Buenos Aires, (NA)- Los empresarios de colectivos denunciaron ayer que atraviesan "la crisis más dura de la historia", y advirtieron que si no se adoptan medidas para recomponer la rentabilidad del sector se corre el riesgo de que "desaparezca dentro de 60 ó 90 días".
Así lo aseguró ayer el presidente de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros, Héctor Tilve, quien aclaró que prefiere que el Gobierno tome medidas de tipo impositivo o conceda subsidios, en vez de aumentar el precio de la tarifa, por el impacto que tendría en los usuarios.
Tilve admitió que un aumento del boleto sería "un golpe muy importante para los clientes, y puede ser un boomerang como los últimos aumentos tarifarios, en los que se perdió una cantidad de pasajeros".
En declaraciones radiales, el empresario del transporte dijo que "el fondo compensador que se otorga para el gasoil no alcanza a cubrir la diferencia que hay entre el precio que había antes de la devaluación y el actual".
Además, dijo que la cantidad de gasoil subvencionado es insuficiente, y sostuvo que "antes de fin de mes las empresas tendrán que pagar a precios de surtidor".
Sobre la posibilidad de que se resuelva un aumento en el precio del boleto, indicó que no podría producirse antes de fines de febrero o principios de marzo, debido a que primero se debe convocar a una audiencia pública.
Dijo que en caso de que se resuelva otorgar un aumento de 10 centavos en el boleto mínimo de colectivos, como indica una versión, "trataremos de continuar prestando el servicio, más allá de que lo estamos haciendo 'comiéndonos' el capital, y endeudándonos en forma alarmante". "Debemos tener algún desahogo para que esto no termine con el sector en 60 ó 90 días", agregó Tilve, quien hizo notar que los insumos importados aumentaron un 250 por ciento, en tanto "no aparecen los insumos nacionales".
También mencionó como "un costo mayor" los 130 pesos de complemento salarial que deben abonar a los trabajadores, si bien aclaró que "no discutimos su necesidad".
El empresario reclamó al Estado un mayor compromiso para "luchar contra los servicios ilegales", que le restan pasajeros a las empresas establecidas legalmente.
