Buenos Aires (especial por Pepe Eliaschev para NA) -- Las cifras impactan, incuestionables: la economía de la Argentina aumentó su velocidad de crecimiento y aumentó al 8,7 por ciento en el tercer trimestre del año, comparado con el 7,7 por ciento del segundo. Solo en maquinaria, la inversión creció un 22,4 por ciento y el producto bruto interno del año que viene aumentaría del 7,5 al ocho por ciento.
En los primeros nueve meses de 2006 la economía argentina progresó el 8,4 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los analistas más fiables para la City porteña pronostican para todo este 2006 que agoniza un crecimiento no inferior al 8,4/8,5 por ciento, solo décimas por debajo del nueve por ciento alcanzado en 2003, 2004 y 2005.
En 2003 se creció a 8,8 por ciento; en 2004, al nueve por ciento, y el año pasado, al 9,2 por ciento.
Para el año próximo, se estima que la economía nacional progresará entre el 7,5 y el ocho por ciento.
En el tercer trimestre la industria creció el 9,2 por ciento y la construcción el 17,6 por ciento.
La inflación medida por el índice de precios implícitos en el valor agregado, criterio más amplio que el índice de precios a consumidores (IPC), se expandió un 13,4 por ciento entre el tercer trimestre de 2005 y el mismo período de este año, un ritmo superior al del IPC.
"La inversión viene bien", proclama Daniel Artana, que fue secretario de Hacienda de Ricardo López Murphy en el gobierno de de Fernando de la Rúa. Pero no hace concesiones necias y advierte que "aún los márgenes son buenos, pero se van achicando. Con este momento tan excepcional en América latina, la inversión debería ser más. Crecemos más del ocho por ciento porque aún hay capacidad ociosa y desempleo alto, pero con una tasa de inversión del 22,8 por ciento del PBI en el tercer trimestre vamos a ir convergiendo a un crecimiento del cuatro ó 4,5 por ciento en 2008". Artana es economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
Rogelio Frigerio, integrante de los equipos económicos del gobierno de Carlos Menem, subraya que se están comprando maquinarias importadas, "de mayor calidad, debido a la rentabilidad de algunos sectores impulsada por el tipo de cambio y las expectativas favorables de crecimiento".
Si se evalúan la situación argentina en vísperas de la Navidad de 2006 respecto de otros momentos decisivos, el nivel de actividad (indicador parecido al del PBI), llegó en el tercer trimestre del año a un 43,9 por ciento arriba del mínimo verificado en la calamidad nacional de 2002, y un 14,9 por ciento superior al máximo conseguido en junio de 1998 (gobierno de Menem), siempre considerando precios constantes (ajustados por inflación), enfatiza la oficina de Felisa Miceli.
Son números que radiografían la recuperación argentina desde que tocó fondo en ese trágico verano de 2002.
Si se mide el impacto del aumento "macro" en los ingresos individuales, el PBI por persona creció respecto del segundo trimestre de 1998 un seis por ciento y en relación con principios de 2002, mejoró un 38,1 por ciento, dice el Gobierno.
Sin embargo, para la Casa Rosada la Argentina debe seguir viviendo en emergencia económica, pese a los números deslumbrantes que acaban de fatigar al lector de esta columna.
Estamos cada vez mejor, dice el Gobierno, pero pide al Congreso una ley que siga promulgando la emergencia. Tampoco admite la crisis energética, pese a los cortes de la semana pasada, que produjeron aislados y pequeños, pero innegables cacerolazos barriales en la Capital Federal.
"No hay problemas de generación de electricidad", se defiende el presidente de Edenor, Alejandro Macfarlane, aun cuando el Gobierno plantea bajar la producción industrial por insuficiente generación ante la demanda.
Quienes analizan las cuestiones arduas de la Argentina sin oportunismo ni concesiones demagógicas, admiten que Kirchner ha sido galardonado hasta el presente con una racha positiva de la que no disfrutaron otros gobiernos.
La influencia de la corporación sindical en el poder político ha significado para el Presidente no ser castigado con sabotajes a algunas usinas, vivió en carne propia De la Rúa.
Ya en vísperas de 2007, la capacidad instalada sin utilizar que exhibe el sector industrial se ha reducido. Dicen los técnicos que la evolución de la inversión pasa a ser ahora un componente cada vez más vital.
Los analistas prevén que el crecimiento de este año dejará un "arrastre" no inferior a los tres puntos para 2007.
Pero si los números industriales parecen vigorosos y saludables, conviene tomar nota de que el sector que más creció en este último período ha sido el de "intermediación financiera" (los bancos), que exhibe un progreso del 21 por ciento.
