LA PLATA, (AIBA)- El candidato a gobernador bonaerense por el Partido Socialista, Jorge Rivas, presentó ayer una denuncia penal contra Felipe Solá por el presunto incumplimiento de los deberes del funcionario público, en el que habría incurrido al impulsar la ´privatización´ de la explotación del juego a través de la ley que regula el funcionamiento de las máquinas tragamonedas en las salas de bingo de la Provincia.
Junto con su compañero de fórmula y también diputado nacional Ariel Basteiro, el legislador radicó la querella ante la Suprema Corte de Justicia, donde cuestionó no sólo aquella norma sancionada el 28 de mayo sino también el decreto del Ejecutivo que, ya en 2002, determinó que el 85 por ciento de la recaudación del sistema se distribuirá en premios en tanto que el 15 restante se repartirá en un 34 para el Estado y un 66 para los empresarios.
En la denuncia se recuerda que el artículo 37 de la Constitución provincial establece que la administración y explotación del juego no puede ser concesionada al sector privado, y determinaademás que los recursos se destinen en su totalidad a la implementación de políticas sociales.
´Si antes la Provincia recaudaba un peso, estaba mal; y si ahora recauda el 34 por ciento, también está mal´, enfatizó Rivas en conferencia de prensa, antes de advertir que la Provincia debe manejar ´los 600 millones de pesos que reditúa anualmente el negocio´.
Acompañado por los legisladores provinciales del PS, Mirta Adobbati, Osvaldo Deza y Osvaldo Caffaro, el candidato a gobernador sostuvo que la ley impulsada por Solá ´disfraza una lisa y llana concesión con ropaje hecho a medida de los terceros; causa una enorme lesión al patrimonio estatal; y ocasiona un desfinanciamiento de las políticas de acción social y salud, a cuyo sostenimiento debería destinarse el producto del juego´.
La polémica por la explotación de las tragamonedas en la Provincia se inició en 2001, cuando la Legislatura suspendió por 180 días el funcionamiento de las máquinas; plazo en el que debía definirse una nueva ley que regule su explotación. Sin embargo, la actividad continuó a raíz de las sucesivos recursos de amparo presentados por los empresarios del sector.
Ya en junio del año pasado el gobernador Solá resolvió por decreto los alcances y los límites posibles para el uso de tragamonedas en salas de bingos; al que siguió el envío de un proyecto de ley que recién se terminó de sancionar en mayo pasado, en medio de un polémico proceso por el rol que jugaron fuerzas minoritarias y algunos senadores del radicalismo para favorecer su aprobación.
Finalmente el mandatario provincial vetó una serie de artículos incorporados al texto legal por el Bloque del PJ, entre los que se encontraban la formación de una comisión bicameral con facultades propias del Ejecutivo para resolver sobre las concesiones; la habilitación de nuevas salas; y el efecto cancelatorio que se le otorgaba al adelanto del canon que habían realizado los explotadores del sistema, que a juicio de la oposición significaba ´un perdón´ equivalente a 60 millones de pesos.
