El ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, explicó cuáles serán las modificaciones básicas de la reforma penal que llegará a la Legislatura en tres proyectos de Ley. Uno es la reforma del tribunal de Casación; otro la incorporación del proceso de flagrancia, y el tercero la reforma integral del Código de Procedimiento Penal.
Dijo Casal a una agencia de noticias nacional que se "acordó la reforma de Casación y estamos terminando el protocolo de flagrancias que ya esta consensuado por una comisión provincial entre jueces, ministerio público y nuestra cartera". Confirmó además, como lo había adelantado el Jefe de Gabinete que se enviarán los proyectos para la primera sesión extraordinaria de la Legistura.
En cuanto a Casación se reducirán sus competencias pero no desaparecerá como contemplaba el fracasado proyecto de Felipe Solá. No obstante no se alterará "la doble vía recursiva que sostienen los tratados internacionales y, obviamente la defensa en juicio contemplada en la Constitución". Este tribunal sólo atenderá "revisión y casación de sentencias de juicios orales criminales".
El proyecto de flagrancia, contó Casal, "es un proyecto que comenzó en Mar del Plata y que se viene aplicando en once departamentos judiciales y consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia que tendrá un plazo máximo de 60 días, que es lo que esta estableciendo en estos momentos el proceso, no es que nosotros lo incorporamos".
Agregó: "El detenido en flagrancia, en el momento de la persecución y captura, se lo lleva ante el fiscal quien le se hace conocer la acusación y en delitos con penas inferiores a 15 años, se puede dictar sentencia en flagrancia en 40 días más, sin afectar la defensa, por que se hace con la presencia del defensor, el fiscal, el imputado y su representante".
Respecto a la reforma integral del Código Procesal Penal, el ministro aclaró que demorará un poco más y llegaría a la Legislatura a fines de febrero. Contó que "los cambios mas importantes que se incorporan es que se fijan plazos para sentencia bajo pena de sanción de no mas de seis meses; se le otorga más participación a la víctima que puede llegar a acusar aunque el fiscal no lo haga y se restringen las vías recursivas que son hoy meramente dilatorias".
Queda claro entonces que la modificación habilitará la sanción a aquellos magistrados que no dicten sentencia durante el plazo estipulado.
