Tres de las empresas acusadas de contaminar el Riachuelo reclamaron que el plan sea descartado en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema. El eje de su estrategia consistió en apoyarse en las críticas contenidas en un informe de la UBA para descalificar globalmente el plan de Saneamiento. Muy distinta fue la posición de Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación, quien aprobó "las inspecciones y sanciones a industrias" y "la implementación de seguros ambientales", si bien criticó "la falta de precisión sobre cuándo se proveerán cloacas y agua potable" y comentó que "se avanza con el plan cada vez que hay una audiencia pública".
En la audiencia, el CELS, Greenpeace y la FARN criticaron "que no se otorga participación a la sociedad civil" y coincidieron con los peritos de la UBA en solicitar "un plan de salud activo" para la población afectada. Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación, "en respuesta a las precisiones requeridas por el informe de la UBA", informó sobre "las 1500 intervenciones efectuadas", recordó que hasta hace poco el Gobierno se limitaba a admitir las declaraciones juradas de las empresas y elogió a su equipo de inspectores, que recibieron capacitación psicológica porque "no estaban acostumbrados a las situaciones de violencia que se producen con los empresarios".
Las empresas que pasaron a la ofensiva son tres de los 11 depósitos químicos de Dock Sud, que funcionan en terrenos fiscales y a las que la Secretaría de Ambiente solicitó la presentación de planes para su reubicación.
El representante de la firma Antivari, Julio Comadira, argumentó que "a partir de los reparos que presentó la UBA, el Plan de Saneamiento debe ser descartado"; aseguró que "Antivari presenta un riesgo poco significativo" y que los inspectores de la Secretaría de Ambiente "fueron recibidas en un clima de cordialidad". Sostuvo que el traslado de la empresa "la condena al cierre" y mencionó "un petitorio que firmaron casi 1400 vecinos de Avellaneda para que no se cierren las empresas del Dock, de las que dependen". Patricio Volpe, representante de Orvol, denunció una "discriminación" contra la empresa "por no ser propietaria del predio que ocupa".
El Dr. José Luis Vázquez, abogado de Campana, representante de Tagsa, advirtió que "120 familias dependen de esta empresa" y que "la edad promedio de los empleados es 44 años; algunos hace 30 años que trabajan en Tagsa, que opera desde 1969", por lo que "no les resultaría fácil reinsertarse laboralmente". Las empresas solicitaron de la Corte "medidas cautelares" para evitar ser trasladadas.
El reclamo de las empresas tuvo lugar hacia el final de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema, la tercera sobre el tema. En la apertura, Picolotti había señalado que la Secretaría de Ambiente efectuó ya "1500 intervenciones en la Cuenca" y recordó que, antes de que se constituyera la Autoridad que preside, "simplemente se admitían las declaraciones juradas". A partir de las irregularidades constatadas en las inspecciones, "la empresa debe presentar un plan, que es revisado por los técnicos de la Secretaría: si éstos lo aprueban, se firma el plan de reconversión, que incluye plazos". Y puso como ejemplo a las curtiembres: "Hay 114, de las que 17 no tienen efluentes; de las otras 97, todas menos una presentaron planes de reconversión.
