La Plata (Especial para NA, por Marisa Alvarez) -- El reinicio de las negociaciones salariales con los docentes y la adopción de medidas para enfrentar el preocupante aumento de accidentes en las rutas vinieron a marcar, en la tercera semana de enero, el fin del letargo típico de la época de vacaciones y el arranque del año en la administración bonaerense.
Pero también la política estricta se va mostrando crecientemente agitada, en especial en las siempre revueltas aguas de la interna del oficialismo, donde ahora el round principal pasa por posicionarse en lugares visibles para la hora en que Néstor Kirchner defina al compañero/a de fórmula de Daniel Scioli para la gobernación.
Las discusiones paritarias con los docentes se reiniciaron en un marco de marcada voluntad y esfuerzos de las dos partes para completar este tramo decisivo sin las rispideces y los cruces que colocaron al gobierno provincial y a los gremialistas -a Roberto Baradel, en particular- al borde de los agravios a fines del año pasado.
Fue notorio, centralmente, el objetivo compartido de llegar a un acuerdo sin episodios de tensión extrema en el medio, como el que significaría que las clases comenzasen con paros.
UN ACUERDO ATADO A RECURSOS NACIONALES
Pero no será ése, sin embargo, un objetivo fácil de conseguir.
Las cartas principales ya fueron puestas sobre la mesa. Aunque hay variantes para discutir y acordar -por ejemplo, que el aumento total se pague en etapas-, los gremios quieren 1.000 pesos de básico (ahora está en 840) "más la inflación" de este año: pretenden que el sueldo inicial de maestro de grado ronde entre 1.100y 1.150 pesos, una base sobre la que se definirá el resto delos sueldos docentes. Y el gobierno bonaerense ya sacó cuentas y sostiene -con la mira puesta también en la recomposición que ya desde el año pasado reclaman todos los demás sectores de empleados de la Provincia- que "no puede pagar" ese aumento.
Así, en la Gobernación está tomada la decisión de requerir que parte del costo salarial de la Educación sea solventado con fondos de la Nación. En rigor, el planteo ya fue elevado a la ministra de Economía Felisa Miceli, y no sólo por los bonaerenses sino también, y conjuntamente, por varias provincias. Y en esta oportunidad -a diferencia de otras-, los funcionarios podrían contar con algún respaldo de los gremialistas en esa negociación.
Pero está claro que será un tema que, más tarde o más temprano, deberá ser conversado directamente con el Presidente.
EMERGENCIA Y RADARES
La emergencia vial fue decretada, en tanto, por el gobernador Solá en un marco signado por un estremecedor récord de accidentes y muertos en las rutas que abarca a todo el país, pero que en nuestra provincia marca el regreso de la principal vía de la Costa atlántica a la categoría de altamente peligrosa.
Desde el Estado bonaerense se creía superada esa pesadilla, a partir de la conversión de la ruta 2 en autopista. Es que, efectivamente, fue notorio y promisorio el descenso de la cantidad de accidentes graves cuando se terminó la remodelación de una ruta que había aportado las páginas más trágicas del capítulo de accidentes viales del país.
Pero ahora, aunque afortunadamente no se volvió a los tenebrosos índices de otras épocas -en las que eran comunes los choques de ómnibus, con decenas de víctimas-, hay un crecimiento preocupante de la cantidad y gravedad de los siniestros, que en el gobierno se asigna fundamentalmente a las altísimas velocidades que desarrollan automovilistas imprudentes, "propiciadas" -en una inconcebible malinterpretación de los beneficios- justamente por la conversión de una ruta angosta de doble mano en autopista.
Por eso, el paquete de medidas de la emergencia vial hace eje en la utilización de los radares de detección de velocidad, en un endurecimiento de las multas y sanciones que se apliquen por infracciones en las rutas y en la creación de una justicia de Faltas provincial que maneje todos esos asuntos.
Volverá así un sistema polémico, que hace casi una década fue suspendido por ley, cuando el manejo de los radares estaba a cargo de las comunas por las que pasan las rutas hacia la Costa y había abierto ácidas controversias. Centralmente, se consideraba que los equipos no estaban ubicados en lugares donde las altas velocidades generan mayores riesgos de accidentes, sino en sitios donde los conductores no alcanzaban a bajar a la velocidad "de repente" exigida, y era "cantado" que iban a estar en infracción.
UNA PROBLEMATICA COMPLEJA
Para resumirlo, a los radares se los llamaba "cazabobos" y se sostenía que el sistema era utilizado exclusivamente con fines recaudatorios -con los equipos ubicados donde las comunas se garantizaban miles de multas- y no por una política vinculada con el mejoramiento de la seguridad en las rutas. En este retorno de los radares, entonces, deberán ajustarse varias cuestiones para que los aspectos negativos de la experiencia no se repitan; al margen de que no puede tratarse de una medida aislada, si se apunta a un mejoramiento integral de la situación vial en la Provincia.
