Buenos Aires (Especial de NA por Martín Hermida) -- La puerta que el Gobierno había dejado entornada hace dos semanas en busca de derribar definitivamente el decreto que impide las extradiciones de militares argentinos requeridos por jueces de otros países ya quedó abierta de par en par, pero ahora ya empezó a plantearse una incógnita acerca de cómo podría afectar institucionalmente al país una situación de esa naturaleza y qué caminos podrían comenzar a transitarse a partir de este momento.
La cuestión no es nada menor si se tiene en cuenta el pedido hecho en los últimos días por el juez español Baltasar Garzón requiriendo la extradición de casi 50 ex militares y civiles acusados por violaciones a los derechos humanos.
Como ya había anticipado hace dos semanas Noticias Argentinas, entre una importante cantidad de funcionarios del Gobierno viene prevaleciendo la idea de que es necesario derogar el decreto 1581 de fines del año 2001, por el cual el entonces presidente Fernando de la Rúa ordenó a la Cancillería rechazar "in limine" -sin siquiera girarlos a la Justicia- los pedidos de extradición que llegaran desde el exterior reclamando a personas acusadas por delitos cometidos durante la última dictadura.
Ahora, a esa determinación, se sumó otra propuesta para complementar la derogación de ese decreto, que a su vez continuaba la línea de uno firmado por Carlos Menem durante su administración: la idea del Ejecutivo es que cada juez argentino pueda resolver ante los pedidos de extradición, pero que los magistrados no estén obligados a ordenar la detención inmediata de los militares o ex militares requeridos.
En esa línea se inscribe la intención de modificar la Ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal, para que esos mismos jueces tengan la libertad de decidir si corresponde o no -a su entender- que esas personas requeridas por magistrados extranjeros -como por ejemplo puede suceder con la lista de 46 militares y ex militares a quienes quiere extraditar Baltasar Garzón- deben quedar detenidas o no ante la llegada de los exhortos solicitando sus capturas.
El debate por este tema, que ya había sido abierto cuando el canciller Rafael Bielsa planteó su oposición a aquel decreto firmado por De la Rúa, se renovó con fuerza esta semana, a raíz del pedido de Garzón, quien por tercera vez en cuatro años -en las dos oportunidades anteriores no tuvo suerte- pidió las detenciones y extradiciones de verdaderos símbolos de la represión.
Entre ellos, figuran, por ejemplo, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Carlos Suárez Mason, Alfredo Astiz, Armando Lambruschini y el recientemente electo intendente de la capital tucumana, Antonio Domingo Bussi.
Pero también esta cuestión adquiere una relevancia especial porque ayer el presidente Néstor Kirchner inició su gira de una semana por Europa -la primera como jefe de Estado- en el marco de la cual recalará en España y Francia, dos de los países donde se escuchan con más vigor los reclamos por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en la Argentina contra ciudadanos de esos países.
De hecho, en España está desde hace poco más de una semana -también requerido por Garzón- el ex marino Ricardo Cavallo, extraditado desde México luego de que la Suprema Corte de ese país autorizara el trámite, y es allí desde donde el mediático juez libró esta semana su renovado pedido para que casi medio centenar de argentinos sean llevados a su despacho, acusados por los delitos de "genocidio, tortura y terrorismo".
En tanto, en Francia, también es conocida la posición de la Justicia de ese país, y es recordada la condena en ausencia que pesa sobre Astiz por la desaparición en Buenos Aires de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet.
¿Tendrá que hacer frente Kirchner durante su estadía en Europa -primero pasará por Gran Bretaña, luego por Bélgica y finalmente por Francia y España- a reclamos o interpelaciones por este tema?
Lo que es seguro es que la cuestión estará omnipresente en cada paso que dé el jefe de Estado en esas tierras y que incluso le disputará el espacio a la intención de Kirchner de privilegiar otros temas de la agenda política y económica en la relación con el Viejo Continente.
Luego de que el tema creciera rápidamente como una bola de nieve en los últimos días, en varios sectores del Gobierno comenzaron a analizar una posibilidad que nadie se anima a descartar: que más allá de otorgarle a los jueces la potestad de resolver los pedidos de extradición, la Justicia finalmente declare inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -algo impensado hasta antes de la renuncia de Julio Nazareno a la Corte Suprema- y que de esa manera se abra la instancia de que los militares y ex militares sean juzgados en la Argentina.
En ese sentido, comenzaron a correr las especulaciones que señalan que para los propios involucrados en estas denuncias sería más favorable un juicio en la Argentina que un incierto viaje al exterior para ser puestos a disposición de magistrados de España, Francia o Alemania, como ya sucede con Ricardo Cavallo.
Más allá de que finalmente madure una u otra opción, en el Gobierno y en numerosos círculos políticos insisten con una "máxima" a la que suscriben quienes fogonean la derogación del decreto que viene de la época de De la Rúa: "Los delitos tienen que ser juzgados, si no es en la Argentina, que sea en el exterior".
Con este panorama por delante, Kirchner afrontará su viaje por Europa mientras el Gobierno en pleno, los diferentes líderes partidarios, los familiares de las víctimas de aquellos años y los propios involucrados siguen enfrascados en un debate que por el momento continúa con final abierto. Aunque algo es seguro: la incertidumbre no se extenderá por mucho tiempo.
