Una preocupación que crece, "desinteligencias" y tiempos
por Marisa Alvarez

La Plata (Especial para NA, por Marisa Alvarez) -- Mientras el Gobernador apela ya a formulaciones dramáticas para describir las dificultades económicas del Estado provincial, en los municipios del Conurbano la situación de sus propias finanzas terminó por convertirse también, en este arranque de la segunda mitad del año, en la preocupación más fuerte.

"Así es muy difícil gobernar", dijo -nada más y nada menos- Felipe Solá hace unas horas. Hablaba de los recursos con que contará hasta fin de año, de acuerdo al Presupuesto y las variantes posibles sobre esas cuentas (salvo, por supuesto, ayudas extras de la Nación que por ahora siguen enmarcadas en duras negociaciones).

Volvía así, sumando incluso un inquietante tono de dramaticidad, al planteo que viene formulando desde hace tiempo, a partir de números que indican que el déficit de este año rondará los 1.500 millones de pesos y que, en el mejor de los casos y luego de apelar a algunos "recursos técnicos", se traduciría en un faltante en la caja de unos 1.000 millones. Un planteo que había abandonado efímeramente días atrás, cuando afirmó en público que el ejercicio 2006 iba a cerrar con un empate entre ingresos y pagos.

Pero el Gobernador hablaba también de los años por venir. Las primeras aproximaciones oficiales al Presupuesto provincial de 2007 refieren a una situación aún más grave -un déficit más elevado- que la que se está afrontando en este ejercicio.

Por eso, aludiendo a la problemática estructural de la economía bonaerense, Solá hizo otra vez eje en el sistema de coparticipación de los recursos nacionales con las provincias, subrayando que en ese reparto Buenos Aires recibe el 20% para atender al 38% de la población total del país.

El mismo tipo de preocupación, enfocada en sus propias cuentas, ha ido creciendo en los municipios del Conurbano. Es que los temores empezaron a hacerse realidad. Algunos intendentes de esa región tuvieron que pedir un adelanto de los fondos que les corresponden por la coparticipación provincial de recursos, para poder pagar el aguinaldo a sus empleados a principios de este mes.

Postergaron un estallido pero no solucionaron nada. El monto recibido por esa vía les será restado de los próximos envíos de fondos.

El ahogo en los municipios del Gran Buenos Aires crece, por lo demás, sin indicios de mejoría en la relación política e institucional de los intendentes con la Gobernación; una relación en la que el hecho de pertenecer todos al mismo espacio kirchnerista no parece servir de nada.

Y no faltan tampoco los motivos de nuevas discordias. La semana pasada, por caso, los intendentes recibieron como un baldazo de agua fría la decisión del gobierno de Solá de concretar por decreto el traspaso a los municipios de los trámites que realizan las comisarías.

Es que esa medida se iba a disponer mediante una ley, que aprobó ya el Senado, y en ese marco hace un par de semanas el ministro de Seguridad León Arslanián -el impulsor de la transferencia- se reunió con diputados y con intendentes que plantean la imposibilidad de que las comunas asuman esa tarea, y todas las partes sellaron el compromiso de sacarle de encima ese trabajo administrativo a la Policía pero también de no traspasarlo a los municipios sino a otros ámbitos públicos.

Es cierto que el decreto -que prevé que el nuevo esquema funcione desde el 1§ de agosto, otro punto que irrita a los intendentes- no transferirá a las comunas todos los trámites que ahora hacen las comisarías. Los vinculados a extravíos de documentos, por caso, quedarán a cargo de las delegaciones del Registro de las Personas, un organismo provincial. Pero se había analizado que la confección de actas de choque fuera transferida a los Registros del Automotor, y en la disposición que se apresta a firmar Solá ese trabajo es traspasado a los municipios.

Ocurre que esos Registros, aunque "tercerizados", pertenecen a la órbita de la administración nacional y obviamente el gobierno provincial no puede endosarles unilateralmente funciones. Sin embargo, sí podría pasarles los trámites por los choques como resultado de un acuerdo con esos organismos.

Por supuesto, en la base de ese tironeo también están las dificultades financieras de los municipios. Sobre ellas -remarcan los intendentes-, para hacerse de los trámites que quiere transferirles el gobierno provincial, necesitan espacios físicos y empleados: más gastos.