En sus autopistas, calles urbanas y caminos rurales también se registran altos índices de accidentes trágicos que hablan de la necesidad de muchos otros tipos de controles y, sobre todo, de la generación de una conciencia colectiva sobre esta problemática y de las responsabilidades de todos y cada uno. Y esa enorme tarea deberán desarrollarla, indefectiblemente, por cuestiones de "jurisdicción", los municipios, aunque en materia de campañas de educación y prevención, la Provincia también tiene un rol clave.
CONVERSACIONES PELIGROSAS
En otro plano, parecen ir quedando envueltas en una cada vez más compleja y enmarañada trama las vinculaciones que, de una manera u otra y, por razones diversas, han quedado establecidas entre funcionarios bonaerenses y el hasta ahora enormemente confuso caso del secuestro del militante del kirchnerismo de Escobar Luis Gerez.
Puertas afuera, se dejó saber que el gobernador Solá transmitió a dos funcionarios propios y a un diputado oficialista, todos ellos referentes del Movimiento Evita en el que milita Gerez, su "malestar" por su "alta exposición pública" desde que comenzó el caso. La versión aludía a las múltiples declaraciones públicas que el subsecretario de Gabinete de la Provincia, Emilio Pérsico, el jefe del bloque de Diputados del FpV, Chino Navarro y -en menor medida- el secretario de Derechos Humanos, Edgardo Binstock, realizaron desde que comenzó el caso.
Pero no traspasó las paredes de la Gobernación, donde se desarrolló la conversación de Solá con Pérsico, Binstock y Navarro otro aspecto más delicado de la cuestión. Por lo menos alguno de los tres "aparece" formalmente en la causa abierta por el secuestro de Gerez.
Es a raíz de comentarios "fuertes" -"inconvenientes" desde su rol de funcionarios del gobierno provincial que, de alguna manera, podría aparecer así como involucrado- que habrían realizado en conversaciones mantenidas con dirigentes del M-Evita de Escobar que tenían los teléfonos intervenidos en el marco de la investigación. Esos dichos figuran, ahora, en el expediente.
Cerca de estos funcionarios, de cualquier modo, se respira un clima más aliviado. Sostienen en esos ámbitos que en el segmento de la investigación con cabecera en el ministerio de Seguridad que conduce León Arslanián, las pesquisas "están muy avanzadas" y "probarían que tuvieron que ver con el secuestro ex policías y policías de Escobar cercanos a Patti".
Si esto es así, quizás el gobierno provincial no quede ajeno a las fuertes turbulencias que en el futuro se desencadenarían en torno del caso Gerez. Es que, como se sabe, otras líneas de la investigación trabajan a partir de fuertes sospechas sobre el rol jugado por el entorno de Gerez en todo el episodio.
MOVIDAS POR UNA CANDIDATURA VACANTE
Por lo demás, cuando menos se lo esperaba, desde el equipo de gobierno bonaerense también salió un "candidato a gobernador" que -kirchnerista como, obviamente, es el hombre-, se superpone con la virtualmente oficial postulación de Daniel Scioli.
El lanzamiento informal del titular del Astillero Río Santiago, Julio Urien, es, en rigor, parte de una jugada de algunos "grupos de izquierda" del kirchnerismo bonaerense, que no tiene apoyos en la Gobernación ni en el resto del gabinete de Solá. Y, para los observadores, es una movida en busca de posicionarse para el cargo vacante en la fórmula, el de vicegobernador.
Pero la de Urien y su Democracia y Liberación dista de ser la única movida que empezó a desplegarse tras ese objetivo.
Convencidos de que, junto a Scioli, Kirchner escribirá el apellido de algún dirigente "con perfil progresista", son incontables los sectores que aspiran a cubrir ese lugar. Y ruedan nombres, como los de los diputados Carlos Kunkel y Cristina Alvarez Rodríguez, por mencionar solo algunos.
"Al candidato/a a vicegobernador lo pondrá el Presidente", dicen, cuando se les pregunta si pretenden el espacio, en todos los grupos que se consideran "la izquierda del kirchnerismo". Pero, por las dudas, trabajan para estar en un lugar bien visible cuando Kirchner levante la vista y mire "la oferta", antes de completar la fórmula.
AUSENCIA
En la semana que pasó, por otra parte, se cumplieron cuatro meses de la desaparición de Jorge Julio López; cuatro meses sin noticias de este platense, testigo del juicio al represor Miguel Etchecolatz; cuatro meses sin pistas que permitan esclarecer el caso; cuatro meses de espera para una familia a esta altura desesperada.
