Buenos Aires, (NA)- La Cámara de la Seguridad Social dispuso ayer que el 13 por ciento que fue descontado a los jubilados y empleados estatales desde julio de 2001 a enero de 2003, se reintegre en efectivo.
La Sala II del tribunal declaró «inaplicables por inconstitucionales las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del artículo primero del decreto 1819/02» y ordenó la medida.
Los camaristas Luis Herrero y Juan José Etala firmaron la resolución con la disidencia del colega Emilio Fernández en el marco de una causa iniciada por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
La resolución avala el fallo de primera instancia del juez Rodolfo Milano que había ordenado el reintegro en efectivo y no en bonos como había determinado el Estado.
De esta manera, la Cámara rechazó la apelación del Estado para quien el citado decreto «no priva a la parte actora de su crédito sino que sólo establece una forma de pago específica» por tanto no lo consideró inconstitucional.
El tribunal de la Seguridad Social entendió que «la intención del Estado de pagar con bonos las diferencias de haberes adeudadas importa en los hechos un claro apartamiento de la sentencia de esta sala, lo que reviste señalada gravedad dado que este último se sometió voluntariamente al proceso judicial y quedó sujeto a la jurisdicción del tribunal».
El Estado deudor intenta mediante el decreto 1819/02 «diferir en el tiempo» el reintegro del 13 por ciento descontado a jubilados y estatales, según se indicó en la resolución.
El segundo parrafo del art. I¦ Del decreto en cuestión «resulta inaplicable» en tanto ordena el pago de las sumas adeudadas mediante títulos de deuda pública. «No es razonable ni equitativa la novación de la obligación de dar sumas de dinero en restitución de los montos descontados ilegítimamente de los haberes de la clase pasiva». «En mérito al sustancial cambio operado en las variables de la economía y al envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones que el mismo trajo aparejado deviene inaplicable en la presente causa el decreto 1819/02». «Hemos llegado a la situación de virtual quiebra del Estado porque los gobiernos de las últimas décadas ejercieron desorbitadamente el poder saliéndose de los carriles que fija la Constitución», concluyeron los camaristas Etala y Herrero.
