Frente a la controversia instalada en torno al tema de los servicios públicos, los contratos de concesión y -más que nada-la cuestión de los aumentos, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación sostenemos que segmentar tarifas puede llegar a ser inequitativo y reclamamos una vez más el llamado a audiencias públicas por ser el mecanismo de mayor transparencia.
La última palabra oficial de esta semana señala que lo único previsto es la renegociación, no así el incremento de tarifas. Pienso que la anunciada segmentación de tarifas en los servicios públicos debería ser analizada más profundamente.
En el pasado mes de julio mantuvimos diálogos puntuales con el Gobierno sobre esta temática, ocasión en la que llegamos a plantear algunas objeciones y a proponer modificaciones a la ley que se giró al Congreso de la Nación para la renegociación de los contratos. Desde entonces nuestra Defensoría no ha tenido más participación en el tema.
La expresión "segmentación de tarifas" está queriendo significar que quienes consuman una determinada cantidad de energía eléctrica o de gas tendrán que pagar en el futuro un poco menos que quienes consuman un poco más de determinado límite que va a fijar el Estado. Esto, manejado así, resultaría inequitativo. ¿Por qué? Porque alguien puede tener una gran casa que utiliza solo los fines de semana y terminará pagando la tarifa social porque su consumo será escaso. En cambio, alguien que no está en condiciones de comprar una garrafa calefaccionará su casa en el invierno y cocinará en base a la energía eléctrica y pasa a tener un alto consumo. Esto es lo inequitativo de la segmentación.
Volvemos a reclamar la convocatoria a audiencias públicas y no para ir a dar discursos. Hemos investigado mucho este tema y averiguamos de qué manera en otros países se establecen con equilibrio los marcos regulatorios en materia de servicios públicos, de manera de proteger a los distintos sectores implicados. Las audiencias públicas servirán para transparentar lo que ha ocurrido en nuestro país desde la privatización de los servicios públicos, revisando las cosas que dieron resultado y estableciendo los incumplimientos en los contratos de concesión.
Es evidente que ha disminuido la calidad en algunas prestaciones, consecuencia de la falta de inversiones en el sector. Pero también es cierto que no todas las privatizaciones han sido iguales y no todas han prestado el servicio de la misma manera o con los mismos niveles de calidad. No se debe generalizar en este tema, porque se terminaría beneficiando a los que no hicieron bien las cosas.
En este proceso de discusión y renegociación hay dos elementos que no se pueden perder de vista para analizar el tema de tarifas: la precarización del empleo y la caída de ingresos que han tenido los asalariados en la crisis y la distorsión en materia impositiva que tienen los servicios.
EDUARDO MONDINO
Defensor del Pueblo de la Nación
