina" sino también por propia convicción.
Pero la cuestión se convirtió en una suerte de batalla campal desde comienzos de esta semana con los seis intendentes del FpV de la Sexta (los de Bahía Blanca, Patagones, Monte Hermoso, Tornquist, Benito Juárez y Alsina) como blancos de ambos lados.
El lunes, todos ellos dijeron haber recibido llamados del ministerio de Gobierno bonaerense "aconsejándoles no ir" al plenario de Coronel Suárez. Los timbres de alarma sonaron entonces inclusive en la Casa Rosada y horas después los mismos intendentes recibían llamados del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, aclarándoles que era del "interés del Presidente" que asistieran a la reunión de Suárez.
No hay fuente de la Rosada -sea del sector que sea- que no coincida en afirmar que, efectivamente, Néstor Kirchner le encargó a Parrilli esa tarea. Las usinas del felipismo-randazzismo, sin embargo, multiplicaron su tarea, para instalar -en nuevas conversaciones telefónicas con los intendentes y en reuniones en la Legislatura lo suficientemente numerosas como para que no trascendieran- su versión de que Parrilli "no representaba al Presidente" sino a "un sector del kirchnerismo, que encabeza Cuto Moreno".
Para la dilucidación histórica del episodio quedará un presunto llamado del propio Kirchner a Randazzo para aclararle su "interés de que todos vayan" al plenario del PJ; conversación que en la Casa Rosada todos dan por cierta y el ministro bonaerense niega terminantemente. Lo cierto es que durante cuatro días decenas de funcionarios, legisladores y dirigentes desataron en torno de este tema una guerra de nervios que por momentos alcanzó niveles increíbles.
APENAS UN ROUND
Finalmente el viernes en Suárez presidieron el encuentro el titular del PJ, Bancalari, y el apoderado del FpV bonaerense Cuto Moreno (en rigor estaba allí porque es el único diputado nacional por la Sexta); con la participación de la gran mayoría de los legisladores provinciales y de los jefes partidarios distritales de ambas fuerzas; con la reincorporación de un consejero kirchnerista -Mariano West- y la ausencia de los consejeros felipistas; y con la asistencia de dos de los seis intendentes de la región (Breitenstein de Bahía y Marini de Juárez).
La foto permite balances disímiles, según quien la mire. Este fin de semana desde la Gobernación se bajaba el tono pero se reafirmaba la postura central. "A nosotros el Presidente no nos dijo que quería que fuéramos a Suárez", reiteraban. Y explicaban: "no queremos confrontar con el Presidente; nosotros hicimos punta contra el duhaldismo y ahora algunos quieren que sea lo mismo haber ganado que haber perdido; con el PJ podemos ir en paralelo, hacer algunas cosas juntos, como en lo legislativo; pero no nos podemos amontonar porque no somos lo mismo". Una forma de explicar que si la estrategia del PJ es la "integración sin fronteras", la de la Gobernación es la de mantener definido "un espacio propio".
En la Rosada suponen, por su lado, que el "tema Suárez" podría tener rebotes. Lo que está claro es que, si se cree que tras las elecciones hubo una tregua, este episodio marcó la irrupción de una nueva pulseada que recién empieza.
