Buenos Aires, (NA)- El presidente Eduardo Duhalde firmará en las próximas horas el decreto que dispone un perdón contra el ex líder terrorista del Movimiento Todos por la Patria Enrique Gorriarán Merlo, y del ex militar carapintada Mohamed Alí Seineldín, quienes fueron condenados por alzarse contra la democracia. «Esto convencido de que esta es una manera de clausurar una etapa» en la Argentina, señaló Duhalde ayer a un programa de cable porteño para justificar su decisión de disponer la liberación, vía conmutación de la pena o el indulto, de los dos cuestionados personajes.
El presidente, en declaraciones formuladas al programa «desde el llano» que se emite por TN manifestó que «es inminente» la conmutación o el indulto para Gorriarán Merlo y Seineldín. «Yo creo que hemos clausurado una etapa que ya no existe en Argentina, esa política de tener armas en las manos, de enfrentamientos.
Esto ya es historia pasada, creo que debemos clausurar la etapa de esta forma, estoy convencido de eso, por eso he tomado esa determinación», afirmó Duhalde.
El jefe de Estado sostuvo que esa determinación responde a los pedidos formulados «desde hace tiempo» por los familiares de Gorriarán Merlo porque el ex líder del MTP «está muy enfermo».
Además, precisó que «también lo han pedido familiares y amigos de Seineldin, dos hombres que creo que se han equivocado en el pasado» y agregó «la violencia siempre es mala consejera».
La definición sobre el mecanismo para disponer el perdón a Seineldín y Gorriarán serán analizado por el jefe de Estado hoy cuando el secretario Legal y Técnico, Antonio Arcuri, le eleve un detallado informe sobre la situación penal de cada uno.
La atribución presidencial de indultar o conmutar las penas por delitos sujetos «a la jurisdicción federal» está contemplada en el articulo 99 de la Constitución Nacional.
Gorriarán Merlo, ex dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), está condenado a cadena perpetua por el sangriento copamiento del cuartel de La Tablada del 23 de Enero de 1989, que dejó un saldo de 39 personas muertas entre soldados, militares y guerrilleros.
El 23 de Enero de 1989 en la localidad de La Tablada, a plena luz del día, la Unidad Militar fue atacada.
Durante su copamiento y recuperación perdieron la vida once militares y 28 terroristas, mientras que quedaron mutilados una gran cantidad de miembros de las fuerzas legales intervinientes.
La mayoría de los terroristas fueron juzgados y condenados según las normas de la Ley de Defensa de la Democracia que no permitía una segunda instancia judicial.
A fines de diciembre de 2000, el ex presidente Fernando de la Rúa ante un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había achicado condenas para varios de los guerrilleros. Mediante un decreto, de la Rúa conmutó las penas de once de los condenados por la Cámara Federal de San Martín.
En ese decreto se determinó que nueve participantes de ese copamiento quedaran en libertad a mediados del año pasado y los otros dos recién este año y en 2005, respectivamente.
Pero dos de ellos quedaron fuera de la lista de beneficiados: el perdón presidencial no alcanzó al ex guerrillero Gorriarán Merlo, y a su esposa, Ana María Sívori.
Esta situación se registró porque los dos fueron juzgados en 1997 y tuvieron la posibilidad de una segunda instancia judicial, que confirmó sus condenas.
Los nueve condenados a prisión perpetua que pasaron a tener penas de 20 años de prisión y quedaron en condiciones de solicitar su libertad a mediados del año 2002 fueron Miguel Angel Aguirre, Luis Díaz, Isabel Fernández, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Carlos Motto, Sergio Paz, Claudio Rodríguez y Claudio Veiga. «No quiere que muera estando en prisión, porque podría ser victimizado por sectores de izquierda», contó un alto funcionario a la prensa hace un año cuando el presidente analizaba también tomar esa medida y que posteriormente no adoptó.
En tanto, Seineldín fue condenado en 1991 a la pena de reclusión perpetua tras asumir su responsabilidad por el levantamiento militar del 3 de diciembre de 1990, que dejó un saldo de 13 muertos en unidades militares.
De todas formas, el líder ‘carapintada’ gozaba desde octubre de 2002 de una parcial libertad, que le permitía ocho horas de salida por día para trabajar y la obligación de volver a dormir a la prisión de Campo de Mayo.
Para poder tener este beneficio realizaba una tarea como ‘asesor de una empresa de seguridad’ que había sido formada por sus amigos.
Cuando se efectuó el levantamiento carapintada de diciembre de 1990, Seinaldin se encontraba detenido en la unidad militar de San Martín de Los Andes, en Neuquén, tras el frustrado alzamiento que encabezó, en diciembre de 1988, en el cuartel de Villa Martelli.
Este primer ataque de Seineldin a la democracia se materializó durante los últimos meses del gobierno de Raúl Alfonsín, mientras el sangriento ataque del 3 de diciembre se efectuó durante el mandato de Carlos Menem.
