Buenos Aires, (especial para Noticias Argentinas, por Pepe Eliaschev)- La Argentina parece atiborrada con cuestiones que en otras latitudes no tienen ni remotamente la valencia sobrecogedora que aquí exhiben.
Crimen, justicia, delito, seguridad, secuestros, policía, evasión fiscal: el común denominador de estas heridas purulentas se halla en la vieja e irresuelta pelea de este país con la noción del respeto universal a la ley.
Además, se verifica una paradoja monumental: si bien es cierto que la pobreza y la exclusión social son llagas dolorosas que crucifican a una cantidad obscena de argentinos, el eje de coordenadas de la agenda cotidiana no pasa por el drama popular sino por la punzante percepción de que este país estaría a punto de irse por las cañerías, como si verdaderamente una supuesta batalla de los delincuentes contra la nación estuviera siendo ganada por los horribles, con abierta y descarada protección de «los políticos». Conviene proceder como en las autopsias.
El gobierno de la mayor provincia argentina, en cuyo interior opera el más extenso ejército uniformado del país, se entera por una investigación periodística que su jefe de policía, cuyo sueldo es el equivalente a 800 dólares por mes, remitió a un paraíso fiscal del Caribe 350.000 Dólares, equivalente a 36 años de sueldos, provisto que viniera ganando ese promedio anual desde 1967 y jamás hubiera gastado nada de ese importe.
Escándalo y remoción: absorto, Juan Pablo Cafiero, ministro de seguridad del gobernador Felipe Sola, confiesa que a menudo el periodismo se entera de las cosas antes que el Estado y entonces el acusado, Alberto Sobrado, es echado del cargo, uno más del pelotón de cabecillas policiales que vienen entrando y saliendo del mando policial bonaerense desde hace por lo menos ocho años, desde Pedro Klodczyk hasta hoy.
El Estado provincial, como otros del vasto territorio nacional, sigue sin poder desembarazarse de una lacra que es costra y además sustancia: enemigo elusivo y resbaladizo, el accionar corrompido de las diversas capas de comando se sigue reiterando a pesar de que el hojaldre va siendo arrancado camada tras camada, sin que nunca se llegue a un núcleo supuestamente sano.
Interrogante oncológico: ¿será que cuando la metástasis es tan inexorable, no hay remoción quirúrgica posible? Lo cierto es que, una vez más, la corporización del interés colectivo, el Estado, aparece desguarnecido y escarnecido.
El periodista de la revista Veintitrés que escribió la nota revelando los giros al exterior del comisario Sobrado, Andrés Klipphan, admite que 12 horas antes de que el semanario llegara a la calle le anticipó el tema a Solá porque no quería que la denuncia funcionara como una ariete al servicio de los enemigos jurados y temibles que el gobernador tiene en el distrito, los ex uniformados Luis Patti y Aldo Rico, listos para usar todo argumento disponible para demoler al mandatario, tras acusarlo de ser aliado activo o pasivo de los delincuentes.
La trama supuestamente delictiva de esta historia, como las de otras mil que cotidianamente exacerba y activa la primera línea de televisiones y radios que pivotean insistentemente en el vector de la «inseguridad», es en realidad una gran cuestión política.
En otros términos: si el Movimiento Nacional Justicialista gobierna la provincia de Buenos Aires ininterrumpidamente desde hace 16 años, ¿no será que la interminable y salvaje pelea por los despojos del Estado (y por los negocios amparados a su sombra) encarna en términos gangsteriles el conflicto irresuelto entre las variadas tribus peronistas, desde Antonio Cafiero a Solá, pasando por Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf? La Argentina ha cristalizado en un escenario de ilegalidad sus disputas institucionalmente irresueltas.
Ajena a las ideas y a las preocupaciones motivadas por sustancias conceptuales, la Nación parecería abocada a una inacabable disputa patrimonial. ¿Acaso la ofensiva del Gobierno contra groseros casos de evasión fiscal no desnuda que el robo sigue siendo el principal problema nacional? Sin duda, las sobreactuaciones inspiran recelo.
