La Plata (Especial para NA, por Marisa Alvarez) -- Un triple crimen inconcebible, una masacre incalificable, conmueve y angustia por estas horas a los bonaerenses y golpea con aguda intensidad a la región de esta ciudad capital, donde vivían y murieron los tres hombres asesinados. La conmoción ciudadana ha sido tan fuerte que, a una semana de las elecciones, los candidatos debieron ponerle sordina al ruido que producen sus batallas.
El asesinato de los tres policías que custodiaban la planta transmisora de las comunicaciones del ministerio de Seguridad, en una zona semirrural de La Plata fue, indiscutiblemente, una masacre. Y algunos aspectos son tan inexplicables que tienden a convertir la matanza en un "mensaje".
Los mataron antes de que pudieran reaccionar. Porque sí. No robaron nada, salvo las armas de las víctimas, porque no había nada para robar; cuando no hay ladrón, por novato o improvisado que sea, que no haga mínima "inteligencia" para averiguar si el asalto valdrá el riesgo; muy en especial si el lugar que va a atacar es una dependencia pública con guardia policial. A dos de las víctimas las fusilaron, con disparos a la cabeza; a la tercera, la mataron de cuatro balazos por la espalda. Además, los apuñalaron. Uno de los policías tenía 45 años y trayectoria en la fuerza. Los otros dos tenían 27 años, llevaban apenas unos meses en la Policía y custodiar esos galpones había sido su primer destino.
INTERPRETACIONES
La primera lectura obligada, entonces -al menos hasta que se esclarezca- es que la matanza incluyó "señales" y tuvo uno o más destinatarios. Pero, en medio de una ausencia absoluta de indicios, rastros, pistas ni sospechas con un mínimo asidero o sentido que registra el caso, el escalofrío que produce aquella posibilidad no autoriza interpretaciones ligeras o sesgadas.
Algunas lecturas parecieron por lo menos apresuradas.
El gobierno nacional especuló, a minutos de conocerse la masacre, con que podría tratarse desde "un ajuste de cuentas" o un "acto mafioso" hasta un ataque a su "política de Derechos Humanos". Y aunque admitió en público tamaño desconcierto, no dudó en decir que sus "autores" son "los que se oponen al cambio" que propone el Gobierno y en afirmar que hubo intencionalidad al cometer la matanza una semana antes de las elecciones.
La Gobernación de Felipe Solá coincidió con el cariz político que la administración de Kirchner le adjudicaba al ataque. Y el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, especuló por su lado con que el blanco sería "su" política en la materia, o sea él, y opinó que, así, la masacre apuntaba a "desestabilizar" el proceso electoral y aún a la democracia.
Por su lado, la cúpula de la Policía dio una conferencia de prensa para no informar absolutamente nada pero sí para mostrarse "unida" y para subrayar, varias veces, que tenía "el apoyo del Presidente, del Gobernador y del ministro Arslanián", colocándose así como el verdadero blanco de las tres muertes incomprensibles.
INTERROGANTES
¿Por qué necesitó la cúpula de la Policía subrayar su unidad y los respaldos que tiene? ¿Hay internas en esa conducción?
Si todos esos sectores se sienten los objetivos reales de la masacre y dicen conocer las razones por las que los atacan, ¿no deberían tener también algo más claro quiénes son los culpables de semejante matanza?
Lo cierto es que, en instantes, en un paisaje en el que sólo había dolor y misterio, sin pistas, ni rastros, desde distintos ámbitos oficiales se mencionaba un racimo de hipótesis que aludían a posibles motivos absolutamente distintos entre sí, ya que también se habla de presuntas venganzas o mensajes mafiosos -"para la cúpula policial", dicen- de bandas pesadas de delincuentes, con o sin participación de policías.
Entre tantas elucubraciones, por caso, desde ningún ámbito oficial se mencionó que cuando, en pleno desarrollo de un asalto los delincuentes descubren que entre las víctimas hay un policía -y esto ha pasado en robos de autos, de colectivos con varios pasajeros, de comercios llenos de clientes-, invariablemente lo ejecutan, aunque verifiquen que está desarmado.
EL NUCLEO DE LOS PROBLEMAS
Por lo demás, al menos hasta que se esclarezca este triple crimen inconcebible, sería peligroso apuntar a desvincularlo totalmente del drama de la inseguridad que padece la Provincia.
Hay por estas horas familias destrozadas por los asesinatos incalificables de tres jóvenes policías. Hace dos meses fue la familia de un agenciero platense, muerto durante un asalto, la que se vio sumergida en el dolor y el luto. Hace un mes, un productor rural de General Villegas fue secuestrado y asesinado. Hace diez días, un par de ladrones se llevaron la vida de un remisero en Hurlingham. Poco antes, dos delincuentes habían asesinado a un chico en un cíber de Moreno.
