Representantes del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), que nuclea a los "levantadores" de quiniela clandestinos, reclamaron al Gobierno provincial que demore por el término de 60 días la implementación de la nueva ley tendiente a erradicar el juego ilegal.
En una reunión que mantuvieron con autoridades del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, los sindicalistas acordaron además priorizar la situación social de los vendedores de quiniela que trabajan en la informalidad.
La SIVARA solicitó retrasar la aplicación de la ley de juego clandestino, que rige desde el pasado 30 de mayo -pero que aún falta reglamentar-, para que en dicho tiempo se puedan instrumentar las herramientas necesarias para resolver la situación del sector.
El objetivo del encuentro, señaló el organismo que encabeza Franco La Porta, "estuvo enmarcado en la necesidad de abrir un canal de diálogo con los representantes del sector, con el fin de conocer de cerca sus necesidades y establecer nuevas herramientas que respondan a un esquema de contención social adecuado".
Las autoridades de Lotería pretenden alcanzar un consenso que les permita sumar a los quinieleros al sistema oficial y, de esa forma, "responder a la preocupación que el Estado tiene en la regularización laboral de este sector".
La nueva ley de juego ilegal -aprobada el pasado 12 de mayo en la Legislatura - impone el arresto de un mes a un año para quien organice juegos clandestinos y de dos meses a dos años para quien integre una asociación conformada para tal actividad.
También estipula de uno a seis meses de cárcel para quien ayude a explotar esta práctica ilegal y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un mes a un año al funcionario que omita denunciar este tipo de delito.
La normativa, además, otorga a los jueces la posibilidad de poder redimir las penas con multas que, según la infracción, van de 50 a 500 salarios mínimos de un agente de la Administración Pública para los organizadores; de 10 a 100 para los que ayuden o cooperen para la explotación del juego ilegal y de 1 a 10 sueldos para los que apuesten de forma clandestina.