Más que «operativos» contra fabricantes y compradores de facturas falsas, el Estado debería constituirse en litigante e inspector permanente, siete días la semana.
Pero la Argentina padece una perniciosa manía publicitaria: desde el control del tránsito en las rutas durante el verano, hasta las ofensivas contra las enfermedades, pasando por los endémicos y espasmódicos ataque a la delincuencia fiscal se constituyen, al fin y al cabo, en situaciones donde la espectacularidad supera a la invencible eficiencia de las rutinas austeras y sistemáticas.
De todos modos, a pesar de la debilidad nativa por la grandiosidad, lo que -además- desvive a unos medios frívolos y volátiles como nunca, la verdad es que gran parte de la agenda doméstica sigue estando atrapada por la ilegalidad.
El conflicto con y por la Corte Suprema de Justicia pertenece a la misma familia temática. No han sido disputas doctrinarias las que alimentaron el caso de Julio Nazareno y ahora el de Eduardo Moliné O’Connor.
A pesar de que ambos unen su condición de agentes de Carlos Menem durante el imperio de la mayoría automática con unas convicciones específicamente asociadas al más rancio conservatismo jurídico, el centro de gravitación de la embestida pasa por la impugnación al accionar de ambos en el terreno de los negocios y de las operaciones realizadas en tal sentido desde la órbita política.
Por eso, la decisión del Gobierno de proponer a Eugenio Raúl Zaffaroni como nuevo integrante del máximo tribunal significa una ruptura y un punto de inflexión. Ni siquiera los más acérrimos adversarios ideológicos del penalista cuestionan su integridad personal y su formación doctrinaria. Liberal político a ultranza, Zaffaroni forma parte de una estirpe políticamente extraña en la Argentina: cree en las garantías y recela fuerte y fundadamente de los logros del Estado solo consagrado a castigar.
Pero si fuera finalmente aprobada su postulación, su inclusión en la Corte equivale a cubrir uno de los nueve asientos. Más temprano que tarde, será necesario postular a los reemplazantes de Moliné, Guillermo López y Carlos Fayt.
Para comienzos de 2004 la corte menemista debería ser ya motivo de estudio para los historiadores y el país habrá avanzado notablemente en un camino sobre el cual sería importante tener consenso: una calidad institucional muy superior.
Esa Corte remozada y armada a partir de criterios mucho menos pasibles de representar exclusivamente al poder presidencial, deberá participar activamente de una recuperación firme de la robustez jurídica de la Nación.
Los primeros 20 años de la democracia han dejado a la Argentina socialmente exhausta e institucionalmente degradada, y no por las deficiencias esenciales de ese sistema político, sino porque el país asumió como propio una parte del modelo, de escuálida arquitectura, del que solo se usó el aspecto político- electoral, indudablemente determinante, pero muy deficitario respecto al conjunto de las libertades, derechos y garantías que deben nutrir a una democracia madura.
Mientras esa endeblez siga teniendo vigencia, la Argentina, y sobre todo el Gran Buenos Aires, se seguirán preguntando de dónde vienen los secuestros, quién protege a los delincuentes más gruesos, cómo es posible que haya tanta ilegalidad e impunidad en las fuerzas policiales.
Néstor Kirchner ha hablado de «esa delincuencia perversa que estamos sufriendo los argentinos».
Admitió que «las dirigencias políticas no han estado a la altura de las circunstancias», pero también puntualizó una realidad para la que no todos los involucrados en el asunto tienen aceptación cabal, al subrayar el accionar de «los cuadros innobles de las policías argentinas, porque mientras hay policías que dejan sus vidas, ellos delinquen usando el uniforme que les da el pueblo argentino».
En ese cruce de circunstancias y en la posibilidad de descriminalizar la vida cotidiana de este país, radica la posibilidad de imaginar un futuro.
