En las elecciones del domingo 28 de octubre, por primera vez, podrán votar los presos sin sentencia firme, en el marco de las modificaciones aplicadas al Código Electoral Nacional. La mayoría de los internos en condiciones de hacerlo están alojados en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Esta participación electoral de los internos se dará bajo los alcances de la Ley 25.858, sancionada el 29 de diciembre de 2003 por el Congreso Nacional y reglamentada, por Decreto 1.291 del 25 de septiembre del año pasado, por el presidente Néstor Kirchner.
La norma derogó el Inciso D del Artículo 3 del Código Electoral, que impedía la inclusión de los presos sin condena firme en los Padrones, lo cual violaba derechos consagrados en la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos.
La aplicación de esta nueva normativa permitió, además, que gran parte de la población carcelaria, que carecía de documentación, obtuviera su Documento Nacional de Identidad, llegando a entregarse hasta 1.000 documentos por mes.
Los internos podrán votar candidatos para cargos ejecutivos y legislativos nacionales. Para sufragar, se implementará un sistema similar al aplicado en los Consulados, para los ciudadanos argentinos residentes en el exterior. Es decir, habrá una única boleta sobre la que el votante deberá marcar al candidato elegido.
Potencialmente, 80 por ciento de la población carcelaria bonaerense, algo más de 19.000 detenidos, estaba en condiciones de votar, pero esa cifra se redujo ya que, además de no tener condena firme, era condición haber tramitado su DNI para hacerlo.
Los detenidos emitirán el sufragio en la dependencia carcelaria. Se utilizarán las instalaciones de las escuelas que funcionan en las penitenciarías. Se constituirán mesas y los cuartos oscuros serán las aulas. Cada mesa no podrá tener más de 450 electores.
La autoridad electoral será el Jefe de la Unidad y cada mesa electoral tendrá un presidente, un presidente suplente y los fiscales. Todos ellos serán designados por la Cámara Electoral Nacional ya que los presos están imposibilitados para desempeñar esos cargos.
El sufragio comenzará a las 8 horas y terminará a las 18. A esa hora comenzará el escrutinio de las urnas. El presidente de los comicios abrirá la urna y se procederá al conteo. Al finalizar ese proceso, se confeccionará un acta de cierre donde constará el número de electores, de sufragios, de votos válidos, de boletas no utilizadas.
Luego se introducirán en un sobre las boletas, el padrón y el acta con las firmas de los fiscales y presidente de mesa. Después, los sobres serán cerrados, lacrados y firmados y enviados por Correo Argentino a la Cámara Nacional Electoral.
La Cámara Nacional Electoral proveerá de los útiles necesarios para el día de las elecciones: regla, lapiceras, fibras; las urnas, los registros, etc.
En los comicios de octubre próximo, estarán en condiciones de emitir su voto unos 22.000 detenidos sin condena firme de todo el país. De ellos, casi 13.000 serán internos alojados en Unidades pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense.
El 20 de septiembre pasado, en la Unidad 36 de Magdalena, 126 internos participaron de un ensayo del sistema que se utilizará el domingo. Estuvieron presentes el juez federal con competencia electoral en la Provincia, Manuel Blanco; el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco; y los directores del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio Avaria; y su par bonaerense, Fernando Díaz.
También asistieron el secretario de la Cámara Nacional Electoral, Nicolás Deane, el prosecretario, Hernán Goncalves Figueiredo, el Jefe de Registro de Electores Privados de Libertad, Manuel Mogni, el Subdirector General de Asistencia y Tratamiento del SPB, Carlos Falcone y el asesor del SPB Leonardo Sauma, además de las autoridades de la Justicia Electoral de todos los distritos del país.
Campaña de documentación
Para los detenidos procesados que carecían de DNI, se realizó una campaña de documentación. El Ministerio de Justicia y Ministerio de Gobierno, a través del Registro Provincial de las Personas, firmaron un convenio para que esta última dependencia capacite a más de 50 funcionarios penitenciarios.
Estos agentes, la mayoría de ellos son asistentes sociales, fueron instruidos para que puedan obrar como delegados oficiales del Registro Provincial de las Personas y así gestionar los documentos de los detenidos.
Respecto del padrón, salvo disposición judicial vinculada con el resguardo de la integridad física de los detenidos, estos no podían ser trasladados a partir de los 90 días previos al 28 de octubre. Y en caso de que se produjera un traslado, debía ser comunicado de inmediato a la Cámara Electoral Nacional.
El padrón fue integrado por unidad penitenciaria, por sexo y orden alfabético, teniendo en consideración sólo el apellido paterno. La nueva normativa creó el Registro de Electores Privados de Libertad.
Cada mesa electoral tendrá un presidente, un presidente suplente y los fiscales. Todos ellos fueron designados por la Cámara Electoral Nacional.
