"Los empresarios golpistas de ayer, hoy atacan a los trabajadores"
Este aniversario del golpe genocida se produce en momentos en que el capitalismo mundial atraviesa la crisis más profunda de los últimos 80 años, que en nuestro país se expresa con despidos, suspensiones y mayor flexibilización de los trabajadores. La misma clase social, los empresarios, que llamaron al golpe para destruir de raíz la organización obrera y estudiantil que ponía en riesgo su poder, es la que hoy deja a cientos de familias en la calle, luego de acumular enormes ganancias en los últimos años de crecimiento. Los patrones son insaciables y prefieren su rentabilidad al precio de que la crisis que ellos generaron la paguemos los trabajadores y nuestras familias. Mientras, sólo hay 38 militares juzgados (que cuentan con grandes privilegios) por los crímenes de la dictadura. El Gobierno K, más allá de su discurso de "derechos humanos", busca juzgar a unos pocos casos emblemáticos y dejar impune al conjunto de los responsables civiles, políticos y militares del genocidio de la última dictadura militar.
Una clase social que nunca fue al banquillo de acusados.
Hay casos contundentes que muestran la complicidad empresarial con los crímenes de la dictadura. En Campana, se destaca el caso de Tenaris Siderca: al lado de la empresa en el predio del ex Tiro Federal funcionó a partir del 25 de marzo de 1976 un centro clandestino de detención hasta, por lo menos, mediados de 1977, bajo las órdenes del represor Santiago Omar Riveros. En un trabajo intitulado "Complicidad patronal-militar en la última dictadura Argentina", la historiadora Victoria Basualdo, investiga los casos de Acindar, Astarsa, Ford, Ledesma, Mercedes Benz y Siderca. En cuanto a ésta última, sostiene que una serie de elementos "prueban de manera contundente la colaboración de la empresa en el proceso represivo (...) como la presencia de personal del ejército en la puerta de la fábrica con listados de personas ´marcadas´, la contratación, a partir del golpe militar de supuestos nuevos trabajadores que eran en realidad agentes de las fuerzas represivas y la detención e intento de detención de trabajadores en la propia fábrica".
Estas mismas patronales son las que hoy aprovechan la crisis, con la complicidad de la burocracia sindical, para avanzar sobre las condiciones de trabajo y salario de los trabajadores. Sólo en Zona Norte, en Terrabusi, Fate, en WV Pacheco, en la autopartista Pabsa, en Dana y Lear de Pacheco, en Siderca, Monsanto, Lear Escobar, Atucha II, entre otras, se combinan los despidos de contratados, suspensiones masivas con rebaja salarial, mayor flexibilización y ataques y persecuciones a los trabajadores que se organizan. La CGT y la CTA le hacen el favor a estas empresas y al gobierno pateando las paritarias para junio.
Bancos, índices y negocios de la dictadura
En una investigación de Horacio Verbitsky, publicada el lunes 16 de marzo en el diario Página/12, se denuncia el rol de grandes bancos como prestamistas y sostenedores de los crímenes de la dictadura. Según la nota, se encontraban "entre los prestamistas de YPF (que era la vía de entrada que empleó la dictadura para disimular que así se costeaba el Estado Terrorista) al Bank of America, Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Arabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D.G. Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Citibank, Banco de Boston, Chase Manufactures, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco di Roma, Citicorp y Banco Nación."
Esto redundó en un gran incremento de la deuda externa, mientras bajada la actividad productiva y crecía el presupuesto militar y la pobreza. Veamos los números que presenta la investigación de Verbitsky: "En 1976 la deuda pública externa de la Argentina era de 6.648 millones de dólares y en 1983 llegó a 31.709 millones. Las dos terceras partes (20.658,7 millones) correspondían a créditos bancarios, sin contar otros 5.441 millones en bonos, que presumiblemente también estaban en poder de los bancos (…) La caída de la demanda interna y de la actividad industrial provocados por la política de la dictadura militar hizo que el nivel de actividad de 1982 fuera 1,3 por ciento menor que en 1975. Entre 1976 y 1980 el déficit fiscal fue del 7,4 por ciento del PIB y entre 1981 y 1983 del 14,6 por ciento. (…) El presupuesto militar creció a más del doble entre 1975 y 1983, tanto en términos absolutos (de 1278 a 2500 millones de dólares), como en porcentaje del Producto Interno Bruto (de 2,04 a 4,39 por ciento).
¿Seguridad para quién?
Mientras la impunidad encubre a los empresarios, militares e instituciones como la Iglesia, cómplices del genocidio, se produce una campaña reaccionaria que pide más mano dura y más policía, cuando sólo en la bonaerense hay más de 9000 efectivos implicados con la última dictadura. Susana Giménez, ¡¡habla de pena de muerte y que vuelva la colimba para que los militares eduquen a los jóvenes!! Y Marcelo Tinelli, se queja por vivir en un barrio lujoso. Piden más mano dura y más poderes para las fuerzas represivas. Desde el Gobierno y los partidos de la oposición sojera coinciden en otorgarlos. Y los medios masivos nacionales, en manos de poderosas patronales como Clarín que fue cómplice de la dictadura, bombardean las 24 horas del día imponiendo "la inseguridad" como único tema de discusión pública.
Nada se dice de las suspensiones, los despidos, la pobreza y desocupación creciente. Nada se dice tampoco de que la violencia social es propia de un régimen social que produce enormes desigualdades: mientras el 30% más rico se apropió del 62,5% de los ingresos, el 40 % más pobre se quedó apenas con el 12,5%, entre el 2003 y 2007.
Se busca mano dura para los pobres y trabajadores, militarizar los barrios más humildes, avanzar sobre las libertades democráticas y otorgar más poderes a las fuerzas represivas, las que están implicadas en delitos de lesa humanidad, en los secuestros de Julio López y Juan Puthod, en casi 2500 casos de gatillo fácil desde 1983, en secuestros extorsivos, trata de personas, desarmaderos, droga, etc. La clase dominante busca consenso para legitimar un régimen más represivo previendo los conflictos que traerá la profunda crisis en curso.
Desde el PTS movilizamos este 24 para terminar con la impunidad, por el castigo a todos los responsables del genocidio, para frenar la campaña de más mano dura, por que la crisis la paguen los capitalistas, por la prohibición de los despidos, por el reparto de las horas de trabajo sin rebaja salarial, por un salario acorde a la canasta familiar en detrimento de las ganancias patronales y por la aparición con vida de Julio López. Llamamos a movilizar a los trabajadores, estudiantes y el pueblo de Campana para que esta crisis la paguen quienes la generaron, los empresarios, la misma clase que ayer golpeó las puertas de los cuarteles y hoy vuelve a atacar a los trabajadores descargando la crisis sobre ellos. Salimos de la puerta del ISFDyT Nº 15 a las 13 hs.
Andrés García.
Dirigente Regional del Partido de Trabajadores Socialistas.
angar@yahoo.com.ar
