Buenos Aires (especial para NA por Pepe Eliaschev) - Los superpoderes que está a punto de adquirir de manera permanente el presidente Néstor Kirchner fueron inventados hace 131 años por Juan Manuel de Rosas. Rosas es el mayor ídolo personal de Carlos Kunkel, un fanático e implacable armador y palafrenero de su compañero de los años setenta, el actual primer mandatario.
La "rosificación" de Kirchner es un proyecto que parece venir articulándose hace muchos años. Cuando Kunkel atendía desde la Casa Rosada las necesidades logísticas del Presidente, lo hacía junto a un retrato enorme del dictador del siglo XIX. Lejos de ser un disparate anacrónico o un acto de indecorosa omparación, es pertinente recomponer las historias.
Juan Manuel de Rosas nació el 30 de marzo de 1793 y murió el 14 de marzo de 1877, a los 84 años. Vivió casi un tercio de su vida en Inglaterra, donde murió.
Se casó antes de cumplir 20 años con Encarnación de Ezcurra y Arguibel y ya en 1826, a los 33, con la llegada al poder del general Juan Gregorio de Las Heras aceptó integrar la comisión que debía analizar demarcaciones fronterizas con los pueblos originarios de las pampas.
El 6 de diciembre de 1829, a los 36 años, la Sala de Representantes de Buenos Aires lo nombró nuevo gobernador revestido de "facultades extraordinarias". Capitán general de la provincia y Comandante de Campaña, Rosas fue electo por 32 sufragios contra solo uno de Juan José Viamonte, símbolo patético de un gobierno institucional desgraciado.
Apenas seis meses después, el 7 de mayo de 1832, Rosas devuelve a la Legislatura esos superpoderes, seguramente acicateado por el rechazo a tanta concentración de decisiones. El 5 de diciembre de ese año, cuando la Sala de Representantes lo reelige gobernador, el caudillo repele en dos ocasiones el nombramiento, evidentemente porque no le entregaban los superpoderes. Asume Juan Ramón Balcarce la jefatura de la Confederación el 28 de enero de 1833, mientras que Rosas sigue como comandante general de campaña y jefe de la división contra los indios, hasta el 25 de mayo de 1834. El 30 de junio de 1834 la Legislatura insiste en designar gobernador a Rosas, pero otra vez le niega lo que más quería, las facultades dictatoriales. Rechaza el cargo reiteradamente hasta que, tras el fugaz gobierno de Maza, los diputados se rinden y el 13 de abril de 1835 le entregan la suma del poder público, facultad imperial que no implica la necesidad de dar cuenta de su uso.
La rebelión de Urquiza el 1º de mayo de 1851 fue el prolegómeno del encuentro decisivo, la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852. Derrotado, Rosas huye y el 10 de febrero zarpa hacia Inglaterra, a la que llega con su hija el 23 de abril de 1852, para radicarse en Southampton, donde muere un cuarto de siglo más tarde.
Salvadas las diferencias más epidérmicas y obvias, los poderes excepcionales que el Gobierno está a punto de recibir del más obediente y cabizbajo oficialismo que haya poblado el Congreso desde 1983, son la versión siglo XXI de las facultades extraordinarias del Rosas de 1835.
Este cenit del control del poder se consigue con dos herramientas.
La primera es un proyecto que está a punto de convertirse en ley y ya fue aprobado por la Comisión de Presupuesto del Senado (9 kirchneristas contra 6 radicales), le confiere al Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, autoridad para modificar a su libre albedrío el destino final de todos los recursos resupuestarios
aprobados por el Congreso.
La segunda, muy avanzada, es la ley, ya aprobada por el Senado (42 kirchneristas contra 17 en contra, 13 ausentes) y que debe ser promulgada por Diputados esta semana, avala los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Ejecutivo. Kirchner ya firmó 201 en tres años, desde que asumió y hasta el 31 de mayo. Raúl Alfonsín firmó 10 entre el 10 de diciembre de 1983 y el 8 de julio de 1989. A favor de esta norma, que propicia la vigencia indefinida de los decretos, se pronunciaron senadores de nombres sugestivos: Capitanich, Escudero, Fernández de Kirchner, Vilma Ibarra (representante del inexistente partido Frepaso), Alicia Kirchner, Marín, Miranda, Pampuro, Pichetto y Reutemann, entre otros.
