LA PLATA, (AIBA)- La mayoría de los gremios estatales de la Provincia concretaron ayer su jornada conjunta de protesta en reclamo de una recomposición salarial inmediata, con un alto nivel de adhesión en buena parte de las reparticiones públicas que, sin embargo, no alcanzó el mismo caudal de expresión en la movilización que congregó frente a la Gobernación a unos 2.500 empleados y trabajadores bonaerenses.
Esa baja participación en la marcha se debió fundamentalmente a la disparidad de criterios que adoptaron los diferentes sindicatos de cara a la realización de la medida de fuerza, la primera de tono masivo que enfrentó el gobernador Felipe Solá desde que asumió la conducción del Poder Ejecutivo en enero de 2002.
Mientras que algunos gremios como ATE, la Cicop (hospitales públicos), la Asociación Judicial y hasta los docentes de Suteba, Sadop y la FEB se dieron cita frente al palacio oficial de calle 6, otras centrales de peso como Upcn y los nucleados en Fegepba prefirieron limitar los alcances de la queja a sus lugares de trabajo.
Aún así, sea con ´paro activo y cese total de actividades´ en algunos sectores, o con ´retención de tareas y asambleas internas´ en otros, lo cierto es que la jornada de protesta dejó prácticamente paralizada la administración pública, el servicio de justicia y la atención en los establecimientos sanitarios, donde se suspendieron las cirugías programadas y se cerraron los consultorios externos.
En el caso de la movilización, cerca de las 13 las columnas de trabajadores comenzaron a recorrer las siete cuadras que separan la Plaza Italia de la Plaza San Martín, en medio de un fuerte operativo de seguridad en el que participaron agentes de infantería de la Policía de la Provincia, con la colaboración de las patrullas de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata.
Sin que se registraran mayores incidentes, y ante una custodia sensiblemente reforzada frente a las puertas de la Gobernación, los empleados, médicos, enfermeros, trabajadores judiciales y docentes, entre otros, llegaron hasta el predio donde los esperaba un escenario montado de espaldas a la vista del Ejecutivo y de frente a la Legislatura bonaerense.
Allí se sucedieron en la palabra los secretarios generales de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, Víctor Mendibil; del Suteba, Hugo Yasky, y de ATE, Hugo Godoy, quienes en todos los casos no dejaron de criticar la política económica y social implementada por el gobernador Solá, al que le recordaron que el 60 por ciento de los agentes públicos no tiene ingresos suficientes para cubrir la canasta básica familiar.
Puntualmente, el titular de ATE advirtió si el Ejecutivo no ofrece respuestas a los reclamos gremiales ´la retención de tareas se tiene que generalizar en todo el Estado a partir de la próxima semana´; y cuestionó a Solá porque así como endurece su actitud ante los trabajadores no presiona a ´las empresas para que paguen un puto peso de eso con que llevaron a la quiebra a nuestra Provincia´.
En la Plaza y fuera de allí, el reclamo repitió los mismos contenidos: la necesidad de subir los salarios sin esperar a que la Ley de Emergencia Económica caduque el 31 de diciembre de este año, momento a partir del cual el gobierno sí está dispuesto a discutir el tema e incluso a mejorar los haberes de los sectores con menores ingresos.
Por debajo de esa primera demanda central se acumularon otras como la devolución de los recortes progresivos sobre los sueldos superiores a 1.200 pesos, la equiparación de las asignaciones familiares con las que paga la Nación, el pase a planta permanente del personal temporario, la reformulación del sistema de Urpes; y la conformación de una mesa de diálogo donde los gremios tengan participación en la definición de la política salarial que quedará plasmada en el Presupuesto de la Provincia para 2004.
