El reclamo que llevan adelante presos de diversos penales bonaerenses se agudiza: ya son 20 las unidades en la que los reos llevan adelante huelga de hambre -medida iniciada el 21 de septiembre en la U9- por irregularidades en sus situaciones judiciales y sus condiciones de detención, informaron fuentes del Colectivo La Cantora y el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Además, internos de dos penales federales se sumaron a la medida.
Las fuentes precisaron que, a 12 días de iniciada la huelga en la Unidad Penal nº 9 de esta capital, los detenidos diversificaron el reclamo hacia los tres poderes del estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y al Poder Legislativo Nacional, por "la demora innecesaria y denotada en el agravamiento de las situaciones legales de los internos", explicaron.
Azucena Racosta, titular del Colectivo La Cantora -que asiste a internos de Penales Federales y provinciales-, señaló que "se sumaron a la huelga los internos del complejo (Penal Federal) 1 y 3 de Ezeiza", convirtiéndose de esta forma en "los primeros del Sistema Penal Federal que se pliegan a la medida", resaltó.
Según explicaron, los presos de las unidades que se han sumado en forma total o parcial a la medida iniciada por los internos de la Unidad 9 de La Plata, además de los de la Unidad Nº 21 de nuestra ciudad son: "la Unidad nº 1 de Lisandro Olmos; la U6 de Dolores; U7 de Azul; U4 de Bahía Blanca; U8 y 33 de Los Hornos. También se sumaron: internos de la U30 de Gral. Alvear; U24 de Florencio Varela; U38 de Sierra Chica; U37 de Barker; U28, U35 y 36 de Magdalena; U17 y U18 de Gorina; U42, 43 y 45 de Melchor Romero y la Unidad 15 de Batán".
La medida de fuerza nació a partir de los reclamos de parte de los internos para la agilización de los procesos judiciales, ya que -según denuncian- "el 70 por ciento de ellos se encuentran en condición de procesados" -sin condena firme- y "la mayor parte de ellos (por los procesados) se encuentran en esta situación desde hace más de ocho años, llegando a haber casos de internos con 30 años privados de la libertad sin condena firme", denunciaron.
El reclamo a los tres poderes
Según señalaron las fuentes a través de un comunicado, los internos exigen a la Suprema Corte de Justicia "la declaración de inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal y la plena y preferencial aplicación de la Ley Nacional 24.660 por sobre la Ley provincial 12.256", lo que otorgaría beneficios como salidas transitorias; regímenes de semilibertad que posibilita a los internos salir a trabajar con supervisión y de la ejecución de los períodos de libertad condicional y asistida.
La plena y preferencial aplicación de esta ley se exige por sobre la Ley de Ejecución Penal Bonaerense Nº 12.256. En tanto, a la Cámara de Casación Penal los internos exigen la realización de plenarios, sobre la Inconstitucionalidad de la Ley Provincial 12.405 - conocida como "Ley Ruckauf" que aplicaba prisión preventiva automática a cualquier posible sospechoso de comisión de delito-; la fijación del plazo expreso para el cese de la Prisión Preventiva y sobre los Informes técnico-Criminológicos de carácter arbitrario que realiza el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