Ambos instrumentos fueron defendidos de manera encarnizada y belicosa por el Gobierno, presentados como condición imprescindible para poder administrar el país y enaltecidos como herramientas perfectamente legítimas cuando se trata de asegurar la continuidad de la gestión.
En tal sentido, el tema de los decretos de necesidad y urgencia y la suma del poder presupuestario aparecen como marcadores ideológicos centrales de la praxis kirchnerista. Para proteger con los dientes apretados y los puños cerrados el concepto de gobierno unipersonal, el Presidente organiza en su defensa una batería de argumentos que suelen reconocer como común denominador una desalentadora excusa: ¿por qué nos critican si estamos haciendo lo que otros (Menem, De la Rúa) ya hicieron? Este compacto explicatorio es bastante penoso: todo sucede como si el gobierno del Dr. Kirchner, munido de su retensión de representar "lo nuevo", sólo quisiera en realidad que se le acepten demasías que a otros se les habrían permitido.
Los decretos presidenciales que desvalijan al Congreso y lo vacían de significado permanecerán ahora vigentes mientras ambas cámaras del Congreso no los repudien, una instancia casi impensable hace poco y que garantiza que esas herramientas depoder imperial no puedan ser removidas por el poder legislativo, en donde reposa la voluntad popular.
De tal modo, el Gobierno se asegura la sanción "ficta" de normas que sin ser leyes, subsisten en la gestión solo porque el oficialismo de turno tiene la capacidad de evitar que sean revisadas.
La Primera Dama predicaba todo lo contrario en 2002, cuando presentó un proyecto de reglamentación de estos decretos que incluía una cláusula de la que ahora graciosamente reniega: en aquel entonces, cuando su marido estaba lejos de la Casa Rosada y todavía no había sido catapultado al poder por Eduardo Duhalde, ella proponía que si en 30 días ambas cámaras del Congreso no convalidaban un decreto de necesidad y urgencia, estos cayesen irremediablemente.
Vieja como la Argentina, la maníaca tentación de acaparar el poder se remonta a los orígenes nacionales.
Rosas obtuvo la suma del poder público cuando la Confederación era una muchacha quinceañera. Por eso, en su artículo 29, la Constitución Nacional prescribe taxativamente que el Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo ni facultades extraordinarias ni la suma del poder público. Si así lo hiciera, la Constitución determina que son medidas destinadas a una "nulidad insanable" y que los que las promulguen son "infames traidores a la Patria". No son conceptos ni palabras afeminadas. Son argumentos acerados, contundentes, producto de la caída de Rosas y símbolo de la voluntad democrática y republicana de los constituyentes de 1853.
Resulta inocultable que el Gobierno ha ido consiguiendo validaciones vitalicias para su ansia de poder irrestricto.
Cuenta para ello con una formidable y activa participación de sus legisladores, en los que no es imaginable hoy la emergencia de cuestionamientos y alternativas como los que encarnó el Grupo de los Ocho ante Menem en 1990.
Hay, por tanto, un deseo sincero en el Gobierno: su voluntad de no consensuar nada. Ha entendido al 40 por ciento de octubre de 2005 como la muerte de la oposición política y, consiguientemente, la habilitación para procurar, en nombre de ese supuesto "mandato", todo el poder que pueda detentar con la excusa de la ya mítica "gestión", una pretensión bastante opinable, a juzgar por la tasa de realización verdadera de sus descomunales anuncios de escuelas y viviendas, ahora superados por el lanzamiento del tren bala.
Como para el Gobierno no hay nada que consensuar con quienes opinan diferente, los decibeles de la guerrilla contra el periodismo ya son ensordecedores. De manera cotidiana, el Presidente y la Primera Dama desperdigan vitriólicos ataques contra los medios de información, juzgados como ineptos, reaccionarios y -además- corruptos.
En las últimas semanas, además, el Gobierno ha venido relamiéndose con un arsenal de típica impronta "chavista". Una y otra vez, el presidente Kirchner confronta dialécticamente "libertad de prensa" con "libertad de empresa" y azuza a los periodistas con un lenguaje clasista, para que se pronuncien en contra de lo que piensan los dueños de los diarios, revistas, radios o canales de TV para los que trabajan. Juega con fuego. ¿Puede hoy, acaso, opinar en sentido diverso al de la Casa Rosada un periodista que trabaje en Radio Nacional, en Canal 7 o en la agencia Télam?
El problema con el tren bala es que, en las condiciones de la Argentina real, puede volcar fácilmente.
www.pepeeliaschev.com.ar pepebis@arnet.com.ar
