El juez de Garantías de San Martín que le otorgó el arresto bajo monitoreo electrónico a Ángel Fernández, acusado del cuádruple crimen de Campana, consideró ayer que hubiera faltado a la ley si le denegaba al imputado la morigeración de la prisión preventiva.
"Si yo denegara una morigeración porque me parece que una persona es peligrosa sería dictar una resolución contraria a la ley y la Constitución Nacional prohibe eso", expresó el juez Nicolás Schiavo en declaraciones periodísticas.
"Aclaro que esto no es una morigeración de la pena, es de la prisión preventiva, que es la detención cautelar de la persona durante el proceso. Una morigeración no es una libertad", explicó el juez, para quien se impulsa desde el gobierno bonaerense un pedido de juicio político a raíz de su actuación para con el acusado Fernández.
Schiavo aclaró que "la peligrosidad en los términos que plantea la sociedad no están previstos en el Código como un fundamento para denegar" la morigeración de la prisión preventiva.
Finalmente, el magistrado dijo que la resolución judicial que él suscribió fue la de dar lugar a la morigeración con monitoreo electrónico.
"Si las órdenes nuestras son después violentadas o no se cumplen constituyen un delito y eso hay que verlo con el expediente en la mano", concluyó al deslindar responsabilidad en lo sucedido puntualmente con Fernández.
Por la tarde, en otra entrevista, el magistrado recordó detalles de su fallo y dijo que había liberado a Fernández por "razones humanitarias", porque su mujer estaba "con un embarazo complicado".
LA DESPEDIDA DE LOS PEQUEÑOS
Los cuerpos de Agustín y Milagros Mansilla, asesinados a golpes y arrojados al costado de la ruta Panamericana, en Campana, al igual que sus padres, fueron inhumados ayer en un cementerio privado de Luján, donde están sus padres, tras una misa de cuerpo presente.
Mirian Rabago, hermana de la víctima, declaró que "de ahora en más reclamamos justicia y cárcel para todos los responsables de la masacre y todos los que dejaron que pase esto".
