Buenos Aires, (Especial para NA, por Pepe Eliaschev) -- Del bolsillo venimos y al bolsillo vamos. Como una ritualceremonia que confirma el mal esencial de la Argentina, la caída del jefe de la Policía Federal ratificó la descomunal verdad que ya es imposible ignorar de buena fe.
El país confronta la más grave de sus dificultades en el escenario de la corrupción estructural y devastadora que, más allá de cuestionables dilemas ideológicos, se proyecta como la cuestión central de estas tierras.
Muchos roban mucho en la Argentina. Roberto Eduardo Giacomino era una criatura del maridaje espeso que entreteje el accionar del poder político justicialista con los mandos de la Policía Federal.
Su discurso "duro" y corporativo era la pátina retórica de una rutina que se patentizó en el estallido final. El negocio denunciado por el Gobierno y mediante el cual el comisario general
Giacomino pretendía una jugosa tajada bajo el pretexto de reequipar el sistema informático del hospital Churruca, es verdaderamente paradigmático.
Fotografía una manera habitual de gestionar en abierto perjuicio del interés público. Los negocios de este estilo atraviesan el cotidiano quehacer de este país, en lo público y en lo privado, con o sin uniforme.
La sociedad argentina tiene una pelea acendrada con la ley. Lo correcto es tan poco popular que hasta los jerarcas policiales reclaman tolerancia cómplice para sus cotidianas trasgresiones.
Sin vergüenza por la sordidez de este tipo de reclamos, sostienen que la pureza total no existe y que, en consecuencia, es menester perdonarles sus hábitos oblicuos en ofrenda a consideraciones más elevadas.
¿No fue acaso Giacomino quien, en la oportunidad del entierro de un policía asesinado por delincuentes, pidió que "la gente se deje de ocupar si un policía comió una pizza o si cobró un adicional de más y piense primero en las muertes"?
El problema que ocultaba Giacomino en su pequeña y poderosa perla es que no importaba la pizza comida por el policía sino la pizza no pagada por ese hombre a quien la vende para vivir.
En la teoría de que las pequeñas "travesuras" son excusables porque permitirían encarar las grandes hazañas, la sociedad argentina se hizo casi totalmente insensible a los requisitos de transparencia sin los cuales el interés general es agredido de modo irreversible.
Giacomino es el segundo jerarca policial del rango más alto que es echado por negocios ilegales. Lo precedió Alberto Sobrado, echado en La Plata hace 60 días cuando el gobernador bonaerense Felipe Solá supo que una revista estaba por divulgar una enorme remesa de dólares del jerarca uniformado a un santuario del lavado bancario en el Caribe.
Hasta ahora el debate sobre cómo combatir al delito está planteado en una perspectiva confusa y engañosa, en cuyo interior se encubre la verdad. Si los mandos de las fuerzas de prevención y seguridad son moralmente indefendibles, la criminalidad es incurable.
Pero, además, lo que ha sucedido con Giacomino reviste una gravedad ulterior, toda vez que históricamente la Federal pretendió siempre diferenciarse de la Bonaerense en términos sociales, culturales y profesionales.
El negocio de los 2 millones de pesos que el caído jefe federal tramó y terminó llevándolo a la ruina exhibe desnudamente la similitud de los predicamentos de ambas fuerzas: al margen de los evangelios garantistas y represores, sencillamente, se trata de piezas de un viejo mecanismo consagrado a las más variadas especialidades del latrocinio.
La ocasión representó una oportunidad impecable para el Presidente. Néstor Kirchner decapitó a la Federal la noche del jueves 2 de octubre y envió de ese modo un mensaje masivo a toda la sociedad, mucho más elocuente y funcional que las campañas publicitarias y las acciones promocionales con fuerte manipulación mediática.
Hay que admitir que el despido del jefe policial forma parte de un ciclo caracterizado por la convergencia de apetencias civiles por mucha mayor honradez en los asuntos públicos con el accionar de un gobierno que en 130 días derrumbó certeramente a varios exponentes personalizados de un sistema de gestión imposible.
