Buenos Aires,(Especial para NA por Luis A. Gramuglia) -- Comenzaron los contactos entre el gobierno y las entidades agropecuarias para analizar los reclamos que éstas hicieron oportunamente.
Las demandas no son nuevas y se refieren a cuestiones impositivas y las retenciones, dos cuestiones que tienen a maltraer a los productores.
De todos modos, éstos no se quejan como en otras épocas porque admiten que las cosas no les va tan mal sin que esto suponga que todo está resuelto.
Mucho agua corrió bajo el puente en la última década, específicamente desde que se impusiera la convertibilidad y se decidiera que un dólar valía igual que un peso.
Es cierto que durante el gobierno menemista la producción agrícola creció de modo muy significativo y las inversiones tecnológicas en el campo aumentaron de una manera auspiciosa.
Pero muchos advertían sobre el enorme retraso cambiario que se estaba gestando. Estas voces, sin embargo, no fueron escuchadas hasta que a principios de 2002 se dispuso una brusca devaluación del peso que, en primer lugar, produjo un reacomodamiento de los precios internos de los alimentos que tuvo un efecto devastador sobre el grueso de la población.
El ex ministro Cavallo hablaba de una convertibilidad eterna, pero quienes pensaban diferente sugerían una transición ordenada hacia un esquema más realista que contemplara, precisamente, una flotación del tipo de cambio que sirviera para alentar las exportaciones y poner freno a las importaciones indiscriminadas.
Pero esto es parte de la historia reciente. Ahora, todos abogan por mirar al futuro sin que esto implique desconocer el pasado y mucho menos nuestro turbulento presente.
El campo necesita reglas de juego claras y estables. Así de sencillo. Un sistema tributario progresivo, inversiones en infraestructura y fuerte asistencia crediticia para fomentar la radicación de plantas de procesamiento en el interior.
Podemos producir 100 millones de toneladas de granos? Ciertamente, sí, pero no en el corto plazo. Llegamos a las 70 millones, pero millones de argentinos sufren las consecuencias de la pobreza y la indigencia.
En el país de los alimentos, de las tierras feraces, de la carne, de los variados climas hay quienes se mueren de hambre.
Por eso es preciso discutir una justa distribución de la riqueza.
La vez pasada leíamos un informe que señalaba que más de 100 mil productores fueron excluidos de la producción durante la ultima década.
La riqueza que producimos es un bien común; no es patrimonio de un sector determinado o del gobierno.
Es preciso, entonces, retomar la discusión entre el campo y el gobierno desde una perspectiva más amplia, más abarcadora. El IVA diferencial es una parte del problema.
Si el régimen impositivo continúa siendo regresivo, con tributos que se superponen, de nada vale reducir todo al IVA.
Si las tasas que se ofrecen por créditos que hoy no existen exceden la capacidad de pago de cualquier actividad productiva, habrá que analizar de que modo el crédito se pone al servicio de la producción y no de la especulación financiera.
Si las obras de infraestructura se demoran, las indundaciones seguirán siendo una verdadera catástrofe y para ello basta observar lo ocurrido en Santa Fe o lo que cíclicamente sucede en el noroeste de la provincia de Buenos Aires o en el litoral.
Las rutas y los caminos que no han sido concesionados están abandonados a su suerte y éstos son vitales para trasladar los granos hacia los puertos marítimos y fluviales.
En el interior el tema de los caminos rurales sigue siendo, en muchos casos, una asignatura pendiente. Los municipios no cumplen con su obligación de mantenerlos en condiciones satisfactorias pese a que perciben la tasa vial por una prestación que no realizan.
Estas son las cuestiones que, entre otras, deben integrar una agenda para su consideración por parte del gobierno y el campo.
