La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, presidida por Horacio González, sancionó anoche las leyes de presupuesto, ley impositiva y la que fija la etapa de mediación previa y obligatoria previa a todo juicio civil y comercial. En su última sesión del año legislativo, trató 63 proyectos, de los cuales transformó a 21 en ley, mientras el resto lo puso a consideración del Senado.
El voto de todos los miembros del Frente oficialista, de la Concertación, el acompañamiento en general del PRO, permitieron los dos tercios necesarios para la consagración del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos y la ley impositiva, correspondientes al ejercicio provincial 2009.
En el momento en que había 89 de los 92 diputados en sus bancas, ambos proyectos fueron fundamentados, primero extensamente por el titular de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Francisco La Porta, y sobre el cierre del debate, por el jefe de la bancada mayoritaria, Raúl Pérez.
Como explicaron los expositores oficialistas, los gastos suman $ 56.000 millones de pesos, con un déficit estimado en 2.900. Se autoriza al Poder Ejecutivo para emitir un bono por 500 millones.
Se prevén ingresos por 53.128 millones de pesos, de los cuales 33.6662 millones son propios y 18.287 millones son aportados por la Nación, la mayor parte de ellos, 13.377 millones de pesos, en concepto de coparticipación.
La coparticipación a los 134 municipios de la provincia pasó de 3.810 millones de pesos a 5.1291 millones-un 36% de incremento- mientras que los fondos para las comunas que eliminaron las tasas de abasto y publicidad interior son de 314 y 236 millones, respectivamente.
La pauta salarial para 2009 no comprende nuevos aumentos a los agentes estatales. No obstante, el gasto en personal sube de $ 22.600 millones a 24.700, con una variación del 9,5 por ciento, un porcentaje calificado como "prudente", por los voceros del Frente.
En el Senado- Cuerpo que apoyó primero las citadas normas-y en Diputados, tanto desde el oficialismo como de la oposición, se introdujeron diversas modificaciones a los proyectos girados originalmente por el Ejecutivo bonaerense.
Según el amplio informe aportado por La Porta, la cuestión más conflictiva pasó por el manejo de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), aspecto en que se resolvió finalmente que haya un interés acorde a la inflación en la letra de tesorería que el Ejecutivo emitirá para garantizar los fondos que Economía tome del IPS.
Ni el presupuesto ni la ley impositiva sancionadas contemplan la asignación de facultades especiales para el titular de la Agencia de Recaudación (ARBA, Santiago Montoya.
Sí, el gobernador Daniel Scioli, podrá seguir con la readecuación de las partidas proyectadas en el proyecto de Presupuesto; es decir reformular las asignaciones según las necesidades de caja de la administración provincial. Entre esos poderes, se habilita al mandatario a disponer cambios en la distribución de cargos y horas cátedras y, si fuese necesario, sus respectivos agrupamientos y créditos de la planta permanente.
A todo esto, la propuesta de la llamada ley de leyes prevé el nombramiento de 7 mil agentes públicos, 2000 para la Policía y mil para el Servicio Penitenciario, distribuyéndose el resto entre las distintas carteras u organismos del estado Provincial.
Con aplausos desde los palcos, se saludó la inclusión de fondos para atender las erogaciones que demanden empresas recuperadas y expropiaciones. Asimismo, hubo un aumento de 24 millones de pesos en los 74 millones inicialmente destinados al flamante ministerio de Asuntos Agrarios.