Es imposible comprender de modo racional para qué, entonces, el Gobierno le arrancó al dócil oficialismo en Diputados una nueva prórroga de la hoy insostenible emergencia económica. En la más difícil votación en mucho tiempo, el kirchnerismo ganó la votación, pero con un resultado poco promisorio: 124 a 87, con 44 diputados ausentes. El resultado mostró escenas ilustrativas y dignas de ser consideradas.
Patricia Vaca Narvaja votó de la mano con Graciela Camaño; José María Díaz Bancalari lo hizo junto a Jorge Landau; Francisco "Barba" Gutiérrez se alineó con Mabel Muller; Héctor Recalde asoció intereses con Juan Manuel Urtubey; Osvaldo Nemirovsci se manifestó del mismo modo que Mirta Pérez; Eduardo "Borocotó" Lorenzo votó en comunión espiritual con Francisco Delich; Diana Conti fue junto a María del Carmen Rico (la hija de Aldo); el dirigente de CTA Edgardo Depetri se puso del lado de Oscar Rodríguez, jefe de la SIDE en el gobierno de Eduardo Duhalde. Y Remo Carlotto no tuvo problemas en votar asociado a Carlos F. Ruckauf, lo mismo que le pasó a Juliana Marino con Hugo Toledo.
Es el mejor momento de Kirchner. Así lo acreditan las mediciones de popularidad, para las cuales el 60 por ciento de los argentinos se siente muy cómodo con el Presidente.
Sin embargo, los 87 votos en Diputados contra la exasperante emergencia económica revelan que, fragmentada y todavía confusa, la oposición tiene denominadores comunes nada desdeñables. Votaron juntos y en el mismo sentido Hermes Binner y Eduardo Camaño, Juan José Álvarez y Elisa Carrió, Francisco De Narváez y Jorge Vanossi, Eduardo Adrián Menem y Roberto Iglesias, además de peronistas como Marina Cassese y Jorge Sarghini, el jefe del bloque UCR, Fernando Chironi, la juecista cordobesa Norma Morandini, el porteño macrista Federico Pinedo, la santafecina María del Carmen Alarcón y el radical Pedro Azcoiti.
El Presidente, reanimado por su popularidad, tuvo, sin embargo, algunos traspiés en el Congreso. Esos escollos dan que hablar. El proyecto del hijo de Estela Carlotto y del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, de colocar al Instituto de Datos Genéticos exclusivamente al servicio de causas políticas en las cuales los victimarios hayan sido terroristas de Estado parece naufragar al incrementarse las acusaciones de connivencia con laboratorios privados. La idea fue rechazada en Diputados por todos los bloques, el oficialista incluido.
Además, Julio De Vido, que había conseguido que el Senado aprobara nuevo marco legal para la empresa estatal de agua, así como la liquidación del ente regulador ETOSS, no logró que Diputados hiciera lo mismo, un fracaso llamativo.
Para algunos, esta derrota le revelaría al kirchnerismo que no puede "sacar" cualquier ley del Congreso, como viene siendo la regla. Y como si estas amarguras no fueran suficientes, un pedido
de Kirchner que no lucía muy importante (emitir 1.300 millones de pesos más en bonos para pagar juicios a jubilados y proveedores), terminó mostrando que, entre los pliegues, había un pago a hacer con esos bonos por 598 millones de pesos destinados a la quiebra del Grupo Greco de Mendoza. El oficialismo tuvo que dar marcha atrás. Así se llegó a una decisión sin precedentes: diputados y senadores oficialistas y opositores ordenaron en 48 horas frenar el permiso para que la Casa Rosada emita esos bonos destinados a pagar la deuda e investigar el pago que el Poder Ejecutivo ya había resuelto.
Los radicales, al preguntar por qué el Estado debe pagar 598 millones de pesos a la quiebra de ese ex grupo mendocino, habían reclamado constituir una comisión legislativa para investigar el origen y legitimidad de tal deuda estatal con los hermanos Greco.
Aprobada por Diputados para cancelar deudas con jubilados que tenían sentencia judicial firme, y a ex trabajadores de YPF, la ley también incluía inadvertidamente una planilla con pagos por 710 millones de pesos asignados a "pago a proveedores". Y ahí se supo, gracias a la denuncia opositora, que en ese rubro se incluían pagos de 123,6 millones de pesos a José, Oscar Francisco y Héctor Osvaldo Greco, 61,8 millones d e pesos a Libertad y Jorgelina Bassil en partes iguales, y 104,4 millones de pesos a Margarita G. de Greco.
¿Se va convirtiendo en serio la Argentina en un país en serio?
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