Son los mencionados los casos que trascendieron porque, lamentablemente, este tipo de muertes son un factor cotidiano en la Provincia. Y frente a esos últimos casos resonantes, el ministerio de Arslanián respondió con estadísticas oficiales que hablaban de una disminución de la cantidad de delitos y de que la situación es mejor en la Provincia que en Estados Unidos. El mismo viernes en que fueron asesinados los tres policías en La Plata, murió otro uniformado en el Conurbano durante un asalto. No es bueno evitar el núcleo de los problemas.
Tres jóvenes policías fueron asesinados con saña brutal. Sus memorias, sus familias, la ciudadanía bonaerense necesitan que al menos sus muertes no queden -como tantas- impunes.
LA CONSTITUCION Y LAS CANDIDATURAS
Desde el proceso electoral, en tanto, merece algunas consideraciones un particular capítulo que se escribió en estos días: la embestida que sufrió la Suprema Corte bonaerense por declararse facultada para intervenir en discusiones acerca de si algunos candidatos cumplen o no con los requisitos que les impone la Constitución provincial.
La postulación en torno de la cual se desató, formalmente, la tormenta fue la de Francisco De Narváez a gobernador. Y no fue un capricho de algunos adversarios que su candidatura quedara en el centro de una discusión legal.
La Constitución provincial dice en su art. 121 que, para ser elegido gobernador, ser requiere "haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en país extranjero". Y el primero que reconoció que su postulación era un tema controvertido fue el propio De Narváez que, habiendo nacido en Colombia y siendo hijo de extranjeros, presentó -sin que mediaran impugnaciones- tempranamente su candidatura ante la Junta Electoral, con un escrito en el que planteó su situación y pidió ser habilitado para postularse.
Desde ya, De Narváez tenía argumentos con los que defender su pretensión. Pero era obvio que, en principio, su condición y el requisito constitucional hacían necesario que los organismos de admisión de postulación se expidieran sobre su caso. Así, la Junta Electoral trató el tema y resolvió que el empresario está habilitado para ser candidato.
LA POLITICA Y LA CORTE
Otros candidatos entendieron, entonces, que, estando en discusión el cumplimiento o no de un requisito impuesto por la Constitución provincial, debía expedirse en el caso la Suprema Corte bonaerense. Y dispuestos a impugnar la postulación de De Narváez, recurrieron a ese tribunal. Hasta allí, pudo haberse tratado de los forcejeos típicos de adversarios electorales, aunque -es necesario reiterarlo- el tema siempre tuvo un elemento que no debía descuidarse: ciertamente estaba en discusión la interpretación y aplicación de un precepto constitucional.
Pero la cuestión adquirió un inquietante cariz institucional, cuando la Suprema Corte se definió facultada para expedirse en la controversia jurídica y, desde el gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió a atacar duramente al tribunal -a otro Poder y de otra jurisdicción.
Resultó llamativo, en la embestida, que el funcionario cuestionara a la Corte por declararse competente para revisar una resolución de la Junta y, sobre todo, que le adjudicara abiertamente una intencionalidad política; acusación que fundó en que el tribunal "se metía" en el tema cuando faltaban tan pocos días para las elecciones.
Ayer la Corte se expidió sobre el caso de De Narváez. Y coincidió con la Junta Electoral: falló que De Narváez está habilitado para ser candidato a gobernador. Pero uno de los jueces del tribunal utilizó parte de su voto para contestarle a Fernández, con elementos que apuntaron a mostrar que el funcionario habló, en el mejor de los casos, con un conocimiento demasiado ligero del tema.
El juez Eduardo De Lázzari señaló en su voto que no es la primera vez que la Corte revisa una resolución de la Junta; remarcó que el tribunal no actuó de oficio ni pidió el expediente sino que le llegó. Y sobre todo, detalló pacientemente la cuestión de los tiempos, para precisar que la Corte trató este tema ahora porque la Junta habilitó a De Narváez el 28 de agosto; esa resolución fue recurrida el 6 de setiembre ante la Junta y este organismo se expidió, rechazando el recurso, el 26 de setiembre aunque notificó a las partes el 1° de octubre.
Por lo demás, resultó una juego para chicos descubrir detrás de la defensa que figuras del gobierno nacional hicieron de la candidatura de un opositor como De Narváez, la inquietud por el hecho de que la Corte también se expedirá sobre una impugnación a la candidatura de Daniel Scioli.
TIEMPOS E INTERNAS
Y sobre el hecho de que situaciones tan delicadas estén abiertas a pocos días de las elecciones, sólo valga decir que si no se hubiera suspendido la vigencia de la ley de internas partidarias, cuestiones como la habilitación o no de algunas candidaturas se hubieran planteado en marzo o abril, y hubiera habido tiempo de tratarlas sin sofocones.
La ley de internas partidarias tiene graves déficits. Pero por eso no hay que suspenderla sino corregirla. Y los políticos de todas las fuerzas no estuvieron de acuerdo en suspender su vigencia por sus deficiencias, sino porque a la gran mayoría le resultaba más cómodo definir las listas de candidatos a dedo.
