Buenos Aires (Especial para NA, por José Calero) -- Con pronóstico reservado, el gobierno comenzó esta semana en Estados Unidos a recorrer el tramo más duro de la renegociación de una deuda multimillonaria e impagable por 94.300 Millones de dólares, que se encuentra en default.
Al ministro Roberto Lavagna le toca lidiar con acreedores embravecidos contra la propuesta argentina de pretender pagarles sólo el 25 por ciento de los fondos que invirtieron cuando el país era un "festival de bonos".
Ante esa embestida, la administración de Néstor Kirchner busca mostrar un frente de acero cuya premisa central es "ni un paso atrás".
Esa férrea postura encierra, además, un claro mensaje a los acreedores: si no aceptan negociar en estas condiciones les podría ir peor y no cobrar nada, según palabras utilizadas por el propio Kirchner.
Eso explica que Kirchner y Lavagna hayan reiterado en los últimos días la palabra "inamovible" para sobreactuar una posición extrema que, según coinciden la mayoría de los observadores, no podrá sostenerse en el tiempo, porque este juego se llama "negociación".
Es que si el gobierno no lograr arribar a buen puerto en esta crucial negociación, el proceso de reactivación que empezó a recorrer el país podría ser tirado por la borda, ya que se alejaría toda posibilidad de llegada de inversiones al país.
Quizás esa sea una de las razones por las que Lavagna decidió viajar en forma sorpresiva a Estados Unidos, un gesto que puede demostrar buena voluntad del gobierno argentino para acelerar una negociación en serio.
En medio de esta compleja discusión, el gobierno parece estar preparándose para recibir una lluvia de juicios.
Eso explica también las intensas gestiones realizadas por Lavagna en Nueva York, donde tomó contacto con el estudio de abogados de la Argentina: Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton.
Para los hombres de Wall Street, la visita del ministro no sólo apuntó a organizar dos grupos de trabajo -uno a cargo del secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y otro del secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur- para negociar con los acreedores.
La batalla judicial.
También fue el primer indicio de que el gobierno argentino se prepara para una disputa judicial de largo aliento, cuya estrategia de fondo se puede resumir en el siguiente razonamiento:
"Cuanto mayor sea el volumen de acreedores que acepten la renegociación, menores serán las posibilidades de quienes vayan a litigio judicial".
En esta espinosa cuestión, inquietan sí al gobierno los posibles embargos que podrían comenzar a ordenar jueces estadounidenses y europeos contra bienes del Estado argentino en el exterior.
Hasta hace unos días, en el gobierno se aseguraba que esas medidas eran imposibles, porque el país no tenía activos embargables en el exterior.
Pero ahora el discurso parece estar cambiando, ya que se admite que los canales de pago que utiliza el país para honrar sus compromisos serían más "permeables" a estas disposiciones judiciales.
El fallo más apremiante que afronta el gobierno es el del juez neoyorquino Thomas Griesa, quien le dio al fondo de inversión EML el derecho de cobrar 700 millones de dólares.
El magistrado congeló la ejecución del fallo hasta mediados de octubre, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos podría dejarlo firme.
Más allá de especulaciones, lo que está claro es que el paso dado en Estados Unidos es el inicio de un largo proceso: el 20 de octubre, el grupo encabezado por Nielsen prevé emprender una gira de diez días por Francfort, Roma, Londres, Zurich, Nueva York y Boston.
Al mismo tiempo, la gente capitaneada por Madcur recorrerá Tokio, Osaka, San Francisco y Los Angeles.
El objetivo es que a fines de octubre se puedan designar los bancos que liderarán la operación de renegociación de deuda.
AFJP en pie de guerra.
El convulsionado frente externo que afronta el gobierno no hace olvidar la guerra desatada aquí con las AFJP.
En las administradoras sospechan que detrás de la decisión del Estado de devolverles bonos en default a aquellas compañías que no aceptaron la pesificación de sus fondos -todas menos Nación AFJP- se esconde la intención de introducir una reforma del sistema previsional que las perjudicará.
La cuestión central, dicen en el gobierno, son las "exorbitantes" comisiones cobradas por las administradoras, que representan un drenaje constante de fondos para millones de afiliados.
Pero en el gobierno tampoco hay unanimidad de criterio sobre qué hacer con las AFJP: una línea, más radical, promueve volver al sistema de reparto, pero esa no es la posición ni del Ministerio de Economía ni de Trabajo.
La intención es mantener un sistema mixto en el que convivan el reparto y el privado, pero donde el Estado desempeñe un rol clave en la administración y asignación de los fondos.
La gran cantidad de frentes abiertos que tiene el gobierno no oculta una realidad concreta: el país ofreció semejante quita de la deuda porque con los niveles de recaudación que tiene el país y sus perspectivas de crecimiento, le sería imposible afrontar otro tipo de compromiso de mayor exigencia.
Y en este escenario de descreimiento generalizado hacia el país, volver a incumplir compromisos asumidos, significaría un punto de no retorno que llevaría a la Argentina al pelotón que la nueva doctrina norteamericana de la era Bush identifica como "Estados fallidos".
