La Plata (Especial para NA, por Marisa Alvarez) -- No hubo contratiempo que pudiera con el clima de optimismo, euforia y excitación que se instaló en la Gobernación en los últimos días, más precisamente desde el instante en que se supo que en la Casa Rosada habían levantado el teléfono para dar la orden que pondría en marcha el objetivo reeleccionista de Felipe Solá de "la Mejor manera": de la mano del "partido del Presidente".
La movida comenzó a acelerarse hace dos semanas. "Averigualo rápido", le venía diciendo el Presidente al Gobernador desde que -cuatro meses atrás- Solá hizo pública su intención reeleccionista y, admitiendo que la interpretación generalizada de la Constitución dice que no está habilitado para otro mandato consecutivo, informó que iba a pedir una "declaración de certeza" sobre su situación.
Así, a comienzos de este mes, durante un acto en Tres de Febrero, Kirchner volvió a la carga. "Mientras lo tuyo siga indefinido los demás no se pueden mover, y no podemos llegar a fin de año sin candidato", le dijo el Presidente en la trastienda de ese acto.
En rigor, según fuentes calificadas de la Casa Rosada, por episodios de duro impacto político que transcurren por estos tiempos, en la Presidencia hubieran preferido que la movida se pusiera en marcha dentro de dos o tres semanas, hacia mediados de noviembre. Pero, a partir del "mensaje" de Tres de Febrero fue el propio Solá el que apuró los tiempos y puso a sus equipos técnicos -comandados por dos ministros, Eduardo Di Rocco, de Justicia, y León Arslanián, de Seguridad- a "cerrar" el diseño de la estrategia legal.
ULTIMOS RETOQUES DE LA ESTRATEGIA
Ya estaba definido a esa altura que el planteo no se iba a elevar a la Suprema Corte sino a la Junta Electoral. Y a partir de allí se descartó formalizar antes la convocatoria a los comicios por los cargos provinciales.
Una medida que, en el criterio de algunos asesores de la Gobernación, era imprescindible porque la Junta Electoral funciona en el marco de un proceso electoral expreso y determinado, pero que otros consideraron evitable por tratarse de un pedido de "declaración de certeza" y no de habilitación formal de una candidatura.
Los técnicos de Solá consideraron inevitable, en cambio, cumplir con el inciso 2 del art. 59 de la Constitución provincial, que dispone que los partidos políticos tienen "la competencia exclusiva para la postulación de los candidatos a cargos públicos electivos". Y -aunque, como ellos sostienen, no se trata de la presentación de una postulación sino de una consulta sobre si el "ciudadano Solá puede o no ser" candidato- concluyeron en que el planteo debía ser elevado por una fuerza habilitada electoralmente.
Opinaron entonces los asesores políticos, que en principio pensaron en el Polo Social, uno de los partidos chicos que integraron el Frente para la Victoria en el 2005. La mayoría de ese equipo, sin embargo, aconsejó "ir por más" y la Gobernación decidió jugar la apuesta de máxima: obtener el visto bueno para presentarse por el Partido de la Victoria.
Es el PV también, en cantidad de afiliados y por estructura, un "partido chico". Poco más que un sello, presidido a nivel nacional por la titular del Pami, Graciela Ocaña, y en la Provincia por el senador bonaerense Aldo San Pedro.
De hecho, el grueso de los candidatos (y la organización) en los comicios de 2005 lo aportaron -formalmente, como "extrapartidarios"-, los dirigentes del PJ que se sumaron al proyecto presidencial. Pero en términos políticos, y sobre de todo de cara a la compleja interna oficialista, el PV tiene en estos tiempos un valor incalculable: es el partido de Néstor Kirchner.
DECISIONES Y ADVERTENCIAS
Se iniciaron así gestiones en la Casa Rosada, que concluyeron el jueves pasado cuando Alberto Fernández -habitual transmisor de las decisiones del Presidente- llamó a San Pedro para anticiparle que el Gobernador le iba a pedir que elevara, como titular del PV bonaerense, la consulta por la reelección. Y le dijo que, en consecuencia, se juntara con Solá para definir cómo se iba a concretar la presentación. Esa reunión se hará mañana cuando -se supone- quedará todo listo y firmado para que el martes el escrito esté ya en manos de la Junta Electoral.
Es cierto que desde la Casa Rosada le pidieron a Solá que no instale este "préstamo" del sello partidario como una "evidencia de apoyo del Gobierno" a su candidatura. "Si no, nos corremos", advirtió el interlocutor -nuevamente Alberto Fernández-, en línea con la postura que Kirchner aspiró a dejar en claro desde el comienzo de esta movida: que "la situación constitucional del Gobernador se dirima en la justicia sin ningún tipo de ´interferencia´, a favor o en contra", de la Presidencia. Y Solá empezó a cumplir. El viernes confirmó a periodistas que el PV hará el planteo ante la Junta Electoral y señaló sin que nadie se lo preguntara: "no soy el candidato de Kirchner".
