Buenos Aires, (NA)- La Argentina pidió ayer a la Corte Internacional de La Haya que frene la construcción de las dos papeleras en Fray Bentos para evitar «daños irreversibles» en el medio ambiente, mientras que Uruguay acusó a Buenos Aires de «obstaculizar» su desarrollo económico.
El equipo de la Argentina primero y luego la delegación de Uruguay expusieron durante más de seis horas ante el plenario de los jueces del Tribunal de La Haya, a raíz de la medida cautelar presentada por el Gobierno de Néstor Kirchner para que se detenga la construcción de las papeleras.
En la primera audiencia abrió el fuego en representación de la Argentina la directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, quien resaltó que Uruguay tomó una decisión «unilateral» que atenta contra el medio ambiente y contra los habitantes de Gualeguaychú.
Por su parte, la titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, Romina Picolotti, pidió al tribunal que se pronuncie en forma «urgente» a favor de la medida cautelar que presentó la Argentina ante «el riesgo de un daño irreversible» al medio ambiente. «El río, simplemente, no podrá soportar este impacto», resumió Picolotti, quien forma parte de la delegación de 17 especialistas que defienden en La Haya la posición del Gobierno kirchnerista.
Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el otro pilar de la estrategia argentina estuvo centrado en la violación a los derechos humanos, cuestión más propensa a ser considerada por el alto Tribunal que los asuntos medio ambientales.
Según lo indicado por integrantes de la delegación argentina y por agencias internacionales de noticias, al comenzar la presentación Ruiz Cerutti se refirió al «dolor» que para los argentinos significa llegar por primera vez en la historia a La Haya a litigar con un país «tan hermano como el Uruguay».
No obstante, resaltó que ese país «atentó y sigue atentando contra el Estatuto del Río Uruguay» al autorizar la construcción de las pasteras sin haber consultado antes a Buenos Aires.
Tras escuchar durante tres horas la posición argentina, los catorce jueces que componen el tribunal internacional recibieron a la delegación que formó el jefe del Ejecutivo uruguayo, Tabaré Vázquez, para defender la instalación de las papeleras.
La defensa del vecino país estuvo apoyada sobre dos puntos: el rechazo a que las papeleras generarían un «daño inminente e irreversible» y el impacto negativo que tendría en la economía de Uruguay la paralización de las fábricas de capitales europeos Botnia y Ence. «No existe un daño inminente e irreparable y nada hace pensar que haya un peligro de cara al futuro», dijo Héctor Gros Espiell, embajador uruguayo en Francia y jefe de la delegación del vecino país. «Se han tomado y se seguirán tomando todas las medidas necesarias y se aplicarán los últimos avances tecnológicos en materia medioambiental para evitar una posible contaminación», agregó Gros Espiell, según consignó una agencia internacional de noticias.
El diplomático recordó, además, que la inversión necesaria para la construcción de estas papeleras es «esencial para el desarrollo económico y humano de Uruguay».
La ronda de exposiciones continuará hoy y se especula que luego el tribunal internacional se tomará tiempo -hasta fines de julio- para pronunciarse respecto de la medida cautelar presentada por la Argentina para frenar las obras de las papeleras.
