Buenos Aires (especial de NA por Martín Hermida) -- La complicada trama iniciada por los pedidos de extradición de 46 ex represores acusados por violaciones a los derechos humanos amenaza con perpetuarse en los próximos meses como uno de los temas más calientes de la agenda política local y hacia el exterior -por las implicancias que tiene en la relación de la Argentina con el resto del mundo-, aunque el Gobierno también sumó en las últimas horas a esa lista una de sus preocupaciones en materia regional: la crisis de Colombia.
Sobre el primero de los temas, después de algunos cabildeos, el presidente Néstor Kirchner finalmente transparentó su intención y dijo con todas las letras que prefiere que los ex militares -muchos de ellos verdaderos símbolos de la represión ilegal en el país- sean juzgados en la Argentina en lugar de ser extraditados para que otros magistrados dicten sentencia.
Si bien a su regreso de los Estados Unidos se había decidido por derogar el decreto del año 2001 que impedía lisa y llanamente las extradiciones, en ese momento acuciado por los pedidos efectuados por el español Baltasar Garzón y las consecuentes órdenes de detención libradas por Rodolfo Canicoba Corral, Kirchner reconoció ahora que "si desaparecen las normas que generaron la impunidad", es decir las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los ex militares acusados "podrán ser juzgados en la Argentina".
La postura del Gobierno implica, en primer lugar, un cambio importante frente al tema derechos humanos con respecto a la línea que se venía siguiendo justamente desde la sanción de aquellas dos normas (la de Punto Final en 1986 y la de Obediencia Debida en 1987): la decisión, ratificada una y mil veces por los hombres del Ejecutivo, apunta a que, ya sea en un país o en otro, los hechos sean juzgados.
Pero junto con ese cambio, también se avecina un futuro incierto, ya que si bien la mayoría de los conocedores de estas lides coincide en que no habrá una "crisis militar", no hay dudas de que aparece en el horizonte un frente de tormenta que no sólo alterará el pulso de la política interna, sino que podría afectar también las relaciones exteriores y cuyas consecuencias a largo plazo son, por ahora, difíciles de medir.
Mientras tanto, más allá de que el Presidente abrió el juego para la alternativa que implica la posibilidad de que las "leyes de perdón" sean declaradas nulas por el Parlamento -la semana que viene será clave en la discusión por este tema-, todo indica que por ahora el Gobierno juega sus fichas a una declaración de inconstitucionalidad de esas normas por parte de la Corte Suprema de Justicia, algo impensado hace apenas algunas semanas atrás.
¿Por qué la mirada apunta más a la Justicia que al Congreso? Porque ya hay varios constitucionalistas que pusieron en duda la validez de una norma de ese tipo, que incluso luego de sancionada podría ser declarada a su vez inconstitucional por los jueces.
Si en cambio fuera la Corte la que declarara la inconstitucionalidad de ambas normas -el tema está en estudio en el Tribunal- la opinión mayoritaria es que los ex militares que se ampararon en ellas ya no tendrían cobertura y las causas contra ellos podrían continuar.
Hoy en día -más allá del deseo presidencial de que esas dos leyes dejaran de tener vigencia y los ex militares fueran juzgados aquí- sigue en curso el larguísimo proceso abierto por los pedidos de extradición efectuados por el juez Garzón y todo lo que ello implica.
Pero no sólo está en juego ese pedido: como lo definió un hombre del Gobierno, la solicitud del juez español abrió una suerte de "caja de Pandora" y ya se esperan para los próximos días presentaciones similares provenientes de Francia y Alemania reclamando las extradiciones de ex militares acusados de la desaparición y el asesinato de ciudadanos de esas nacionalidades que vivían en la Argentina durante los años de plomo.
El analista y experto en temas militares Rosendo Fraga señaló a Noticias Argentinas que si bien a raíz de todo esto hay un estado de "preocupación y deliberación", en el corto plazo "no hay posibilidad de que tenga lugar una crisis como las que sufrió Raúl Alfonsín" en los años 80. Pero agregó: "Los militares no tienen capacidad política para enfrentar las decisiones del Presidente, aunque la experiencia muestra que estos procesos se sabe cómo comienzan pero no cómo terminan".
"Si se piensa que la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final puede ser una solución para evitar las extradiciones, puede resultar peor el remedio que la enfermedad -dijo-. Las extradiciones pueden alcanzar a decenas de ex miembros de las Fuerzas Armadas, pero la inconstitucionalidad de estas leyes, aunque evite las extradiciones, producirá miles de procesamientos, incluyendo a personal en actividad".
En medio de este conflicto que amenaza con un final abierto, el Gobierno anunció esta semana la designación como futuro embajador en Colombia del ex jefe del Ejército Martín Balza, un gesto que reveló la importancia que el Ejecutivo le otorga a la crisis que envuelve a ese país y demostró que la cuestión se "coló" definitivamente en la agenda internacional de la administración Kirchner.
¿Por qué este interés? Por un lado, porque el Gobierno quiere colaborar junto a los demás países de la región en un proceso que busque la pacificación de esa nación, jaqueada por los enfrentamientos entre el Ejército, los paramilitares y los guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, unos 17 mil hombres) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional, alrededor de 4.500 hombres). Por el otro, porque quiere evitar una "militarización" en la región, impulsada solapadamente por los Estados Unidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Balza, quien se opone a una aventura militar extranjera en Colombia -el presidente de ese país, Alvaro Uribe, pidió reiteradamente apoyo a la comunidad internacional-, levanta las banderas de "autodeterminación de los pueblos" y "no intervención" sostenidas por Kirchner, y por eso se estima que podría jugar un rol importante frente a un eventual agravamiento de la crisis.
Pero en este caso, como en el de los ex militares, las definiciones todavía aparecen en un terreno demasiado alejado de este presente agitado.
