En la mañana de ayer la ONG Conciencia Ciudadana Campana interpuso ante el Poder Judicial de la Provincia una acción de amparo solicitando la suspensión o la anulación, en caso de llevarse a cabo, de la audiencia pública prevista para el día de hoy y que fuera convocada por la Municipalidad de Campana con el objeto de someter al conocimiento de la comunidad la tramitación del barrio cerrado La Reserva Cardales propiedad de Frali S.A.
Sostiene la ONG que a pesar de que la mencionada audiencia pública tiene previsión normativa en el decreto provincial 1727/02, "el hecho de que se discrimine el acceso a la misma posibilitándolo sólo a personas que demuestren que el emprendimiento afecta realmente algún derecho propio y que además tenga al día el pago de impuestos municipales, conculca lisa y llanamente los derechos reconocidos a todos los ciudadanos en los artículos 41 de la Constitución Nacional, 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 19 de la Ley General del Ambiente Nro 25.675, sin mencionar a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional y los otros Tratados Internacionales como la "Declaración de Río de Janeiro" formulada en la Cumbre de la Tierra (Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, UNCED - Río de Janeiro, Brasil, 1992) en la que Argentina asumió compromisos internaciones en materia ambiental", explicó el Dr. Lautaro Rios, presidente de la ONG, expresando que "lo que se pretende es que la Justicia ordene el llamado de una nueva audiencia publica que cumpla con las normas y principios del derecho ambiental, cosa que hasta ahora no viene ocurriendo a pesar de habérselo hecho saber a la Sra. Intendente mediante el expediente 4016-6293/08"
Enfatizó el Dr. Rios que "el ordenamiento territorial es un instrumento muy importante de la política ambiental, de la que todos tenemos el derecho a participar, mas aun cuando se trata de un emprendimiento de las características de Sofitel, del cual nos constan existen numerosos cuestionamientos sobre el impacto ambiental que puede provocar y que en la propia tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental personalmente he detectado violación a las normas ambientales que podrían derivar en un pedido de nulidad de todo lo actuado, con la consecuente responsabilidad de los funcionarios públicos que intervinieron en la cuestión"
La causa quedo radicada en el Tribunal en lo Criminal Nro 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, integrado por los Jueces Daniel Claudio Rópolo, Elena Beatriz Barcena y Liliana Miriam Dalsaso y tal vez en el curso de la mañana se resuelva la suspensión solicitada.-
