El ministro de Interior, Aníbal Fernández, afirmó ayer que el Ejecutivo impulsará "una legislación adecuada" que regule la comercialización de cobre en Argentina y la exportación de chatarra de ese material, tras conocerse ayer el robo de más de 2500 kilómetros de cables eléctricos y telefónicos en lo que va del año.
"La ley está entrando al Congreso la próxima semana", afirmó Fernández en declaraciones radiales, al ser consultado acerca de las acciones que tomará el Estado nacional ante los casos de robos de cables de cobre.
En ese sentido, el titular de la cartera política remarcó que se trabaja "fuerte con dos cosas: una, lo que puede significar el delito propiamente dicho, y la otra es la prevención".
Para ello, adelantó la voluntad de contar con una "legislación adecuada que impida la comercialización en el propio territorio y la exportación de la chatarra o de la aleación de cobre o de aluminio sin mostrar, en los dos casos, un certificado que demuestre la legalidad fiscal del origen de la mercadería".
"Es decir, que pueda demostrar fehacientemente que eso fue comprado a alguien, y por eso está produciendo la chatarra o por eso está produciendo la aleación", precisó.
Ayer, la Defensoría del Pueblo de la Nación informó que más de 2500 kilómetros de cables eléctricos y telefónicos de cobre fueron robados en los primeros siete meses de este año en todo país.
Ante ello, Fernández dijo que existieron "complicaciones muy severas, no solamente en comunicaciones sino también en empresas de telefonía de cable, y además en trenes", como consecuencia de los robos.
"Nos parecía que era una propuesta formal y concreta por parte del Estado un cambio en la legislación que desalentara por completo la participación en el mercado de exportaciones y en el mercado interno", señaló.