Y en línea con la advertencia, en el círculo estrecho del Presidente se reafirmaba este fin de semana, según voceros calificados, cierta convicción que ya se manejaba en el arranque de la movida: que la interpretación felipista de la Constitución "sería forzada" y que por lo tanto "no pasaría" el filtro judicial.
GESTOS Y CLIMAS
Pero hay gestos que tienen fuerza propia, frente a los cuales de poco valen los intentos de inflarlos o de menoscabarlos. La autorización a Solá para presentar su consulta por el Partido de la Victoria se "lee" de una sola manera en términos políticos: como un "aval fuerte" del Presidente al intento del Gobernador.
Así, en un clima de euforia inocultable por ese gesto -"ya ganamos la batalla política dentro del kirchnerismo", evaluaba este fin de semana un felipista- y de marcado optimismo sobre la suerte que correrá la consulta en la Junta, la estrategia reeleccionista de Solá se pondrá efectivamente en marcha en las próximas horas. Se explayará entonces de lleno un debate que hasta ahora apenas despuntó.
EL DEBATE QUE SE VIENE
Saben en el felipismo que los primeros cuestionamientos vendrán desde el flanco legal. En el PJ ya anticipan que darán esa pelea. Sostienen, desde ya, que la Constitución no permite otra reelección de Solá. Pero, más allá de eso, entienden que la Junta Electoral es un "ámbito incompetente" para definir la cuestión. "Un asunto de interpretación constitucional sólo puede ser dirimido por la Suprema Corte", creen. Y vuelven sobre la Junta para decir que "ni siquiera está en funcionamiento, porque sólo funciona cuando un proceso electoral está en marcha, y acá ni siquiera se ha convocado a elecciones para activar el cronograma".
La Junta Electoral es un organismo cuya creación está ordenada por la Constitución (art. 62) dentro del capítulo "Régimen electoral" y no forma parte del Poder Judicial provincial. Se establece allí que sea integrada por los presidentes de la Corte,del Tribunal de Cuentas y de tres Cámaras de Apelación de La Plata, para cumplir funciones tales (art. 63) como "formar y depurar" los padrones, designar las autoridades de las mesas de votación y realizar los escrutinios (aunque esas dos tareas las cumple la justicia electoral nacional cuando los comicios se superponen) y diplomar a legisladores y concejales.
Adjudicada por ley, la Junta tiene también la función de recibir y oficializar las listas de candidatos a cargos bonaerenses. Para ello, debe evaluar si los postulantes cumplen con los requisitos (edad, domicilio o lugar de nacimiento, etc.).
¿LA CORTE O LA JUNTA? ¿O LAS DOS?
En este marco, Solá se planteó inicialmente pedir "certeza" sobre su situación a la Suprema Corte. Pero luego sus asesores entendieron, por un lado, que el máximo tribunal podría contestar que, por no tratarse de una candidatura formalizada en un proceso electoral en marcha, la consulta sería "abstracta", y por el otro consideraron que, como la Junta es la que evalúa si los candidatos cumplen con los requisitos legales, es el organismo indicado para expedirse.
Las objeciones que ya circulan sostienen, en cambio, que el "problema" de Solá no es el cumplimiento o no de un requisito legal sino, como se dijo, una controversia en torno de una "interpretación constitucional" y que la "certeza" que busca el Gobernador es si "le asiste Derecho" o no para ser candidato. Y creen que, por lo tanto, el ámbito que debe dirimir la cuestión es, primero, "un órgano de la justicia", y luego, "específicamente la Corte". Y apuntan: si el asunto sería "abstracto" para la Corte por no estar abierto el proceso electoral ni tratarse de una candidatura formal, también lo sería para la Junta.
El felipismo defiende su postura en torno de esas discusiones, pero reconoce que finalmente -por apelación de Solá si "le va mal", o de la oposición si "le va bien" en la Junta- la controversia terminaría en la Corte.
OTRA VEZ LOS TIEMPOS
Y allí aparecen en juego los tiempos (que tanto importan a la Casa Rosada). Es que se estima que la Junta no se expediría hasta avanzado diciembre. Y para cuando el asunto arribara a la Corte llegaría la feria de enero y además en ese tribunal habría que hacer algunos movimientos.
Es que en la Corte, que tiene ocho miembros (y una vacante), debería excusarse su presidente, Francisco Roncoroni (por haber opinado como miembro de la Junta) y deberían designarse dos conjueces (el titular de la Casación, Federico Domínguez, y otro miembro, por sorteo, de ese tribunal). Así, siempre según cálculos del felipismo, no habría "última palabra" hasta marzo o abril.
LA SEMANA PASO
En la semana que pasó, mientras tanto, sin la menor de las pistas ni el más mínimo indicio, se cumplió un mes de la desaparición de Jorge López. Y pasó el 17 de octubre, con los incalificables episodios que rodearon el traslado de los restos de Juan Domingo Perón, y que alcanzaron al gobierno provincial -no sólo porque todo ocurrió en territorio provincial sino porque el escenario puntual, la quinta de San Vicente, es propiedad del Estado bonaerense- por la discusión abierta sobre las responsabilidades acerca de la seguridad del acto. Pero hoy es domingo. La semana ya pasó.