En este escenario hubo en los últimos días algún avance en las conversaciones entre los gobiernos nacional y provincial vinculadas a los aportes federales. En rigor, al menos se reanudaron -después de varias semanas de teléfonos que sonaban en el despacho de Felisa Miceli pero no eran atendidos- los contactos entre los ministerios de Economía.

Con todo, por ahora la Casa Rosada estaría analizando aliviar la situación bonaerense mediante algún mecanismo de auxilio directo a los municipios. Una alternativa que, desde ya, en nada aliviaría el agujero negro de mil millones que, por ahora, amenaza con formarse en las cuentas de la administración provincial.

Mientras tanto, las "desinteligencias" en la relación entre el Poder Ejecutivo y los bloques legislativos del propio oficialismo volvieron a hacerse evidentes en los últimos días.

Es, en rigor, un tema históricamente delicado, en la medida que los gobernadores y sus ministros tienden a confundir la condición de oficialistas de los legisladores con la obligación de votar todos los proyectos del Ejecutivo de inmediato y a libro cerrado, en una suerte de obediencia ciega que no se condice con la republicana división de Poderes que establece la Constitución.

Tan cierto y usual como que los legisladores del oficialismo, lejos de centrar la mira en los términos y los efectos de la ley que esté en juego, se tienten con utilizar las iniciativas del Ejecutivo en tironeos que les permitan marcar su territorio y su peso en el esquema de poder.

Con todo, lejos de debates lógicos y necesarios sobre leyes referidas a cuestiones trascendentes para la vida de los bonaerenses, en el Ejecutivo se preguntan por qué fue justamente un diputado del FpV el que presentó un pedido de informes sobre el viaje del presidente del Banco Provincia, Martín Lousteau, a Alemania en los días en que se disputaba allí el Mundial de fútbol.

Y se preguntan también por qué los diputados del FpV, en una decisión tomada por la jefatura del bloque, levantaron el miércoles último la mano para aprobar un pedido de informes presentado por el radicalismo sobre la renovación de las licencias de los bingos que impulsa Solá. Se lo pregunta hasta la propia oposición.

Se trata sin duda de una decisión controvertida, en la medida en que dispone la renovación de las concesiones de explotación de esas salas que vencen en los próximos años. Y es entonces discutible si las licencias deben licitarse o renovarse a sus actuales titulares. En la operación debería preverse también un eventual aumento del canon que se paga por la explotación de las tragamonedas, que se ubica en el 34% frente a niveles que en otros países se eleva hasta el 50%.

Pero también es indudable que la aparición de presiones y maniobras en contra de la medida que impulsa la Gobernación, desde los sectores del juego vinculados a Roberto Lafont, el famoso Lujanero, al dirigente de agencias hípicas Alfredo Martínez y a sus "operadores" históricos, abren sospechas sobre la posible existencia, en la vereda de enfrente, de otros proyectos, de índole inquietante.

En suma, en la Gobernación prevén consultas y debate sobre la ley que sería girada a la Legislatura por ese asunto, pero no terminan de "entender" que el oficialismo haya aprobado un anticipado pedido de explicaciones presentado por la oposición.

"Será porque los bloques, en especial el de diputados, están partidos en mil pedazos", razonaba al cabo de la semana un dirigente bonaerense que mira el escenario desde un despacho del gobierno nacional.

Y la semana no pasó, por supuesto, sin nuevos aportes al capítulo del objetivo reeleccionista del Gobernador.

Dejando de lado la consigna que había impartido hacia adentro del propio felipismo de "no hablar" públicamente del tema, Solá sorprendió al contar que el presidente Kirchner le había anticipado que, si la justicia lo declara habilitado para buscar la reelección, "me apoyará". Y volvió a decir sin vueltas "quiero" cuando le preguntaron si aspira a ser candidato a un nuevo mandato.

Pero también puso ahora en signo de interrogación Solá algo que ya había sido anunciado como decidido: que hará los planteos necesarios para que la justicia defina formalmente si la Constitución lo habilita o no para un nuevo mandato. "Estoy estudiando pedirla", dijo acerca de esa definición legal.

Y aparecieron nuevos elementos para cierta contradicción acerca de "los tiempos" de este proceso entre la Presidencia y la Gobernación, que ya se han comentado aquí. Mientras fuentes confiables de la Casa Rosada aseguran que la "rapidez" que Kirchner le pidió a Solá para la averiguación sobre sus posibilidades constitucionales "tiene plazo: el 30 de agosto", el mandatario bonaerense dijo el viernes sobre la misma cuestión: "ya el año que viene vamos a hablar bien".