Buenos Aires, (especial para NA por Luis Torres) -- Para los principales economistas del justicialismo "lo importante es saber cómo vamos a hacer para crecer al cinco por ciento del PBI en los próximos cinco años". Esta reflexión ha venido escuchándose en el Congreso cuando el vendaval político movía la estructura militar y sacudía a algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Para los diputados del oficialismo y para algunos economistas privados que acompañan la política económica del Gobierno, tanto el tema de las extradiciones militares como la cuestión de la remoción de algunos miembros de la Corte "no producirán efectoçalguno" sobre la economía real.
Lo cierto es que casi en silencio ha empezado a colarse en las filas más elevadas del Gobierno la preocupación por el crecimiento del PBI, del cual se desprenderán los recursos para el pago de los acreedores externos y los recursos para reinvertir en el país.
Rodolfo Frigeri, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, sostiene públicamente que un 3,5 por ciento de ese crecimiento debe ir para los acreedores y el 1,5 restante para los gastos del Estado y el crecimiento nacional.
Este es el gran dilema que afronta ahora el Gobierno y es por eso que aguarda con esperanza positiva el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le permitirá postergar por tres años los pagos a ese organismo.
Lo que se advierte además en el panorama de la economía es la carencia de crédito, sin el cual no hay inversión posible. Y sin inversión lejos está de producirse el crecimiento.
Por eso el acuerdo que se está firmando en estas semanas que vienen tiene dos pilares: el primero es la postergación de los pagos y el segundo es un plan sustentable que no signifique un ajuste que recaiga sobre la sociedad.
En este marco ha hecho su aparición un funcionario de alto nivel de la administración Bush, Anthony Wayne, quien ha hablado con las autoridades locales sobre la base de tres sugerencias o lineamientos que el Gobierno norteamericano viene auspiciando:
1) Una fuerte lucha contra el terrorismo internacional, algo que el Gobierno de Kirchner se ha comprometido a llevar adelante sin tregua;
2) Lucha contra la corrupción, un aspecto que el actual presidente argentino no ha dejado de machacar y de enarbolar como uno de sus estandartes;
3) El ingreso al ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas).
Digámoslo de una vez: lo que le interesa a Bush es exactamente este último punto, porque sabe que en los dos anteriores cuenta aquí en la Argentina con un aliado estratégico.
Desde el oficialismo y sobre todo desde el Congreso se ha comenzado a percibir la sensación de que la Argentina más temprano que tarde dará los pasos fundamentales para que en el 2005, con o sin Mercosur, sea miembro del ALCA.
Dicen en el entorno del vicepresidente Daniel Scioli que este mensaje, esta sugerencia norteamericana, le fue hecha llegar reiteradamente durante su viaje a Estados Unidos, que se produjo días antes de la gira norteamericana de Kirchner.
En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, Kirchner ha dado un golpe de efecto impactante: nombró al general Martín Balza como embajador en Colombia, único país que soporta el asedio de una guerrilla revolucionaria.
Cuentan que el canciller Rafael Bielsa charlando con el Presidente en el vuelo que lo trajo desde Nueva York, le sugirió el nombre de Balza.
"Bueno -le dijo Kirchner a su canciller-, si a vos te parece, hablale y acordate que yo desde que asumí ando buscándole un lugar a Balza porque lo quiero en mi Gobierno".
Al llegar a Buenos Aires, Bielsa se comunicó con Balza y el militar le pidió 24 horas "para pensarlo". Un día después aceptó.
Este nombramiento significó un mensaje político para el ejército por parte del Presidente. Una cosa son aquellos militares violadores de los derechos humanos que ahora están detenidos y otra cosa son los militares de la democracia y de la autocrítica, como lo es Martín Balza.
Pero también es un claro mensaje hacia los Estados Unidos, ya que la guerrilla colombiana es una de las preocupaciones centrales de la administración Bush y la designación de un militar, que combatió en Malvinas y que puede ser un punto de apoyo primordial para cualquier tipo de asesoramiento llegada la hora del combate, también tiene muy claro que la Argentina sólo intervendrá bajo el paragüas de la multilateralidad.
Es decir, si lo ordena el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o la OEA.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, el Gobierno del presidente Kirchner ha marcado una ruta hacia la renegociación de los contratos de las empresas privatizadas, muchas de cuyas privatizaciones estuvieron rodeadas de sospechas y enlodadas por supuestas maniobras de corrupción.
Este reclamo de "lucha contra la corrupción" le abre la puerta a empresas norteamericanas que quedaron fuera del proceso de privatización en la década del ´90.
Hasta aquí las líneas generales de la política y de las gestiones administrativas que está desarrollando la actual administración, pero detrás de ellas ha empezado a moverse el tembladeral de las elecciones parlamentarias y de gobiernos provinciales.
Este fue uno de los temas centrales conversado entre Duhalde y Daniel Scioli el último miércoles en el Senado nacional.
Duhalde buscó adrede la fotografía con Scioli empeñado en atestiguar que no objeta absolutamente nada de lo que está haciendo el Presidente. Pero por debajo de lo público "Duhalde está inquieto" por lo que está pasando en el Partido Justicialista.
Advierte el ex presidente que mientras él apoya fuertemente a los candidatos justicialistas ("Ramón Puerta en Misiones gana por paliza", le habría dicho Duhalde a Scioli), Kirchner respalda a figuras que le responden más a él y a sus propios principios que al partido, como el caso de Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires.
Hay otros ejemplos más novedosos, como el caso de Gustavo Gutiérrez, del Partido Conservador de Méndoza, quien iría en un frente acompañado por Arturo Lafalla, ex gobernador peronista de aquella provincia.
Todas estas preocupaciones, seguramente, fueron conversadas al estilo Duhalde-Kirchner, es decir, sin demasiadas vueltas en la lengua, en el viaje que este viernes acaban de realizar juntos a la Quebrada de Humahuaca.
Finalmente, el tema de las extradiciones y de los juicios a los militares que violaron los derechos humanos en la década del 70 "tendrá en breve una resolución que vendrá de la Corte Suprema de Justicia", así lo reveló una alta fuente del Palacio de Justicia, que sigue de cerca este caso, recordando que existe en el tribunal una causa para que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Así debe interpretarse la definición categórica de Kircher en el sentido de que "los militares deben ser juzgados acá".
Si la Corte sostiene que esas leyes no son constitucionales, automáticamente esos militares quedan en manos de la Justicia local y difícilmente se proceda a su extradición.