Desde la Corte Suprema de Justicia al PAMI, pasando por el Ejército y la Policía, es evidente que la tolerancia para con los desmadres del pasado remoto y reciente se ha reducido hoy al mínimo.
Quizás haya que entender que el Presidente no propone sino erradicar los aspectos más insoportables de una moral repugnante. Parecería módico, pero es una enorme tarea.
Sus efluvios "setentistas" a veces desorientan a quienes, agarrotado de pánico, ven en esos procedimientos una apenas maquillada intención de refundar a la Argentina desde la izquierda.
En una óptica simétricamente opuesta a la que ve en Kirchner a un adversario del sistema, los más recalcitrantes solo perciben en cambio pura espuma sin sustancia, una gestión enderezada a golpear la mesa para terminar negociando lo indecible.
Pero es el presente el que ha estallado: el problema central y absorbente de la Argentina es su inviabilidad si pretende seguir operando desde la impunidad y la grosera chabacanería administrativa.
El camino que recorre el Gobierno tiene, además, una valencia progresiva de incalculable proyección: sus actos serán medidos con el mismo patrón impuesto a la implacabilidad con que el Presidente censura los actos impropios.
Éste es el punto de partida de un auténtico círculo virtuoso: sus alcances modernizadores aumentan de manera geométrica y reducen simultáneamente el espacio para las propias incorrecciones.
La sociedad, así, se enriquece con el ímpetu autosostenido de una nueva moral pública, ámbito objetivo cada vez más independiente de los controles políticos.
Y si el lector imagina que este columnista se ha precipitado en un tremendo delirio de fantasías optimistas, sería oportuno precisar mis advertencias y ejercer mis cautelas.
Durante demasiado tiempo, la Argentina ha vivido atada a criterios de alevosa arbitrariedad.
La discrecionalidad con que variados poderes (desde el corporativo empresario hasta el blindado militar, incluyendo el modo de gestionar de los funcionarios políticos) se han manejado, sugiere que esas estructuras no se disuelven de modo inmediato.
Aguardan el resultado, tradicionalmente inexorable, del poder esmerilador de la corrupción estructural, con su probada sabiduría y sus lubricados métodos. No hay, pues, soluciones mágicas y la moralidad promedio de la Argentina no va a mejorar drásticamente y para siempre en un abrir y cerrar de ojos. Pero los pueblos pueden vivir transformaciones fundacionales que los hagan crecer más allá de sus propias expectativas.
La Argentina está a punto de ingresar, dificultosamente, en un escalón superior en su modo de ver y manejar la vida cotidiana.
El Gobierno deberá afrontar ahora el severo examen que este esfuerzo de transparencia conlleva: tanto en sus pujas con las concesionarias de los servicios públicos como en sus pulseadas con los gobiernos provinciales, del mismo modo que en las transacciones con las organizaciones piqueteras como en sus cabildeos con sectores de poder eternamente incrustados en la doctrina de la picardía estructural, lo que viene será más exigente y arduo.
En este tramo, el Dr. Kirchner tendrá que articular sus previsibles necesidades políticas con los conceptos éticos que viene desgranando, algo que supone inexorablemente acuerdos y guiños razonables en un estrecho andarivel de demandas e intransigencias.
El 20 de agosto de 2002 el comisario Giacomino aseguró que "la gente está cansada de sufrir la violencia, de sentir miedo, de justificaciones y palabras vacías".
También dijo, proféticamente, que "nadie puede estar seguro en una sociedad de distraídos".
Trece meses después, y precisamente porque hubo funcionarios que finalmente dejaron de pertenecer a una sociedad de distraídos, el jerarca policial se quedó sin su cargo y ahora será investigado.
A veces cuesta creerlo en esta tierra de fatalismos autodestructivos, pero es también misión del periodista tomar nota de cada amanecer.
