Buenos Aires (Especial de NA) –- Los organismos de Derechos Humanos enfrentan tiempos de cambios, siempre con nuevos desafíos a la vista.
Cuando parecía que, a partir del inicio de proceso a represores, su tarea comenzaba a concluir, una serie de conflictos pusieron de nuevo en alerta a las organizaciones que pelean por que haya juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, durante la última dictadura militar.
Como se vio a partir de la decisión de la Cámara de Casación de ordenar la liberación de Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, la estructura judicial no parece preparada para avanzar con celeridad en los juicios a torturadores.
El hecho de que los represores sean juzgados una y otra vez por distintos casos tampoco parece el modo más adecuado de hacer Justicia.
Sucede, por ejemplo, en el caso de Luciano Benjamín Menéndez, quien ya fue condenado a prisión perpetua en Córdoba, lo mismo en Tucumán y ahora enfrenta un nuevo juicio en la provincia mediterránea.
Ante esas situaciones, los distintos organismos de Derechos Humanos optan por distintos cursos de acción.
En una línea siempre combativa, la asociación Madres de Plaza de Mayo, liderada por Hebe de Bonafini, convocó a la sociedad a "denunciar a los jueces cómplices y corruptos" a través de una campaña pública.
Distintos activistas y expertos agrupados en diferentes organizaciones vinculadas a familiares de desaparecidos y sobrevivientes del terrorismo de Estado exigen que se unifiquen las causas por delitos de lesa humanidad, para darles coherencia y hacer más efectivas las investigaciones.
Algunas organizaciones optan por sumar reclamos y avanzan también con reivindicaciones que van más allá del juicio y castigo por crímenes cometidos durante la dictadura.
Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, por ejemplo, acompañó la Constituyente Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) realizada en Jujuy, así como la marcha liderada por la agrupación sindical disidente frente a la Casa de Gobierno para pedir un subsidio universal por hijo.
Asimismo, fue una de las organizaciones más activas en el pedido de aparición con vida del testigo Jorge Julio López, de quien no se sabe nada desde que declaró en el juicio contra Miguel Etchecolatz, en La Plata.
Las distintas organizaciones también enfrentan desafíos puntuales, como la puesta en funcionamiento pleno del Espacio para la Memoria que funciona en la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
A su vez, Abuelas de Plaza de Mayo continúa con su tarea de recuperación de la identidad de hijos de desaparecidos, que se renovó poco antes de Navidad con la difusión del hallazgo del nieto número 96.
En ese contexto, los organismos de Derechos Humanos se ven obligados a impulsar avances un contexto político inédito en el que cuentan con fuerte respaldo a sus principales demandas por parte del Gobierno nacional.
Ante esa situación, continúan con el desafío de definir y redefinir sus objetivos mostrando "cintura política".
Por ejemplo, hace pocos meses, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a pesar de mantener una buena relación con el oficialismo salió a negar una vez más que piense en ser candidata a diputada por el kirchnerismo el año próximo.
Cada vez más enfrentado al Gobierno nacional, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel optó por multiplicar sus denuncias contra la administración de Cristina Kirchner.
El titular del Servicio de Paz y Justicia cuestionó con todo el veto presidencial a la Ley de Glaciares y creó el Foro de Pensamiento y Construcción Social, una agrupación político – intelectual que buscó diferenciarse de los académicos nucleados en Carta Abierta, más favorables al Gobierno.
Así, con cursos de acción diferenciados, los organismos de Derechos Humanos buscan mantenerse activos y actuales, un gran desafío, luego de más de 30 años de lucha.
